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jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

Podemos pasará las competencias en Accesibilidad a Presidencia del Cabildo grancanario

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad reclama a Podemos,  mayor transparencia y participación,  activar las inspecciones y auditorías y sobre todo, cumplir con la Convención de la ONU para la discapacidad

Podemos pasará las competencias en Accesibilidad a Presidencia del Cabildo grancanario

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad reclama a Podemos,  mayor transparencia y participación,  activar las inspecciones y auditorías y sobre todo, cumplir con la Convención de la ONU para la discapacidad

Las Palmas de Gran Canaria 7 de mayo de 2015. El candidato de Podemos a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, Juan Manuel Brito así como, Ylenia Pulido y Miguel Ángel Rodríguez, candidatos cuarto y quinto a la institución insular, mantuvieron una reunión con los representantes del Comité Español de Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas Cermi. En el transcurso de la reunión, en la que participaron varios representantes de las asociaciones que están implicadas en la plataforma, hicieron un resumen a los candidatos del partido de la situación que atraviesan las organizaciones.

Juan Manuel Brito aseguró que al estar acostumbrado por su trayectoria profesional y su lucha social, estar al otro lado de la mesa y despachar con políticos comprendía que en la búsqueda de soluciones para los colectivos es preciso tener “mucha empatía y eso no se hace, o se tiene o no se tiene  y  puedo asegurar que la candidatura que represento está formada por hombres y mujeres muy sensibles“.  Brito recordó que el papel que quieren desempeñar desde el Cabildo es el de fomentar la participación y la transparencia, “contando con la corresponsabilidad de todos los implicados”.

 

Pasar las competencias a Presidencia

Por su parte Miguel Ángel Rodríguez que es en la actualidad coordinador del área insular, aseguró que la primera medida que tomará podemos será pasar las competencias en materia de accesibilidad, participación e igualdad a Presidencia. “Esto obligará a que se convierta en un instrumento transversal y todas aquellas empresas que trabajen con la corporación, deberán cumplir con todas las condiciones que aseguren estas premisas, y  no se dará ni un euro a quienes no las cumplan”.

Además los representantes políticos aseguran que se potenciará el Observatorio de Accesibilidad, dotándole además de un carácter ejecutivo, dado que hasta ahora sólo es meramente consultivo. Otra de las medidas estrellas propuestas por Podemos, “es realizar un diagnóstico exhaustivo de las instalaciones del Cabildo y acometer las obras necesarias para que todas sean accesibles, algo que se hará de forma gradual”; Realizar y fomentar campañas de concienciación, crear planes de formación para los técnicos de la administración pública, extensible a los ayuntamientos de la isla; aprovechar las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de las personas con discapacidad; firmar acuerdos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para realizar estudios conjuntos y crear un sello de accesibilidad que se pueda otorgar a todas aquellas entidades públicas y privadas que cumplan identificando sus centros como centros de plena accesibilidad.

 

Control económico

Otro de los objetivos propuestos en esta declaración de intenciones, y tal y como apuntó Ylenia Pulido, es controlar las inversiones económicas y “tener en cuenta que el trato económico que se realice sea en base a las prioridades sociales y personales de los ciudadanos”.

Cermi, cuyos objetivos son mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, reforzar el reconocimiento y la protección de sus derechos, promover políticas encaminadas a la igualdad de oportunidades y, lograr un mayor grado de inclusión y normalización sociales enfocadas a lograr una mayor empleabilidad, aseguró a los representantes de Podemos, que en la mayoría de los casos sus reivindicaciones no son sólo económicas, aunque sí persiguen que se tenga en cuenta “un presupuesto centrado en las personas y sus especificidades”. Entre las peticiones más destacadas en la reunión, establecieron que es necesario sobre todo, “cumplir con la Convención de la ONU para la discapacidad y las normativas ya aprobadas”, para ello habría que reforzar las inspecciones y realizar auditorías periódicas que velen por el cumplimiento de las normas aprobadas no sólo a nivel internacional, sino europeo  y nacional.

Otra de las demandas de los colectivos es que se extremen las sanciones no sólo a aquellas empresas que no cumplan con lo estipulado, sino a los propios técnicos que elaboren los informes pertinentes y no se ajusten a la verdad.