La ADSPC llama a la movilización por la Salud y la Sanidad Pública 25M

Para los días 25 y 26 de marzo se están haciendo múltiples convocatorias en distintas localidades del Estado, también en Canarias, en concreto para el sábado 25.

El creciente deterioro de la Sanidad nos está llevando a un futuro desolador, del que la ciudadanía no puede desconocer una serie de hechos:

-Las políticas actuales llevan a una privatización salvaje de la Sanidad y de la Salud Pública.

-Es una evidencia científica que a más privatización sanitaria mayor índice de mortalidad y mayores problemas médicos y de salud en general para la población.

-Que la privatización aumenta de manera exponencial la desigualdad asistencial.

-Que las personas de bajos recursos, son las más propensas a problemas de salud y serán las que más problemas tendrán, siendo las más perjudicadas.

-Las personas de nivel de recursos medios se verán obligadas, para tener una correcta asistencia, a suscribir un seguro privado con lo que pagarán una doble Sanidad.

-Los países con la mejor Atención Primaria son los que mejores índices sanitarios y de Salud tienen.

-Que el deterioro de la Salud y de la Sanidad Pública que los diferentes Gobiernos Centrales y Autonómicos están creando, se basa en la implantación de las políticas neoliberales propiciadas por empresas y multinacionales, la mayoría no españolas, que anteponen sus beneficios económicos a los de la Salud de la ciudadanía.

-Que LA SALUD ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL, QUE NINGÚN GOBIERNO NI PARTIDO PUEDE HURTARLE A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD Y DE LA SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL, GRATUITA Y DE CALIDAD.

Los últimos datos disponibles sobre facturación de las empresas sanitarias privadas al Servicio Canario de Salud corresponden al año 2021, aumentando entonces la misma un 9,28% y registrándose un incremento de un 15,46% en las intervenciones quirúrgicas realizadas en el sector privado.

El Presidente Torres se ufana de que “Este Gobierno de Canarias trabaja bien con la sanidad concertada” y que “Gestionar mejor los recursos públicos es una obligación de cualquier gobierno, incluso con la sanidad privada”. Toda una declaración de principios privatizadores neoliberales que se acompaña de las consecuencias perniciosas de los mismos. Hay una privatización “activa” de la provisión sanitaria, realizada a través de conciertos, concesiones y otras fórmulas.  El Gobierno de Canarias entrega, cada año en el presupuesto sanitario, millones de euros a la sanidad privada. Sin embargo, los pacientes de Canarias son los que más tiempo esperan, y desesperan, a que haya un Plan de abordaje de las listas de espera con una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública y una inversión específica para conseguirlo. La Sanidad Pública sigue sin tener la necesaria inversión, como se puede comprobar en los presupuestos para 2023 (estatal y autonómico), quedando relegadas a un muy segundo plano las reformas que precisan la Sanidad y la Salud Pública.

Para ello, debe ser objetivo prioritario la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad y también de la Ley 15/97 que han supuesto «barra libre» para privatizar el sistema sanitario, conviene recordar que hasta el presente la gestión pública debía de utilizarse de forma «preferente» con los resultados de todos conocidos y que ahora, precisamente, es una de las bases legales para el asalto planteado por los gobiernos  autonómicos del PP para la privatización total, ya sin ningún disimulo.

También hay una privatización pasiva (o inducida) del aseguramiento; es decir, la compra de seguros médicos privados a causa de las deficiencias (generalmente, listas de espera) de la sanidad pública. En Canarias, ha crecido el aseguramiento privado, en torno a un 20,42% y la privatización “activa” desvía fondos públicos para lucro del empresariado del sector sanitario privado. Se da, por ejemplo, una inadecuación en la realización de pruebas, por mala gestión de las solicitudes, llegando a triplicarse pruebas, algunas no pedidas, como hacerse una colonoscopia en vez de una gastroscopia, o cambiando una ecografía por una resonancia con contraste en un centro privado…  en suma, pruebas no indicadas o de indicación dudosa que dilapidan recursos en vez de dedicarlos a reforzar la Sanidad Pública, haciéndola autosuficiente al 100 %.

Desde luego, para hacer una gestión eficiente se precisa redimensionar las plantillas. En Atención Primaria bajando los cupos actuales de 1.500 pacientes por médico de familia a 1.300. En la Sanidad Canaria, en general, el personal es insuficiente, con más de un 60% sin una plaza fija, con contratos de días cuando no de horas o meses, con renovaciones constantes que en muchos casos llegan a más de 10 años de contratos encadenados, además con peores retribuciones y precios de alquileres y de la cesta de la compra y donde, a diferencia de otras CCAA, no se hacen ofertas de trabajo periódicas y con prontitud (aquí se ha tardado más de 10 años en resolver los concursos del 2007). Recientemente, el Servicio Canario de Salud dejó en suspenso que los contratos temporales tuvieran mayor estabilidad laboral mediante la contratación por tres años, un hecho de gravedad extrema que está repercutiendo negativamente en la estabilidad y los derechos laborales, así como en el ámbito asistencial. Por otro lado, el Gobierno canario sigue con su intento de privatizar un servicio tan esencial para la población canaria como es el banco de sangre del ICHH, su personal sigue en lucha para garantizar que sea 100% público.

La deficiencia de inversiones, en personal y en recursos materiales, dificulta sobremanera la accesibilidad a la asistencia sanitaria, arrojando a la población a las Urgencias Hospitalarias que sufren saturación e incluso colapso. Ante una posible epidemia fuerte de, por ejemplo, gastroenteritis o de gripe, se podrá dar el caso, como ya está sucediendo en el Reino Unido, de que muera mucha gente en su casa por no poder ser atendida. 

En cuanto a la Atención Sociosanitaria, Canarias, como es habitual, está en los últimos lugares de todas las CCAA en recursos para Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia, gracias a la falta de interés, priorización e inversión  por parte de los gobiernos canarios que se han padecido desde hace décadas. Queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con las luchas por una atención sociosanitaria digna en Canarias, en particular con el personal del Centro Sociosanitario público El Pino, en Gran Canaria (gestionado de modo privado por la UTE ICOT-INSURE S.L.) en huelga indefinida en contra de las externalizaciones. Actualmente, se ha agudizado,  en Tenerife, la situación conflictiva en torno al Hogar Santa Rita y su Fundación. La continuidad de cuidados para pacientes crónicos, dependientes y  personas con diversidad funcional, no puede ser objeto del lucro privado ni estar en otras manos que no sean las de las administraciones públicas como garantes de la calidad de la atención prestada, así como de las condiciones de trabajo de su personal. Por todo ello, debemos exigir una Red Pública de Centros Socio-Sanitarios, con dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y  con los dispositivos asistenciales municipales.

También son decisivas todo un conjunto de políticas no sanitarias aunque también de Salud, es decir de servicios sociales, de pensiones, de salarios, educativas, de empleo, de salud laboral, alimentarias, de vivienda, de igualdad, medioambientales, de consumo, culturales, etc. En este sentido, los servicios de Salud Pública deben coordinar sus estrategias con la Atención Primaria y las administraciones locales para combatir los determinantes de las enfermedades crónico degenerativas (pobreza, alimentación, contaminación, salud laboral, sedentarismo, tabaquismo, etc.)  y con los sistemas de alerta y contención de las nuevas epidemias de enfermedades contagiosas (Gripe A, Ebola, SARS, Coronavirus…) asociadas al cambio climático y a la globalización neoliberal.

Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) sigue siendo un objetivo prioritario la Ley Canaria de Salud y Sanidad que garantice el carácter público de la titularidad, financiación, gestión y provisión de los servicios sanitarios y sociosanitarios. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios del Sistema Canario de Salud debe llevarse a cabo con medios propios o mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas.

Como se puede ver, estamos ante una situación alarmante que se puede resolver aumentando la inversión en Atención Primaria hasta el 25% necesario, lo mismo ocurre con Salud Pública cuya partida presupuestaria no llega al mínimo imprescindible. Las deficiencias en la inversión se deben corregir sobre todo cuando la economía canaria creció un 8,2% en 2022, tres puntos por encima de la española, gracias a los privilegios fiscales. Pero debe acompañarse de una gestión profesional, eficaz y eficiente, alejada de su politización, en su peor acepción, que seguimos sufriendo en Canarias. Por cierto, gestión profesional pedida en la ILP que respaldaron 25.000 ciudadanas y ciudadanos de nuestras islas desde el año 2010 (ahora de nuevo en fase de enmiendas en el Parlamento de Canarias gracias a la queja presentada  al Diputado del Común).

Para afrontar todos los retos planteados, necesitamos un potente movimiento popular, de vecinas y vecinos de toda Canarias, que afronte la defensa de la Salud y de la Sanidad Pública a favor de la mayoría social. El días 25 de marzo debemos apostar por ampliar la fuerza movilizadora, acabando con la dispersión y logrando la necesaria unidad con la que conseguir la máxima eficacia para cambiar el actual estado de cosas.

¡Salvemos nuestra Salud y nuestra Sanidad Pública!

En Canarias saldremos a la calle el sábado 25 de marzo.

En Tenerife desde la Plaza Weyler a partir de las 11 horas.

En Gran Canaria desde el Parque San Telmo a las 11 horas.