José M. Corrales afirma que sobre el PGO tiene mucha confianza en los funcionarios del Ayuntamiento y muy poca en los políticos

 El concejal de XTF señala que es un escándalo que el Gerente de Urbanismo gestione el tramo final del PGO después de sus actuaciones e imputaciones judiciales

 El portavoz de XTF- Por Tenerife - Izquierda Unida  José Manuel Corrales afirma que en relación al Plan General de Ordenación de Santa Cruz tiene mucha confianza en los funcionarios del Ayuntamiento y lamentablemente muy poca o ninguna en los políticos.

 El concejal de XTF señala que está absolutamente seguro que los Técnicos  de la Gerencia de Urbanismo, los funcionarios y asesores jurídicos municipales, y el Secretario General del Ayuntamiento están y van a seguir realizando su trabajo con total profesionalidad, dedicación y objetividad. José Manuel Corrales afirma con total contundencia “nunca cuestionaré su trabajo, porque soy como ellos funcionario y creo al igual que ellos en la independencia necesaria de los servidores públicos”.

 José Manuel Corrales reitera que nunca ha dudado de los funcionarios municipales, en los que tiene depositada plena confianza, pero que por el contrario si alberga serias dudas de los políticos, que en el caso del PGO no están defendiendo el interés general del municipio y están presionando de forma muy poco decorosa para cumplir sus propósitos.

 XTF considera un disparate la versión del concejal de Política Territorial de Santa Cruz, José Ángel Martín, y de la edil del PP Ana Zurita que señalan que la caducidad o no del Plan General la debe dilucidar la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Resulta grotesca esta afirmación cuando han estado señalando durante meses que harían caso de los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento en los que se tendría que clarificar la caducidad del Plan y la suspensión de ámbitos. José M. Corrales señala que “ahora resulta que el Ayuntamiento no se debe pronunciar sino la COTMAC, pues eso suena a monumental tomadura de pelo”.

 XTF- Por Tenerife afirma que el gobierno municipal de CC-PSOE debe cesar inmediatamente al actual Gerente de Urbanismo que es el máximo cargo político junto al concejal en materia urbanística, que ya detento esta responsabilidad en la anterior etapa con Miguel Zerolo y que es responsable del desaguisado de un PGO en Santa Cruz que ha tardado 10 años en ser tramitado.

 Los concejales en el ayuntamiento de Santa Cruz del grupo municipal socialista José Ángel Martín y Marián Franquet ya ofrecieron una rueda de prensa el 5 de marzo de 2010 en la que pedían la dimisión del Gerente de Urbanismo, y en donde señalaron que las facturas aportadas por Luz Reverón y Eduardo Risueño, concejal y gerente de Urbanismo respectivamente, para justificar los pagos de caja fija en un viaje a Madrid contemplan numerosas facturas y cantidades en conceptos de almuerzos , cenas de trabajo, “videos para adultos” y listas de la compra pagadas con dinero de la Gerencia. Los concejales socialistas reconocieron que no se trata de cantidades sustanciales en relación con el presupuesto de Urbanismo, pero incidieron en que manifiesta la “forma que tienen en Urbanismo de utilizar el dinero público”.

 El concejal de XTF señala que además el Gerente aparece según diversas informaciones como una de las figuras relacionadas en la denuncia del Ministerio Fiscal y se convierte así en uno de los principales responsables políticos (además de los anteriores concejales de Urbanismo) por acción o por omisión en los 11 casos de presunto trato de favor que puede contener el PGO de Santa Cruz de Tenerife, tal y como se plasman en dicha denuncia.

 También según informaciones de la acusación particular el actual Gerente aparece imputado por la Fiscalía anticorrupción por presionar a funcionaria pública en el caso parque marítimo, relativo a las fiestas ilegales.

 José Manuel Corrales pregunta al gobierno municipal de CC-PSOE que sabe de estas causas penales, y específicamente de la causa general contra el Plan General de Ordenación, que anularía cualquier posibilidad de sacarlo adelante, si no se quiere profundizar aún más en las irregularidades detectadas y en las responsabilidades políticas contraídas.

 Según diferentes informaciones periodísticas la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra el Plan General de Ordenación (PGO) apunta a la posible comisión de los supuestos delitos de falsificación de documento público, contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias.

 La denuncia suma 122 folios a lo largo de los cuales se hace un pormenorizado y muy contundente repaso de los hechos ocurridos en la tramitación del PGO. Fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que aparecen reflejadas en estas informaciones indicaron que la denuncia supone de hecho la anulación del PGO puesto que una vez que han trascendido las sospechas sobre su contenido, muy difícilmente se podrá proceder a su aprobación a no ser que se quiera incurrir en una ilegalidad.