MANIFIESTO de la Plataforma del Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratutito "Nosotras Decidimos", con motivo del Día Internacional para la Despenalización del Aborto 2016.

El próximo miércoles 28 de septiembre de 2016 se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, un año más en la lucha por la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, su maternidad y su vida, en defensa del derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

El derecho al aborto libre significa que ninguna mujer puede ser forzada a una maternidad no deseada, ni a que se le cuestione su decisión de interrumpir un embarazo. El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres como personas moralmente autónomas, responsables, y libres.

La lucha por la despenalización del aborto, como parte de los derechos sexuales y reproductivos, sigue siendo una necesidad de absoluta prioridad, tanto para los países donde no existe ese derecho, como en aquellos donde el aborto está despenalizado pero las restricciones son enormes, o donde el acceso a una educación afectiva y sexual integral  para toda la población, la disponibilidad de servicios de anticoncepción  y la eliminación de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres son todavía un deseo no alcanzado.

Hace ya 6 años, en marzo de 2010, fruto de décadas de lucha, se promulgó en el Estado Español la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que aún con sus limitaciones, fue un relativo avance en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, pues concretaba las responsabilidades de los poderes públicos a la hora del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la educación y atención sexual y reproductiva.

Esta ley debería haber supuesto mejoras a la hora de garantizar estos derechos sexuales y reproductivos,  sin embargo, tras seis años de vigencia, la realidad muestra la enorme distancia que existe entre los derechos reconocidos en el texto legal y su puesta en práctica por parte del Gobierno Estatal y del Gobierno de Canarias.

Han sido seis años de lucha sostenida, en los que hemos reclamado que se subsanen las múltiples deficiencias de la Ley y que se hagan efectivos los derechos reconocidos en la misma, sin que las Administraciones competentes hayan habilitado hasta ahora los recursos necesarios y suficientes para ello.

Por el contrario, el Partido Popular aprobó en septiembre de 2015 una modificación restrictiva de la Ley, que impide a las mujeres de 16 y 17 años acceder al aborto si no cuentan con el permiso expreso de quien ostente su patria potestad o tutela legal. Denunciamos que esta reforma es tremendamente injusta, clasista y peligrosa, pues deja en situación de desprotección precisamente a las que necesitan más garantías para ejercer su derecho, vulnerando su libertad, autonomía, dignidad y salud, y condenándolas, ante un embarazo no deseado, a ser madres a la fuerza, o a enfrentarse a un aborto clandestino e inseguro, con el consiguiente riesgo para su salud y para su vida.

El derecho a decidir, como parte de los derechos humanos, se hace efectivo cuando las mujeres tenemos posibilidades reales de poner en práctica las decisiones que adoptamos. Implica que el Estado tiene una obligación: la de garantizar, mediante los recursos y servicios necesarios, la universalidad de ese derecho; es decir, que cualquier mujer pueda decidir si seguir adelante o no con un embarazo en condiciones adecuadas, sin peligros para su salud, sin angustias, vergüenzas,  ni sufrimientos, sin ser insultadas, perseguidas, estigmatizadas…

Y también supone la puesta en marcha  de una educación afectivo sexual integral, basada en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que promueva que las personas se formen para vivir satisfactoriamente su sexualidad, sin riesgos, que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación, en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad. Y el acceso a las medidas de prevención, tanto a los métodos anticonceptivos como a los servicios de atención afectiva y sexual, hoy inexistentes.

Pero la realidad ha sido que, junto a un importante retroceso en las políticas de salud sexual y reproductiva a nivel estatal, la Administración canaria está incumpliendo la Ley de la I.V.E. y de Salud sexual y Reproductiva,  no queriendo hacerse eco de la vigencia de la misma, sino para decir que está en contra de que se suprima, pero las políticas en materia de educación y atención a la sexualidad han sido prácticamente inexistentes o simplemente erráticas. La realidad es que no se ha mejorado la implementación de la Ley en relación a la i.v.e., ni se están desarrollando medidas educativas y asistenciales, desde una perspectiva integral, para preparar a la población para que asuma de forma satisfactoria y responsable el hecho de ser sexuado, para que puedan decidir sobre sus sexualidades, sobre sus cuerpos, sobre sus maternidades/paternidades, sobre sus vidas. No ha existido la más mínima voluntad política de desarrollarla. Tras aprobarse una PNL en el Parlamento Canario en febrero de 2014, en la que en su punto 5 “Insta al Gobierno de Canarias a que se implementen políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, asegurando la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de acceso”, se aprueba la Ley Canaria de Educación y no incorpora en su texto la Educación Afectivo Sexual. 

Este 28 de septiembre de 2016 nos afirmamos en el derecho a una sexualidad placentera, al aborto libre, a la maternidad elegida, a una vida deseada, digna y saludable, a nuestra autonomía y nuestra libertad. Este 28 de septiembre de 2016 exigimos que, en derechos sexuales y reproductivos, NI UN PASO ATRÁS. Por ello:

1º) Rechazamos la reforma restrictiva de la vigente Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, por considerar que vulnera derechos fundamentales de las mujeres jóvenes.

2º) Exigimos al Gobierno español el desarrollo y ampliación de los derechos reconocidos en la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para que se garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, incorporando:

• La despenalización del aborto voluntario, pasando a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad.

• El derecho de todas las mujeres a decidir, incluyendo las jóvenes, las migrantes, las que no disponen de tarjeta sanitaria y  las mujeres víctimas de violencia de género, hoy desprotegidas.
• La garantía de la práctica de las IVE en el sistema sanitario público, de forma que se garantice el carácter universal de esta prestación, con equidad territorial, y se normalice como prestación sanitaria para toda mujer que decida interrumpir su embarazo, independientemente de su origen y su situación legal, sin condicionamientos ni obstáculos por la valoración de terceras personas.
• La regulación de la objeción de conciencia de las y los profesionales, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública.

3º) Instamos al Gobierno de Canarias a que se comprometa, dentro de sus competencias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red sanitaria pública, en los términos requeridos al gobierno español.

4º) Reclamamos al Gobierno Español y al Gobierno Canario, así como a los gobiernos insulares y municipales, que se implementen políticas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, asegurando la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de acceso.

Desde la Plataforma por un Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a rechazar los ataques sistemáticos a los derechos sexuales y reproductivos por parte de los estamentos religiosos, políticos y sociales más reaccionarios, y un llamamiento a defender y profundizar en los avances que hemos conquistado y que nos pertenecen por derecho.

¡Educación Afectivo Sexual YA!   Mayores o Menores ¡Las Mujeres Deciden!

¡La Sociedad respeta, el Estado garantiza, las Iglesias no intervienen!