Buscar
martes, 31 de enero de 2023 12:11h.

La Plataforma Pefralca tacha de “aberrantes” las propuestas del ministro Iceta para reducir la temporalidad en el sector público por sancionar al trabajador y no a la administración

 

frase prefalca

La Plataforma Pefralca tacha de “aberrantes” las propuestas del ministro Iceta para reducir la temporalidad en el sector público por sancionar al trabajador y no a la administración

Para la Plataforma, esta medida sólo traerá un recorte en el personal público que acabará provocando una mala gestión de los fondos económicos destinados a las ayudas sociales tan necesarias en la actual crisis  

Tras la difusión ayer del Plan que el ministro Iceta ha presentado a la Comisión Europea para fortalecer los Servicios Públicos españoles y para cumplir con la Normativa laboral europea, la plataforma Pefrlaca ha querido expresar su “decepción e indignación” por una medida que propone sancionar a las Administraciones que no convoquen en tres años las plazas ocupadas por trabajadores temporales despidiendo al trabajador y suprimiendo las plazas. “La pregunta que surge de inmediato es en qué Universidad aprendió el Ministro lo que era una sanción, ya que debería recaer sobre el gobernante, probablemente un alto cargo perteneciente a un partido político puesto a dedo e ineficaz, y no sobre las necesarias plazas para que el empleado público lleve los derechos a los ciudadanos”, argumenta Julia Jiménez, portavoz de la plataforma que aglutina a los empleados públicos de Canarias en abuso de temporalidad. 

Y es que, según denuncia Pefralca, la nueva política laboral de lo público del partido socialista lo que hará, en última instancia, es impedir que lleguen a tiempo a los ciudadanos las ayudas de empleo, de dependencia, los ingresos mínimos vitales, o las ayudas de atención educativa y sanitaria con un mínimo de calidad, “porque con esta idea de talar árboles para que no haya incendios cada vez habrá menos  personal público para la gestión de los fondos económicos”, explica.

Cabe recordar que actualmente hay 4.000 trabajadores afectados en Canarias pertenecientes a la Administración General; sumando Educación y Justicia llegan a 25.000 y, con Cabildos y Ayuntamientos alcanzan los 45.000 afectados. 

“No sabemos si la Comisión Europea aceptará esta desastrosa futura sanción para prevenir el abuso de temporalidad sobre los trabajadores públicos -continúa Jiménez- pero de lo que sí estamos seguros es que su segunda propuesta de sancionarse a sí mismo respecto a los 800.000 trabajadores que se encuentran en fraude de ley en todo el país por abuso de temporalidad realizando procesos selectivos que pueden conducir al colectivo afectado a formar parte de un paro estructural, será muy cuestionada”. “Sería una sanción a la Administración por su mala gestión durante décadas que pasará a los anales de la historia laboral: sancionar a las víctimas y no a los culpables”, considera la portavoz.

En este sentido, la plataforma anima a trabajadores, ciudadanos, partidos políticos y sindicatos a luchar unidos para impedir que el actual Gobierno “realice en Canarias semejante estropicio para los Servicios Públicos”. Respecto al Gobierno socialista canario, la plataforma critica también que haya cedido su competencia en el empleo público al Gobierno central en lugar de buscar una solución para sus ciudadanos.

La Plataforma recuerda que en Cataluña, una organización de trabajadores públicos ya ha presentado una denuncia por lo penal contra altos cargos de la Función Pública por seguir permitiendo la prevaricación administrativa al no cumplir con la Normativa Europea; afectados del Ayuntamiento de Zaragoza también presentarán próximamente ante la Fiscalía española y europea otra denuncia contra altos cargos del Ayuntamiento por malversar fondos económicos convocando OPEs ilegales que supondrán pagar indemnizaciones millonarias a los trabajadores en abuso de temporalidad y, tal vez, reingreso en el mismo puesto de trabajo con todos los salarios no percibidos. 

En Canarias, los y las empleadas públicas de la Administración General de Canarias están actualmente en huelga para defender sus derechos laborales; los médicos especialistas y el PAS de la Universidad de Las Palmas también, y poco a poco y “para que no salgan OPEs ilegales e injustas” -advierte la Plataforma- “se irán poniendo en huelga los compañeros de las diferentes Administraciones de las islas que también se encuentran en abuso de temporalidad”. 

En definitiva, el “clamor” por la calidad de los Servicios Públicos y para que se aplique el Derecho y la Justicia Europea es unánime, y en este sentido “exigimos al ministro Iceta y al Gobierno de Canarias que de una vez por todas se sienten a pensar en medidas para solventar una situación de abuso”, explica la portavoz quien advierte de que “entre tanto, seguiremos presionando en las calles y parando la Administración”.

PEFRALCA

 

mancheta 33