El Gobierno canario tendrá que mejorar en la Ley de Dependencia tras aprobar el Parlamento una PNL de Nueva Canarias

 Carmen Hernández recuerda que hay 17.526 dependientes esperando por la prestación a la que tienen derecho y señala que los recortes del Partido Popular ponen en riesgo que puedan recibirla

 Después de que el pleno del Parlamento haya aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Nueva Canarias, y defendida por Carmen Hernández, el Gobierno de Canarias tendrá que poner en marcha las medidas necesarias para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias y bajar la media de resolución de expedientes que, según información de la propia Consejería de Política Social, es de 570 días (19 meses), muy alejada de la media estipulada de 180 días( 19 meses), éste es el objetivo de la PNL.

 La diputada de Nueva Canarias expone que la iniciativa insta al Gobierno autonómico a revisar y mejorar el desarrollo de esta ley porque los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención para la Dependencia (SAAD) del IMSERSO, así como los datos de la propia Viceconsejería de Política Social a fecha de 1 de marzo de 2012, constatan que hay 31.872 expedientes sin resolver, de los cuales 17.526 forman parte de la lista de espera, “de personas que teniendo un derecho reconocido, no lo reciben”.

 En segundo lugar la PNL solicita al Gobierno de Canarias que introduzca las mejoras necesarias en la gestión por parte de la Consejería para que se cumpla el plazo de 6 meses (180 días) establecido por el Gobierno central o que se acorte significativamente la media de 19 meses (570 días) que se da en Canarias para la resolución de un expediente.

 Carmen Hernández apunta que el Gobierno de Canarias debe poner en marcha una tercera medida y es la descentralización hacia las corporaciones locales, de manera que se pueda contar con las unidades de evaluación de los servicios especializados del Cabildo, así como las unidades de servicios sociales de los municipios, con el fin de agilizar la tramitación de los programas de atención individual.

 Problema de gestión

La diputada de Nueva Canarias reconoce el inconveniente que supone que el Archipiélago contase con un sistema anterior a la Ley de Dependencia, el que se desarrolla a través de los planes sociosanitarios de atención a los mayores y dependientes, y que coexiste con la ley estatal. Sin embargo instó a que estos sistemas se fusionen “de manera urgente para que los dependientes canarios que están efectivamente atendidos puedan computar en el sistema estatal y así Canarias no esté a la cola en este parámetro”.

 Aunque no dejó de recordarle a la consejera de Política Social que la media de resolución de un expediente en Canarias está en 570 días (19 meses) y que no es achacable a la convivencia de los dos sistemas, sino a un déficit de gestión por parte del Gobierno de Canarias que hay que resolver “con nuestros propios recursos” porque estos retrasos “tienen consecuencias graves para los dependientes y las familias”.

 Peor futuro

Carmen Hernández apunta también a los recortes que realiza el Partido Popular para asegurar que la situación de los más vulnerables va a empeorar porque estas políticas son un ataque frontal a esta población, especialmente en Canarias donde recuerda que existe una tasa de paro del 31%, más de 100.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación y más de un tercio de la población está en situación de exclusión social y pobreza.

 El plan concertado de las prestaciones básicas sufre un “recorte brutal” al pasar de 90 millones de euros, que ya eran irrisorios, a 50 millones, “un plan esencial que está dirigido a las familias, a los menores, a la ayuda a domicilio y a las personas sin hogar”. A lo que hay que sumar los 283 millones de euros menos del Nivel Acordado en el Sistema de Atención a la Dependencia (segundo nivel de protección), del que a Canarias corresponden casi 8 millones de euros.

 “Estos recortes van a tener consecuencias porque van a incrementar el déficit en la financiación canaria, se van a acentuar más las dificultades” para que Canarias atienda a las casi 20.000 personas que tienen el derecho reconocido y no han empezado aún a recibir su prestación y prácticamente puede provocar que sea imposible la atención en algunos casos. Por ello expresa el rechazo de su formación a unas políticas de recorte impuestas por Europa que esconden el objetivo de “desmantelar los servicios públicos y abrir la puerta al suculento negocio de la privatización”. En este punto señala que “los políticos no están para contentar a los mercados ni para seguir las directrices marcadas por la oligarquía financiera sino para hacer que los conciudadanos vivan en mejores condiciones, para mantener el estado del bienestar”, algo que recordó al Pleno de la Cámara.