XTF-Verdes exige al Gobierno de Santa Cruz que se someta a una auditoría ciudadana para detectar la deuda ilegítima y recuperar intereses    

 Corrales fue el único concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz que votó en contra del Plan de Pago a los Proveedores del Gobierno del PP

 El concejal de XTF-Verdes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, exige al Gobierno municipal (CC-PSOE) que se someta a una auditoría ciudadana para detectar la deuda ilegítima a la que está sometida el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  entre otros asuntos, por culpa del Plan de Proveedores del Gobierno del PP que prestó dinero a los bancos a menos del 1% y que el Ayuntamiento tiene que devolver casi al 6% “ el 6% de casi 60 millones, una estafa en toda regla que no podemos permitir y que, si es necesario, debemos lleva ante los tribunales tanto españoles como europeos e internacionales, como ya están haciendo otros ayuntamientos gracias al trabajo de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)”.

 Además, recuerda Corrales que el Gobierno de CC-PSOE ha refinanciado esta deuda incluyéndola en el paquete de la deuda total municipal 134 millones. “El alcalde, José Manuel Bermúdez, quiere reducirla ahora 77 millones, pero no gratis: le ha pedido permiso al Gobierno de Rajoy para una nueva refinanciación en la banca privada que volverá a enriquecerse con este movimiento si se permite” pero, según explica el edil ecosocialista “ni de la anterior refinanciación ni de ésta se ha informado de forma clara sobre los intereses u otros aspectos de la operación”. “Lo que si está claro” para Corrales es que ”según lo publicado en prensa, cuando el alcalde firmó el acuerdo de pago a proveedores con 11 entidades bancarias el montante total de la deuda a devolver al 5,9% eran 5,1 millones de euros y, una vez realizada la operación de refinanciación, el Gobierno destina 56,7 millones, es decir, 1,6 millones más, en menos de un año, sin contar con los 14 millones, que también según la prensa, corresponden a los intereses de las deudas con proveedores en años anteriores lo que supone un total de 71 millones”..

 “Es falso que no haya dinero”, espeta Corrales; “todas las políticas de recortes se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados…Mentira: lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas privadas”

“Por eso es fundamental la alternativa que propone la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable”, asegura el concejal de XTF-Verdes.

Como explica la PACD, la auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población: “por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva, los 7 millones de euros de gastos en seguridad del Mamotreto, el millón de euros en autobombo y copas que también denunciamos, los cientos de miles de euros regalados al empresario que coló en el Ayuntamiento a una trabajadora para asegurarse los contratos públicos, conocido como el caso Lerena; los 6 millones de euros pagados a los redactores que falsificaron el Plan General también responsables, aunque no podían compaginarlo, de las obras del barranco de Santos, otra estafa de la que también hemos advertido, pues costó 88 millones, 5 veces más de los presupuestado y se cambió convenientemente el trazado en los terrenos de los que eran titulares los responsables de las obras… y podríamos seguir todo el día, por eso es necesaria la auditoría”, señala Corrales.

Corrales, impulsor del Plan Integral de Participación Ciudadana que el Gobierno municipal rechazó, recuerda que la simple reactivación de los ridículos órganos de participación ciudadana existentes y ninguneados por las administraciones sería una medida eficaz. Por ello, y por el grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las instituciones.

Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de privatización de las diferentes instituciones públicas.