Sí se puede lleva a los tribunales al Ayuntamiento por las subcontratas de EMMASA

La organización ecosocialista ve posible fraude en la declaración de pérdidas de la compañía de aguas

 Sí se puede ha decidido llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por presumir que la corporación está permitiendo a la empresa que gestiona el agua en la capital tinerfeña, Emmasa, cometer un fraude que está debilitando económicamente al servicio público de aguas.

 La denuncia de Sí se puede se sostiene en la resistencia del equipo de gobierno a entregar documentación relativa a las empresas que han subcontratado servicios con Emmasa. En este sentido, la organización ecosocialista ha iniciado esta mañana los trámites previos a esta denuncia, al presentar un requerimiento de la información solicitada al respecto en dos ocasiones y con la advertencia de que, de no entregarse, se presentará la denuncia ante los tribunales.

 En Sí se puede “tenemos constancia de que se está incumpliendo” la prohibición que “figura claramente en los documentos de privatización de Emmasa” respecto a la subcontratación de servicios con empresas del mismo grupo empresarial que resulte adjudicatario de los servicios privatizados, señala el concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Pedro Fernández Arcila.

 En mayo de este año, Arcila reclamó al concejal de Obras y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que le informara del listado de empresas que habían realizado subcontrataciones con la empresa que gestiona el agua en Santa Cruz. Sin embargo, esta información no ha sido facilitada a pesar de haberse reclamado por segunda vez en la Comisión de Control municipal del pasado 12 de julio.

 Esta situación “obliga a pensar que Dámaso Arteaga no da esta información porque es consciente de que se pondría en evidencia el fraude de las subcontrataciones con empresas del grupo de Sacyr”, la empresa que resultó adjudicataria en el proceso de privatización de la compañía de aguas Emmasa. 

 Arcila recuerda que cuando se privatiza un servicio público se prohíbe que la empresa adjudicataria pueda subcontratar con empresas de su grupo “a fin de evitar las típicas situaciones de fraude resultantes de incrementar artificialmente las facturaciones, beneficiando así al grupo empresarial propio y dañando la sostenibilidad del servicio público”. Además, esta prohibición figura claramente en los documentos de privatización de Emmasa.

 La denuncia de Arcila se centra en la ocultación del grupo de gobierno al no facilitar esta información. Por otra parte, la organización ecosocialista afirma que cuando se lo ordenen los tribunales, exigirá que inicie un proceso de responsabilidades políticas por permitir estas irregularidades que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la gestión del agua municipal.