España mantiene en el 4% la cuota de atún rojo para la flota pesquera canaria (ANC)

El atún rojo es un recurso prohibido para los pescadores artesanales canarios. El Estado Español una vez más se niega a incrementar la cuota que nuestra flota puede pescar sin ninguna causa medioambiental o lógica que se precie de por medio. Canarias en 2016 tuvo permiso por parte del Estado Español para la pesca de unas 140 toneladas, lo que supone una cuota de 4% a nivel estatal, a pesar de que este atún pasa por las aguas que serían canarias de tener soberanía. 

El próximo año la cuota previsiblemente se aumentará hasta el 20% a nivel estatal, no obstante, la cuota para Canarias se mantendrá intacta, viéndose únicamente incrementada en 28 toneladas.  Esta cifra insignificante ha desencadenado la protesta de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias, que lleva años exigiendo un trato igualitario.

Todo esto no es nuevo, ya en 2012 varias ONG denunciaban esto, entre ellas Ecologistas en Acción, donde incluso resaltan que el factor medioambiental nada tenía que ver poniendo en valor lo siguiente “A pesar de la tradición histórica de la pesquería y de la sostenibilidad del método de captura empleado, a Canarias sólo le corresponde una pequeña parte de cuota reservada para aquellas flotas que capturen patudos “accidentalmente”.”

Desde ANC creemos que el Estado Español es injusto en el reparto de cuota de un recurso que recordamos se encuentra en aguas canarias, y su decisión pone de manifiesto el choque de intereses que se da entre el sector pesquero canario y el español, donde se elige siempre privilegiar al segundo. Una política que afecta directamente a las aspiraciones de soberanía alimentaria de las islas y a la diversificación económica de la que tantos años se lleva hablando, pero que a la hora de la verdad no se defiende en la práctica, uno de los motivos de que haya aumentado nuestra dependencia alimentaria y que el paro continúe en niveles de países subdesarrollados. 

El gobierno “nacionalista” de nuestro país, ya sea por omisión o por colaboración, se ha dedicado a favorecer la importación de productos alimentarios y a mantener bajo control a las asociaciones primarias mediante prebendas. Recordemos lo ocurrido con las bodegas insulares de Tenerife y su importación de vino, o quizás el más doloroso y actual de permitir la venta de papas importadas cuando aún no se han vendido las del país. Hace mucho tiempo que la agricultura y pesca de nuestro país no es una prioridad para el gobierno, cuya verdadera prioridad reside en el ladrillo y la especulación (Ley del Suelo), perpetuando el nefasto sistema que ha colmado este cada vez menos paraíso natural en una tierra de miseria para mucha gente.