Podemos logra que el Parlamento de Canarias se comprometa con la Sanidad penitenciaria

• El Grupo Parlamentario Podemos ha defendido una PNL, que ha sido aprobada por unanimidad,  en la que se pide que el Gobierno de Canarias asuma la atención sanitaria de los centros penitenciarios

• El diputado Juan Márquez asegura que con esta iniciativa se beneficiarían 3.213 personas en las Islas

El grupo Podemos en el Parlamento regional ha logrado que todos los grupos que conforman el Parlamento de Canarias hayan apoyado una Proposición No de Ley en la que se pide al Gobierno canario que inicie negociaciones con el Estado para que el Servicio Canario de Salud asuma la sanidad penitenciaria.

El diputado Juan Márquez ha recordado que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud preveía un plazo de 18 meses para la transferencia a las comunidades autónomas de la atención sanitaria en los centros penitenciarios, y por ello el diputado ha solicitado "que se cumpla única y exclusivamente lo que marca la ley, que no es otra cosa que se transfiera esta competencia con el correspondiente traspaso presupuestario, aprobada hace más de 13 años".

La asunción de la sanidad penitenciaria beneficiaría a las 3.213 personas que, a fecha de septiembre de 2016, cumplen condena en los diferentes centros penitenciarios de Canarias, y que no tienen garantizada una asistencia adecuada.

Según el diputado, la red de atención primaria de estos centros está totalmente aislada del resto del sistema sanitario "de tal forma que las historias clínicas de los presos, por ejemplo, no están incluidas en las bases de datos del Sistema Nacional de Salud". El modelo se traduce además en una endémica falta de personal sanitario, un deficiente acceso a los tratamientos médicos, problemas para acceder a los medicamentos normalizados en el Sistema Nacional de Salud y una sistemática pérdida de citas médicas.

Además, los profesionales sanitarios que trabajan en las prisiones "han denunciado que su labor se ve limitada por los criterios de seguridad, que siempre priman sobre los sanitarios, contrariamente a lo que la legislación establece".

Entre las dolencias más comunes de la población reclusa están los trastornos mentales. A nivel estatal, un 40 por ciento de los presos los padecen, y no reciben un tratamiento integral acorde a sus necesidades. Además, enfermedades prácticamente erradicadas, como la tuberculosis y la hepatitis presentan tasas de incidencia en torno al 25 por ciento. De la misma forma, mientras que la tasa de infectados por VIH se sitúa en el 1,5 y el 3 por ciento en occidente, más del 10 por ciento de los reclusos padecen esta enfermedad.