El Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas pide que el dinero que se descuente de la nómina los trabajadores por la huelga se destine a los Servicios Sociales

 El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas remitió recientemente al Parlamento de Canarias una solicitud para que sus grupos políticos aprueben una iniciativa parlamentaria en la que se pida al Gobierno de Canarias que las retribuciones de los profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, y que libremente realicen huelga este 29 de marzo, sean reinvertidas en proyectos de intervención social.

 Consideramos que la actual situación socioeconómica del archipiélago con unos índices de paro y de pobreza que están entre los más altos del estado, y un recorte considerable de los presupuestos públicos de las áreas sociales, requiere de una respuesta de las administraciones públicas con los más débiles. Por ello creemos que sería muy positivo que el dinero que se quite de la nómina de los trabajadores de las áreas sociales que decidan secundar la huelga general del próximo 29 de marzo debería destinarse a los Servicios Sociales. Nuestro colegio profesional se suma de esta forma a las propuestas que en este sentido se están produciendo en otras comunidades autónomas como Extremadura, donde el Colegio de Trabajadores Sociales de Badajoz remitió una iniciativa igual a la Asamblea de Extremadura.

 La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas acordó también cerrar las instalaciones del Colegio en apoyo a la Convocatoria de Huelga General contra la Reforma Laboral el próximo 29 de marzo. Queremos animar al colectivo profesional a que ejerza el derecho a la huelga y participe activamente en las acciones que de forma unitaria, por primera vez en Canarias, han organizado todos los sindicatos de las islas, con el apoyo de organizaciones y colectivos sociales.

 Desde el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales consideramos que la reforma laboral aprobada por el gobierno español, sin diálogo social, supone un duro ataque a los derechos laborales que se habían conquistado tras muchos años de lucha. La reforma forma parte de un proyecto económico global que pretende desmantelar el Estado de Bienestar y privatizar los Servicios Sociales. Frente a los mensajes promueven el miedo entre los asalariados, creemos que conviene recordar que la huelga es un derecho recogido en la constitución y una forma de expresar el rechazo a medidas políticas que no obedecen a los intereses de la mayoría de la población.