Sí se puede rechaza rotundamente la expulsión del activista uruguayo José Morales

Animan a dar una respuesta desde el conjunto de las organizaciones alternativas de Canarias

El portavoz insular de Alternativa Sí se puede, Fernando Sabaté, ha mostrado hoy el rechazo de su formación política a la expulsión del activista uruguayo, residente en Lanzarote, José Morales.

Para Sabaté, la decisión de la Delegación del Gobierno en Canarias de expulsar a este militante de la izquierda alternativa “es una desvergüenza política que deja en muy mal lugar a Canarias y a la legalidad vigente en el Estado español”. El portavoz ecosocialista cree que esta “ha sido una decisión de dudosa legalidad, en la que ha primado el activismo político demostrado por José Morales, que parece que ha resultado incómodo a los poderes políticos isleños” . Critica en este sentido el “notable crecimiento de la represión política y en el recorte de las libertades civiles que ha puesto en marcha el PP, algo que es inadmisible en una sociedad supuestamente moderna”.

José Morales fue acusado el pasado 3 de abril de participar, junto con otros activistas sociales, en una concentración contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, durante la visita del Ministro de Industria, José Manuel Soria. Esta acción no generó ningún incidente y sólo fueron identificados una parte de los asistentes, algo que convierte esta orden de expulsión en más que cuestionable aun si cabe. Varias instituciones, organizaciones sociopolíticas y asociaciones han mostrado su solidaridad con José Morales, es el caso de la Fundación César Manrique y la Comisión insular contra las plataformas petrolíferas, en la que participa el Cabildo de Lanzarote y numerosos colectivos sociales.

Los ecosocialistas consideran que la expulsión en la tarde del martes de José Morales, “sin que hasta el momento se sepa a donde ha sido trasladado o en que lugar se encuentra retenido”, es muy grave. Sabaté recuerda que José Morales es una persona arraigada en Canarias y que tiene familiares en nuestra tierra, entre ellos su hija menor de edad. Exige que el propio Gobierno de Canarias se implique en solventar esta expulsión de un ciudadano residente en las Islas y plenamente vinculado a las mismas, igualmente hace un llamamiento a las organizaciones alternativas para sumar nuestras fuerzas para denunciar “una acción absolutamente injustificable”.