SALVAR CHIRA-SORIA denuncia la manipulación informativa

Desde que la Plataforma Salvar Chira-Soria dio a conocer la respuesta de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo a nuestra denuncia contra el Proyecto, estamos objeto de una manipulación informativa sin precedentes desde los poderes públicos y desde algunos medios de comunicación.

Antonio Morales y sus lugartenientes saben a qué están jugando. No han podido vencer a la Plataforma Salvar Chira-Soria. Por mucho dinero público que asignen y por más que escriban en sus medios adscritos no consiguen silenciarnos, simplemente, porque nadie que se precie puede apoyar la destrucción de un barranco —el gran Arguineguín — ni la entrega de nuestros recursos a las multinacionales responsables directas de la inflación y la ruina que asola a este país.

Incluso se dedican a coger una nota de prensa de la Plataforma, en la que comunicamos a la opinión pública lo que nos responde el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Un órgano político de deliberación que una vez recabada la información de la Dirección General de Medio Ambiente y de la Dirección General de Energía, nos responde que la Central Chira Soria ya tiene Declaración de Impacto Ambiental favorable, y nos indica que se puede recurrir ante los tribunales españoles.

Evidentemente, para abrir un debate político en el Parlamento Europeo no basta con una petición de una o varias personas, sino que debe haber un grupo político con representación suficiente que así lo pida.

De la misma manera, respecto a la excepción solicitada por el Ministerio de Transición Ecológica en noviembre de 2020, para que el operador en régimen de monopolio, Red Eléctrica, también pueda generar energía, nuevamente nos responde que la Comisión está evaluando actualmente todos los hechos relevantes y tiene como objetivo emitir una decisión lo antes posible.

Así pues, a falta de la autorización de Europa, legalmente no se puede dar luz verde al inicio de las obras. Algo que deja bien claro el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, y que es de obligado cumplimiento para todos los niveles administrativos, ya sea administración local, autonómica o estatal. Por supuesto, REE también sabe de este obstáculo, pero su inversión está a salvo con la autorización de inicio de las obras que le ha concedido el Gobierno de Canarias, pues, de existir alguna ilegalidad, estaría en algún escalón de la administración.

Por todo ello anunciamos que además de la batalla judicial continuaremos con las movilizaciones ciudadanas y les invitamos a seguir con las obras, ya que según la mafia político-empresarial cuentan con “todos los permisos”, de esta manera se encontraran con la actitud decidida de nuestros activistas frente a los tractores y los responsables políticos acabaran con “sus huesos en la cárcel” por infringir la legalidad vigente.