Rodríguez y Campos afirman que, si el Gobierno de CC y PSOE tiene la voluntad real de consensuar, el anteproyecto sufrirá importantes modificaciones

Loa diputados de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez y Luis Campos aseguraron hoy que la iniciativa de CC de llevar a los redactores del anteproyecto de ley del suelo del presidente, Fernando Clavijo, al Parlamento, es "extemporánea". Los parlamentarios nacionalistas indicaron que, si el Ejecutivo de CC y PSOE tiene la "voluntad real de consensuar", el texto sufrirá "importantes modificaciones" por las alegaciones ciudadanas, de los organismos sociales e institucionales y el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias (CCC). Rodríguez avanzó que NC propondrá la comparecencia de técnicos especialistas alternativos cuando el Ejecutivo remita su proyecto de ley al Parlamento para su tramitación y aprobación final.

La comparecencia hoy en comisión parlamentaria de los redactores del anteproyecto de ley "no parece oportuna," según el portavoz adjunto, Luis Campos, porque el referido texto legislativo está en fase de exposición pública para que los ciudadanos, los organismos sociales e institucionales, como el Cabildo de Gran Canaria, hagan sus propuestas a través de las alegaciones presentadas.

"Si Clavijo tiene la voluntad real de consensuar," el anteproyecto sufrirá "importantes cambios" antes de que el Consejo de Gobierno apruebe definitivamente el proyecto de ley para su remisión al Legislativo, según el portavoz parlamentario, Román Rodríguez. "Aunque agradecemos la exposición de los técnicos, no ha sido el momento adecuado salvo que Clavijo pretenda ignorar las alegaciones y los informes preceptivos" recabados en esta fase, avisó Campos.

Nueva Canarias, según anunciaron ambos, llamará a otros especialistas jurídicos, urbanistas y medioambientalistas, entre otros, cuando el proyecto de ley comience su tramitación parlamentaria para que "nos expongan una visión multidisciplinar" de una de las normas más importantes de esta Legislatura.

Román Rodríguez rechazó el espíritu "liberal  y desregulador" de la iniciativa. Refirió el mantenimiento de vías excepcionales, como la contenida en el artículo 169 que es la traslación del  artículo 47 de la ley de ordenación del territorio de 1999 para que el Gobierno pueda suspender el planeamiento, de forma provisional, para su revisión o modificación con el fin de colocar un equipamiento.

El portavoz de NC hizo hincapié en que "se abren dos puertas traseras" a través del artículo 124 y siguientes, con los que "se da una vuelta de tuerca a la discrecionalidad" al permitir construir cualquier tipo de proyecto público o privado, en cualquier categoría de suelo salvo el rústico de protección ambiental, sólo con que se declare de interés insular o autonómico. Ocurre lo mismo, continuó, con el 155 relativo a las ordenanzas municipales e insulares, con las que se dotan de unas normas urbanísticas hasta que se aprueben los planes generales.

Román Rodriguez criticó la renuncia del Gobierno a sus competencias exclusivas, fijadas en los artículos 30.15, 30.16, 30.21 y 32.12 del Estatuto de Autonomía. En el mismo sentido se pronunció con la derogación del 90% de las directrices generales de ordenación sin que se hayan adoptado medidas complementarias para suplir el vacío dejado en la política de ordenación, vinculante para todas las administraciones públicas.

Nueva Canarias, continuó, "no comparte que se debiliten” las competencias de los cabildos insulares y que se hayan “fortalecido en exceso” las responsabilidades de los ayuntamientos. "No hay precedentes en el Estado español de elementos desreguladores como el promovido por Clavijo y además se abandona la planificación global de la comunidad", avisó el portavoz.

La mayoría de las administraciones municipales "no tienen capacidad para responder a las nuevas exigencias" de la norma "ni está claro que se vayan a simplificar y agilizar los procedimientos con 88 organismos ambientales," precisó.  

En su opinión la relación entre las administraciones públicas y con los privados se judicializará aún más y serán las administraciones municipales las que asumirán "en solitario” las responsabilidades patrimoniales derivadas de las decisiones judiciales.