Como consecuencia de los recortes en servicios públicos sociales (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) recogidos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma planteados por el ejecutivo del Gobierno de Canarias para el año 2013, asistimos a un episodio más de irresponsabilidad política: estrangular (aún más) a instituciones e iniciativas sociales que realizan una labor loable a las que se agarran las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Al no existir una respuesta suficiente de las Administraciones Públicas obligadas a realizar una actuación positiva que garantice la cobertura de determinadas necesidades y/o la prestación de ciertos servicios configurados como derechos objetivos y subjetivos, exigibles jurídicamente por la ciudadanía y no sujetos a la discrecionalidad del poder ejecutivo, estas organizaciones realizan una actividad subsidiaria de la administración enmarcada en la promoción de la persona, la solidaridad y la beneficencia. Tal es el caso de la actividad que realiza Cáritas en Canarias. Para este año, se ha reducido en un 63% el presupuesto que deja fuera la ejecución de varios proyectos destinados a colectivos de personas migrantes, afectadas por VIH  y de menores y familias, dejando sin atención a alrededor de unas doscientas personas, afectando también a las profesionales relacionadas con dichos proyectos.

Los montantes económicos de organizaciones, servicios, proyectos, etc. relacionados con la acción social y el tercer sector (ONGs, Asociaciones, etc.), recogen los recortes en los presupuestos generales de la Comunidad, reflejando que no son de marcado carácter social, ni la acción social es un servicio irrenunciable, como expresan las declaraciones de responsables públicos autonómicos. Estamos hablando de la dejación de la responsabilidad y de las COMPETENCIAS DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en garantizar el bienestar de la ciudadanía y de aquellos colectivos que se quedan excluidos de las políticas sociales anémicas que se están implementando.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de Canarias:

• La responsabilidad de cumplir con los derechos (objetivos y subjetivos) de la ciudadanía recogidos en las distintas normativas legales y que garantizan el bienestar social de las personas.

• La defensa del sistema público de servicios sociales como elemento indispensable para la eliminación de las barreras que promueven desigualdad social

• El apoyo para aquellas organizaciones que realizan una labor social adaptada a la situación de emergencia social que hoy vive Canarias.

DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES PARA TODAS Y TODOS

RECORTES NO ¡No te calles!

REDESSCAN

30 DE ENERO DE 2013