Por qué se movilizan las y los pensionistas - Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha convocado a todas las plataformas de pensionistas de España a una gran manifestación en Madrid el próximo sábado 16 de octubre. A la misma asistirá una nutrida representación de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. 

La marcha saldrá desde el Congreso de los Diputados hasta la Puerta del Sol a las 12 del mediodía. En el Congreso se entregarán más de 200.000 firmas, así como multitud de acuerdos de instituciones (ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y parlamentos autonómicos de toda España) que respaldan la petición del movimiento de pensionistas de una auditoría oficial de las cuentas de la Seguridad Social, para saber con certeza cuánto dinero han desviado los sucesivos gobiernos del Estado para gastos distintos al pago de las pensiones —los conocidos como gastos impropios—, que, según algunas investigaciones, ascienden a una cantidad que oscila entre los doscientos mil y los seiscientos mil millones de euros.

TAMBIÉN EN CANARIAS. Con el mismo motivo, en Santa Cruz de Tenerife, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas convoca una concentración a las 11 de la mañana en la Avenida José Manuel Guimerá nº8, entre las sedes de la Seguridad Social y del Gobierno de Canarias. Por su parte, las compañeras y compañeros pensionistas de Las Palmas de Gran Canaria se manifestarán desde el parque San Telmo, junto a otros movimientos sociales de aquella isla.

Los y las pensionistas denuncian los acuerdos a que ha llegado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los llamados agentes sociales (los sindicatos mayoritarios y las asociaciones empresariales), en completo secretismo y sin tener en cuenta nuestras reivindicaciones. La reforma de las pensiones endurece las condiciones para acceder a una prestación, da opción a la banca y otros fondos privados a hacer negocio con las pensiones, precariza la vida de las personas con la prolongación de la edad de jubilación, pone en marcha mecanismos que reducen la cuantía de las prestaciones y cuestiona la existencia de las pensiones de viudedad.

REIVINDICACIONES. Los pensionistas irán a Madrid y saldrán a las calles en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria y en otros muchos lugares del país, para exigir la subida de las pensiones mínimas y no contributivas más allá del 3% que prevén los PGE para 2022, hasta alcanzar los 1.084 euros que propone la Carta Social Europea. Saldrán a las calles para pedir que no se penalice a los trabajadores que quieran jubilarse después de haber cotizado 40 o más años, para que no se toquen las pensiones de viudedad, si no es para mejorarlas, para que se tomen medidas eficaces que reduzcan la brecha de género en el trabajo y en las pensiones, para que se deroguen las reformas laborales y de pensiones realizadas entre 2010 y 2013, que arrebataron importantes derechos a la clase trabajadora y a los pensionistas, para que se derogue también la Ley Mordaza, otra de las promesas del Gobierno que sigue en el limbo, dando ocasión a que los tribunales dicten sentencias tan injustas como la del diputado canario Alberto Rodríguez.

Por último, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Canarias es la comunidad española con más pobreza severa de España, el 16,5% de la población, 373.665 personas, malviven con 6.417,3 € al año, que es el umbral de renta de la pobreza severa. Entre ellas se encuentran las más de 45.000 personas con pensiones mínimas y no contributivas. Toda esta gente no llega a fin de mes, son las usuarias de los comedores sociales, las que buscan en los contenedores de basura, las que carecen de luz eléctrica o a las que se la cortan por falta de pago.

Las movilizaciones del 16 de octubre –y las que le seguirán los próximos meses– son la respuesta social a esta situación injusta. 

Santa Cruz de Tenerife, 12 de octubre de 2021

Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias