Unidas Podemos exige medidas para evitar que las empresas privadas que prestan servicios públicos incumplan una y otra vez los derechos laborales

Yaiza Gorrín traslada en esta ocasión a la Comisión de Control su preocupación por la situación de la plantilla de Clece, que presta la atención sociosanitaria a domicilio, en cuanto a retribuciones y organización del trabajo, que repercute en los usuarios
 
Tanto IUC en el pasado mandato como Unidas Podemos en el actual se han hecho eco de la precariedad laboral en que caen servicios públicos por los incumplimientos de las adjudicatarias con sus plantillas

Santa Cruz de Tenerife.  16 de diciembre de 2019 Unidas Podemos continúa haciéndose eco de las quejas de trabajadores y trabajadoras de empresas privadas que prestan servicios públicos, y en esta ocasión la concejala Yaiza Gorrín llevó a la última Comisión de Control los problemas en la empresa Clece, que presta la asistencia sociosanitaria a domicilio a personas que no se pueden valer por sí solas.
 
La edil, tras conocer demandas por parte de las trabajadoras contra esta empresa, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el IMAS,  exige "mecanismos de control para prevenir y luchar contra la precariedad laboral" en estas adjudicatarias, a las que el Ayuntamiento les paga para que cumplan el objeto del contrato, sin que sea admisible que vulneren los derechos de su personal”.

 En el caso concreto de Clece, Yaiza Gorrín, ha solicitado además al gobierno municipal que haga "un estudio y una planificación del tiempo real que debe invertir cada empleado en realizar su tarea para que se le abone lo que le corresponde, o que pueda disfrutar de los descansos pertinentes".
 
La concejala expuso en este sentido el testimonio anónimo de una trabajadora que expone cómo tiene que hacer más tiempo del que se le paga para atender a personas dependientes, por necesidades imperiosas de los usuarios, sin que la empresa ni el Ayuntamiento haya solucionado esta situación desde el punto de vista laboral.
 
"Tenemos que buscar soluciones que pongan fin a todas estas prácticas, que tristemente se dan en más ocasiones de las que imaginamos, y que perjudican tanto a las trabajadoras de un servicio tan importante como a los propios usuarios", manifesta Yaiza Gorrín.
 
Es largo ya el listado de iniciativas que desde el pasado mandato, con el concejal de Izquierda Unida Ramón Trujillo, y en el actual, a través de Unidas Podemos, han llegado a los órganos del Ayuntamiento para denunciar la precarización laboral de servicios una vez que se privatiza su prestación.
 
Ya desde 2017 IUC se interesó por los reiterados retrasos en los pagos de salarios en las empresa SOTEC y Ralons, entre otras concesionarias, al tiempo que rechazó la privatización de comedores escolares. Y al igual que Trujillo en el pasado mandato, Yaiza Gorrín ha reivindicado que en los pliegos de condiciones para licitar estos servicios públicos se incluyan cláusulas sociales que impidan a algunas empresas incumplidoras con sus trabajadores y trabajadoras contratar con la Administración.