Sí se puede arranca el compromiso del pleno de SCTF DE colaborar con la Fiscalía en el ‘caso Lerena’

El Ayuntamiento evaluará las acciones que podría emprender una vez concluya el proceso judicial, que actualmente está en Anticorrupción

Sí se puede obtuvo hoy del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife su compromiso de que continuará colaborando con la justicia y con el Ministerio Fiscal en todas las causas abiertas en torno al escándalo del denominado caso Lerena, denunciado en su día por Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en la capital, ante la Fiscalía Anticorrupción, instancia donde aún se encuentra.

Este compromiso es consecuencia de una moción presentada al pleno por Arcila en la que se pedía investigar todas las circunstancias de este caso. Además, el pleno aprobó “evaluar las acciones que el Ayuntamiento deba adoptar” en relación con este presunto caso de corrupción “una vez que concluya el proceso judicial en tramitación, todo ello previo informe de los servicios jurídicos”.

 En su moción, Arcila describe todas las irregularidades en torno a este caso, la más llamativa de las cuales es la presencia, durante años y de manera ininterrumpida, de una trabajadora de esa empresa en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz. Esta empleada desempeñaba labores de auxiliar administrativa en la Gerencia y tenía acceso directo y previo a la publicación de todos los trámites para la adjudicación de los contratos administrativos que celebra el Ayuntamiento, algunos de los cuales recayeron en la empresa para la que ella misma trabajaba.

“No era una ONG”

En este sentido, el concejal ecosocialista señaló durante el pleno de esta mañana que la empresa “no funcionaba como una ONG” que cede personal de manera altruista a la corporación, sino que esta persona le servía presuntamente para obtener de manera fraudulenta contratos por parte de la Administración chicharrera.

 A pesar de que la empleada no prestaba servicios efectivos para la empresa de Lerena,percibía salarios de esa entidad. Esta “manifiesta y prolongada irregularidad solo puede tener como causa los beneficios fraudulentos que le reportaba a la empresa Juan Antonio  SánchezLerena que una trabajadora a su cargo realizara su trabajo habitual en la Gerencia de Urbanismo y más concretamente interviniendo en la contratación administrativa con terceros”, indicó Arcila en la moción.