Sí se puede pide a Bernabé que explique las medidas adoptadas para reclamar la devolución del dinero pagado ilícitamente a Sánchez Lerena

* Pedro Fernández Arcila exige el cumplimiento del acuerdo del pleno tras la confirmación por la Fiscalía del presunto delito de cohecho

* Sí se puede destapó el caso Lerena al denunciar las irregularidades cometidas por el empresario en el Ayuntamiento de Santa Cruz

Sí se puede exige al grupo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que ponga en marcha las actuaciones necesarias para reclamar al empresario Juan Antonio Sánchez Lerena la devolución del dinero que recibió del consistorio de manera ilícita, tal como acordó el pleno municipal a propuesta de la organización ecosocialista en enero pasado.

Con este motivo, Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha solicitado hoy la comparecencia del concejal de Hacienda, Alberto Bernabé Teja, ante la próxima Comisión de Control, que se celebrará el jueves 11 de abril, para que informe sobre los pasos que se han dado para el cumplimiento de este acuerdo plenario.

La solicitud de Sí se puede se basa en las inequívocas conclusiones del Ministerio Fiscal, que confirman la existencia de un presunto delito de cohecho en la actuación del representante legal de la empresa.

El pleno acordó en su día, a instancias de Sí se puede, que si de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se concluía que hubo un presunto delito, se procedería a reclamar a Lerena el dinero cobrado de manera indebida entre los años 2002 y 2009, tanto en lo que respecta a las cantidades abonadas por el Ayuntamiento como a las abonadas por cualquier organismo autónomo municipal. El total facturado por obras menores en ese periodo asciende a unos dos millones de euros, de los cuales restarían por abonar 115.000 euros, que Arcila considera que no deben ser abonados.

La irregularidad más llamativa del caso Lerena, que llegó a la Fiscalía tras una denuncia de Arcila, consistió en la presencia, durante años y de manera ininterrumpida, de una trabajadora de la empresa Juan Antonio Sánchez Lerena en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz. Esta empleada desempeñaba labores de auxiliar administrativa en la Gerencia y tenía acceso directo y previo a la publicación de todos los trámites para la adjudicación de los contratos administrativos que celebra el Ayuntamiento, algunos de los cuales recayeron en la empresa para la que ella misma trabajaba.

A pesar de que la empleada no prestaba servicios efectivos para la empresa de Lerena, percibía salarios de esa entidad. Esta “manifiesta y prolongada irregularidad solo puede tener como causa los beneficios fraudulentos que le reportaba a la empresa Juan Antonio  Sánchez Lerena que una trabajadora a su cargo realizara su trabajo habitual en la Gerencia de Urbanismo y más concretamente interviniendo en la contratación administrativa con terceros”, afirma Arcila.