Sí se puede cuestiona la incorporación de las viviendas vacacionales a la RIC

Eligio Hernández Bolaños pregunta al pleno por el impacto de la medida en la ciudadanía y en los particulares que explotan estos alojamientos  

Sí se puede cuestiona la incorporación de las viviendas de uso vacacional a la Reserva de Inversiones Canarias (RIC) y pregunta al grupo de gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz si la Sociedad de Desarrollo ha considerado las consecuencias negativas de la posible materialización de la RIC en estas viviendas, tanto en sus efectos sobre la ciudadanía en general como para los particulares que actualmente tienen en explotación un alojamiento según esta modalidad.  

A juicio de la organización ecosocialista, se puede cuantificar en unos 1.500 millones de euros la posible materialización de las dotaciones de la RIC en vivienda vacacional en Canarias. Dado que a esta posibilidad “únicamente tendrá acceso el gran capital”, la primera consecuencia será la monopolización de “un sector en alza y que hasta ahora estaba beneficiando especialmente a pequeños propietarios, que verán cómo, mediante un dumping institucionalizado, las  viviendas vacacionales acaban quedando en manos de una minoría fiscalmente agraciada, posibilidad con la que parece congratularse el concejal responsable de la Sociedad de Desarrollo”, señala el concejal del grupo municipal de Sí se puede Eligio Hernández Bolaños.

Hernández será el encargado de preguntar al grupo de gobierno en el pleno que celebra el Ayuntamiento de la capital tinerfeña el próximo 3 de marzo. El concejal apunta que, según Promotur existen más de 479 viviendas destinadas a acoger turistas en distintos periodos del año ubicadas en Santa Cruz de Tenerife, con 1.778. camas. La Asociación Canaria de Vivienda Vacacional (Ascav) cuantifica en 1.200 las camas disponibles por las modalidades de vivienda vacacional y alojamientos de cama y desayuno en Santa Cruz, mientras que Promotur también sitúa el total de camas turísticas en la ciudad en 2.713 camas. Las cifras hablan claramente de la dimensión del fenómeno.

El alquiler vacacional supone una “democratización” de la explotación turística, al permitir que muchos particulares puedan obtener beneficio de la actividad alojativa. La actividad significa un hito en la historia del sector en Canarias; se trata de “una actividad económica de la que por desgracia no hemos sabido favorecernos en Canarias en su integridad debido a la escasez de inversores canarios” y al dominio de las empresas extranjeras, que “copan prácticamente toda la cadena productiva de la industria, con la consiguiente salida de capitales”. Todo esto, a pesar de que las presiones de la patronal hotelera, y el lobby empresarial turístico, han imposibilitado el desarrollo del alquiler vacacional en zonas turísticas.

No obstante, el concejal tiene en cuenta la necesidad de regular la actividad, que, si se masifica de forma desregulada, puede presentar “disfunciones y problemáticas” que pueden generar “entre otros efectos, lo que se ha venido a denominar como turismofobia”. Hernández destaca como ejemplo de esta situación la observada en la ciudad de Barcelona por efectos relacionados con la “alteración de la paz y la equidad social, quebrantamiento de la tranquilidad y el sosiego de los y las residentes, incremento del coste de la vida, gentrificación, aumento generalizado del precio del alquiler, en resumen, la alteración drástica de las costumbres y los hábitos, y la consecuente pérdida de calidad de vida de los barrios que sufren este fenómeno directamente”.