Sí se puede reclama la apertura de una oficina para que las PYMEs puedan consultar sus facturas pendientes de pago

 Mena alerta de los efectos futuros de estos pagos sobre las cuentas municipales y los servicios que actualmente se prestan

 El concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Juan Miguel Mena, presentó este viernes una solicitud dirigida al Alcalde para que, ante la puesta en marcha del Decreto de pago a proveedores, se abra una oficina de atención ante las posibles dudas, reclamaciones o consultas que se puedan producir.

 Mena indica que, por los datos ofrecidos desde el propio Ayuntamiento, hay unas 300 empresas a las que se le deben facturas de ejercicios anteriores, en su mayor parte PYMEs del municipio. En total las deudas pendientes de cobro del Consistorio lagunero superan los 48 millones de euros. El edil recuerda que desde que entraron en el Ayuntamiento han criticado la existencia de un número tan grande de facturas realizadas sin presupuesto real y el grave problema que esto podría generar a las arcas locales.

 El portavoz ecosocialista considera que “tener casi la misma deuda a proveedores que Santa Cruz, que prácticamente nos duplica en población, refleja los desmanes que se han cometido en La Laguna. Hemos tenido un largo periodo donde el gobierno local ha vivido muy por encima de sus posibilidades, como si el boom del ladrillo fuera a durar toda la vida, por desgracia ahora tenemos que pagar el resultado de ese derroche” afirma Mena.

 En Sí se puede esperan conocer lo antes posible el monto total de la deuda y la forma en la que el Consistorio va a realizar los pagos, sin embargo temen que el modelo que ha aplicado el PP para solventar los pagos a proveedores represente una “intervención indirecta de casi todos los municipios con deudas”. En los próximos años “tendremos que pagar los créditos, lo que provocará un serio recorte en la capacidad el Ayuntamiento de hacer frente a los gastos del día a día” apostilla. Mena sin embargo alerta de la situación que se puede vivir a partir de 2014, cuando también se cobren los intereses y ese coste aumente sensiblemente”.

 Los ecosocialistas proponen que, al igual que ha sucedido en otros municipios, se ponga en marcha una oficina de información que permita que los proveedores con factura pendiente puedan realizar reclamaciones o resolver sus dudas. Mena señala que esta propuesta no tendría coste alguno y evitaría la saturación de otros servicios municipales.