La imposición del proyecto minero en la zona subtropical de Intag significa atropellos de derechos fundamentales como la invasión de la zona por las fuerzas de seguridad del Estado, intimidando, reprimiendo y criminalizando a quienes protestan. Un claro ejemplo lo constituye el arresto amañado e ilegal de Javier Ramírez y su posterior encarcelamiento en abril 2014. Es el presidente de la comunidad Junín, una de las que la minería haría desaparecer. Desde hace 10 meses está en la cárcel de Ibarra, Imbabura, privado de libertad. Esta semana tiene lugar el juicio y el martes 10 de febrero 2015 se emitirá la sentencia que puede ser de hasta 6 años. Se le acusa de agredir a unos funcionarios en una fecha y lugar en las que ni siquiera se encontraba. De su inocencia estamos seguros en Salva la Selva..

Salva la Selva pide junto a más de 140 organizaciones la libertad de Javier Ramírez, sin respuesta satisfactoria de las autoridades ecuatorianas ni chilenas, a las que también nos dirigimos, pues la empresa estatal chilena Codelco tiene una importante participación en el proyecto minero.

El proyecto minero Llurimagua amenaza a las comunidades y a los bosques nublados primarios y fuentes de agua de la zona de Intag, en el cantón Cotacachi. Estos bosques, de los más biodiversos del mundo albergan jaguares, osos de anteojos, gallos de la peña y monos araña, estos últimos en peligro crítico de extinción.

Por su empeño en llevar a cabo el proyecto minero en Intag a pesar del rechazo de las comunidades, el gobierno ecuatoriano parece insensible a todo reclamo y el aparato de Estado silencia la resistencia.

Apelamos una vez para que libere a Javier Ramírez, una persona buena e inocente, padre de familia y agricultor, cuya preocupación es defensa de la vida y la naturaleza y el futuro de las comunidades.

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