Un juzgado desestima el recurso de los mandos de la Policía Canaria que acusaban a dos de sus agentes de haber filtrado información sobre la ‘operación ladrillo’ y los condena, junto a la Comunidad Autónoma de Canarias, a pagar las costas procesales

 El juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en una sentencia de 19 páginas, vuelve a desestimar el recurso de los mandos de la Policía Canaria, el subinspector Carmelo Martín y el Inspector Rafael Mesa, contra dos agentes del cuerpo a los que acusaban de revelación de secretos a raíz de una conversación telefónica entre ambos, con terminales intervenidos, en relación a la ‘operación ladrillo’.

 La defensa de los mandos aseguraba que los agentes revelaron datos en esa conversación que pasaron a manos de la prensa o se filtraron al levantarse el secreto de sumario. Pero éstos siempre sostuvieron que desconocían que sus teléfonos estuvieran pinchados, pues la conversación se produjo antes de que les llamaran a declarar.

 Ahora, a sentencia deja claro que la investigación “no arroja indicios racionales de criminalidad” y que, al margen de eso, “tampoco puede considerarse que la información publicada en los medios afecte al núcleo duro amparado por el secreto de sumario”, basándose además en una ingente cantidad de jurisprudencia que va desde el Tribunal Constitucional a disposiciones del Parlamento Europeo.

 Además, al desestimarse el recurso de apelación, la sentencia impone al apelante las costas procesales, tanto a los mandos mencionados como a la Comunidad Autónoma de Canarias.

 A este respecto, co.bas, quiere manifestar en primer lugar, que se desmonta así la versión sobre el complot de los agentes contra los mandos, que éstos venían sosteniendo al hablar incluso de “persecución sindical” y se demuestra que, más bien al contrario –como ya denunció el sindicato por vía penal incluso- es la cadena de mando la que viene infringiendo un trato vejatorio a la práctica totalidad de la Unidad de Seguridad Ciudadana, desde que en febrero de 2013 sus miembros intervinieran en la denuncia de esa ‘operación ladrillo’, cuando su único delito fue defender sus derechos y denunciar lo que entendieron como prácticas irregulares.

Un posible delito continuado contra la integridad moral de las personas, según se recogía en la demanda interpuesta por co.bas, que a día de hoy, se sigue produciendo.

Además, el sindicato quiere destacar el hecho de que la condena a la Comunidad Autónoma a pagar las costas procesales significa, en definitiva, que será la ciudadanía canaria la que haga frente con sus impuestos, lo cual, en el momento actual, tiene doble delito por parte de la Administración.