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jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

España, enferma de corrupción - OCC

 

occ observatorio contra corrupción

Se ha conocido a través de varios medios de comunicación que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, firmó un decreto en el que reconoce que no podía cambiar a los dos fiscales del caso “Lezo”. Pretendió también impedir registros y que no se considerara a los detenidos “grupo organizado” en contra del criterio de los fiscales actuantes.

España, enferma de corrupción - OCC

Hoy se ha conocido a través de varios medios de comunicación que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, firmó un decreto en el que reconoce que no podía cambiar a los dos fiscales del caso “Lezo”. Pretendió también impedir registros y que no se considerara a los detenidos “grupo organizado” en contra del criterio de los fiscales actuantes.

Por filtraciones del sumario se ha conocido que Ignacio González, otros políticos, exmiembros del Consejo General del Poder Judicial y otras personas, desde meses antes de su nombramiento, ya planteaban la conveniencia de que el nombrado como jefe Anticorrupción fuera Manuel Moix. Un medio de comunicación ha difundido asuntos (al menos tres) denunciados en la fiscalía de Madrid contra decisiones políticas con componente económico de Ignacio González, que siendo fiscal jefe responsable en dicho ámbito territorial Manuel Moix, fueron directamente archivados sin hacerse ni una sola diligencia, que muy probablemente habrían dejado al descubierto, hace diez años, el uso corrupto de las instituciones llevadas a cabo por políticos del PP en la Comunidad de Madrid.

No se ha explicado la razón del cese de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que hay quienes centran en su negativa a dejarse imponer al fiscal Manuel Moix, siendo el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nombrado para llevar a cabo dicho nombramiento. En nuestra opinión el actual fiscal general del Estado también está bajo la sospecha de permitir  injerencias  políticas en la fiscalía a favor de la protección a los corruptos.

El ministro de Justicia ha justificado su respuesta por mensaje telefónico al encarcelado  Ignacio González aludiendo a la situación política del Gobierno, cuando ya hacía meses que Ignacio González no ocupaba ningún cargo político y seguía imputado por el caso del ático de Estepona. De otra parte, los comentarios interceptados de Ignacio González con Enrique Cerezo y otras personas evidencian que se estaba presionando al ministro de Justicia para tratar de impedir el ejercicio de la acción  popular en los procedimientos judiciales. Declaraciones públicas del Ministro de Justicia posteriores en tal sentido señalan que las presiones de los corruptos y su entorno parecen haber dado frutos.

En vista de lo anterior, desde el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (Organización Contra Corruptos y Canallas según algunos simpatizantes) consideramos que el fiscal Moix debe ser cesado de inmediato por el Gobierno; que los partidos políticos que quieran acabar con la corrupción deben declararse en situación de emergencia y exigir el relevo del actual fiscal general del Estado. En la actual situación sería procedente exigir el nombramiento de un ministro de Justicia independiente, consensuado entre todos, porque en esta situación España y sus instituciones están actuando y permitiendo actuar a personas sospechosas de estar en complicidad con corruptos.

LA JUNTA DIRECTIVA

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