Denuncia de Izquierda Unida Canaria ante el agravamiento de la situación de pobreza severa
Mientras uno de cada tres canarios está en exclusión social o en riesgo de caer en ella, la pobreza severa se incrementa generando en Canarias más de 58.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos.
Denuncia de Izquierda Unida Canaria ante el agravamiento de la situación de pobreza severa
Mientras uno de cada tres canarios está en exclusión social o en riesgo de caer en ella, la pobreza severa se incrementa generando en Canarias más de 58.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. Las anomalías en la prestación de la PCI son cotidianas y generan vulneración del derecho a la misma ya que la cobra una de cada seis personas con derecho, y los retrasos en su adjudicación como en su renovación son habituales, generan un exceso de burocracia injustificada y agotan a las personas demandantes de este derecho. IUC denuncia que esto sucede porque el Gobierno de Canarias no destina los recursos necesarios para estas prestaciones y porque hacen falta más profesionales que atiendan a las personas empobrecidas que demandan dichas ayudas.
La ausencia de ingresos unido a la carencia de prestaciones sociales para hacer frente a las necesidades vitales, conllevan que cada día hayan más familias que no pueden pagar la luz, el agua, el alquiler, la comunidad, una alimentación mínima, los medicamentos prescritos, etc. y se hacen más dependientes del entorno familiar y social gracias a los cuales se logran paliar las necesidades más acuciantes, pero a costa del empobreciendo del entorno y la generación de nuevas formas de pobreza.
Izquierda Unida Canaria denuncia que ante el panorama de empobrecimiento progresivo de la mayoría de la población, las instituciones en vez de atender el derecho de las personas, las deriven a pedir caridad a ONGs, en actos que terminan humillando a las mismas, perpetuando la pobreza y generando distintos grados de dependencias de organizaciones que promueven la caridad.
Para la organización de izquierda, el drama de las familias en situación de extrema pobreza se agrava, porque para cubrir sus necesidades vitales tienen que moverse. Necesitan utilizar el transporte público para gestionar sus ayudas sociales, para recoger alimentos, para asistir a centros sanitarios, para buscar trabajo, para atender los requerimientos y burocracia institucional, para gestionar cortes de agua y de luz. Muchos jóvenes de familias empobrecidas estudian fuera del barrio periféricos donde se concentra la pobreza y necesitan también utilizar el transporte público.
IUC denuncia la falta de sensibilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria ante esta realidad y reivindica la necesidad de que el Cabildo emita un bono social para garantizar el transporte gratuito a todas las personas en situación de pobreza severa que lo necesiten. Tal reivindicación la justifica IUC porque el Cabildo es responsable del transporte interurbano insular y la empresa privada gestiona este transporte ha sido financiada, en el periodo 2013 – 2016, con 73 millones de euros de dinero público sin contrapartidas sociales.
También IUC reivindica que el Cabildo Insular de Gran Canaria incremente el número de profesionales para que las ayudas sociales procedentes de esta institución las gestionen trabajadores sociales, evitando las anomalías y la falta de control que se está dando en la gestión de ayudas públicas tramitadas por organizaciones caritativas y voluntaristas.
Por último IUC reivindica de las instituciones públicas canarias, el derecho de todas las personas a recibir una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas y el derecho a poder desplazarse para gestionar las necesidades de la vida y las exigencias institucionales.