La empresa Santacrucera de Aguas, de Sacyr, ocupa sin pagar y sin contrato varios locales de la depuradora

Arcila dice que esta situación beneficia irregularmente a la multinacional

Pedro Fernández Arcila, concejal electo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha denunciado que la empresa Santacrucera de Aguas, S. A. está ocupando de manera anómala varias oficinas, locales, garajes y talleres en las instalaciones de la depuradora de titularidad municipal del barrio de Buenos Aires. Esta empresa, que pertenece a la multinacional Sacyr-Vallehermoso, no paga por esta ocupación ni existe contrato alguno para usar esos espacios, con lo que la multinacional matriz está obteniendo un beneficio que no le corresponde.

Ante esta situación, el edil ha remitido un escrito al Ayuntamiento en el que solicita información, con entrega de copia, sobre si esta empresa está abonando renta alguna por la utilización de los citados locales. En el supuesto de que esté ocupando estos bienes sin título de arrendamiento, como sostiene Sí se puede, Arcila pide que se le informe detalladamente de las acciones que ha emprendido el Consistorio para exigir responsabilidades por esta anómala situación.

Santacrucera de Aguas realiza funciones de mantenimiento de alcantarillado y forma parte esencial en el negocio de Sacyr-Vallehermoso, que se resume, como ha venido denunciado la organización ecosocialista en los últimos años, en beneficios para las empresas subcontratadas del grupo Sacyr –como Santacrucera de Aguas– con pérdidas cada vez mayores para la sociedad de aguas de Santa Cruz, Emmasa, que está siendo descapitalizada por la multinacional con estas prácticas, denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por Sí se puede.

La jueza ordena una auditoría

Precisamente como consecuencia de esta denuncia, presentada en junio del año pasado por Sí se puede contra Sacyr-Vallehermoso por un presunto delito societario, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife ordenó hace dos semanas una auditoría de las cuentas de Emmasa, “al objeto de determinar el perjuicio real sufrido” por esta sociedad en manos de la multinacional.