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jueves, 28 de marzo de 2024 23:32h.

Sí se puede denuncia que la dirección de Tragsa plantea en un ERE el despido de un 33% de sus trabajadores en Canarias

El portavoz de Sí se puede en Tenerife, Fernando Sabaté, denuncia que la dirección de Tragsa ha planteado en un ERE el despido de un 16% de sus trabajadores en el Estado y de un 33% en Canarias. En total la dirección tiene la intención de rescindir en canarias 104 contratos y en el resto del estado 1639.

Sí se puede denuncia que la dirección de Tragsa plantea en un ERE el despido de un 33% de sus trabajadores en Canarias

Esta medida también afectaría a un 16% de sus empleados en el Estado

El portavoz de Sí se puede en Tenerife, Fernando Sabaté, denuncia que la dirección de Tragsa ha planteado en un ERE el despido de un 16% de sus trabajadores en el Estado y de un 33% en Canarias. En total la dirección tiene la intención de rescindir en canarias 104 contratos y en el resto del estado 1639.

Los trabajadores vienen desarrollando desde hace más de 20 años trabajos en las siete Islas, en los montes y las costas de Canarias, en la lucha contra incendios, así como en nuestros cuatro parques nacionales. Según el portavoz ecosocialista “estas labores son imprescindibles para el medio ambiente de Canarias y reducir estos servicios afectaría directamente la imagen turística del Archipiélago”.

Fernando Sabaté se solidariza con estos trabajadores, defendiendo un sector público fuerte que incluya también a las empresas públicas y denuncia el desmantelamiento de este sector, tanto administrativo como empresarial, que está llevando a cabo el Gobierno. “Entendemos que la intención de esta empresa es una privatización encubierta de los servicios públicos que ofrece”, asegura.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista mayoritaria, ha declarado que va a entrar en beneficios en los siguientes ejercicios al menos hasta 2017. El Grupo Tragsa es la única empresa pública de entidad que le queda al Estado español con presencia en todas las provincias, y su accionariado se reparte entre un 51% de la SEPI, un 39% el Ministerio de Agricultura y un 9,5% Patrimonio del Estado y un 0,5% de las comunidades autónomas.