DERECHO A LA VIVIENDA

No, no habrá 50.000 viviendas de la Sareb para el parque público - EL SALTO

La plataforma de familias afectadas por el banco malo, Plan Sareb, desgrana el anuncio del presidente Pedro Sánchez.

El anuncio de Pedro Sánchez el pasado 16 de abril de un cambio en la política de la Sareb con la “movilización” de 50.000 viviendas de la Sareb para ser usadas para “alquiler social asequible” ha despertado suspicacias por la falta de concreción y las contradicciones con anuncios y normas previas aprobadas por el Gobierno de coalición. 

Entre las críticas, la de las familias que tienen al banco malo de casero y sufren a diario las amenazas, los desahucios y otros abusos inmobiliarios que la plataforma Plan Sareb lleva denunciando desde hace dos años.

Según argumentan en un comunicado, el 59% del listado de viviendas “disponibles” elaborado por el banco malo y aceptado por el Gobierno de coalición no entraría a formar parte del público. En el mejor de los casos, afinan, estas viviendas entrarían en “una bolsa temporal de alquileres a partir de las viviendas y terrenos menos rentables para el sector inmobiliario”. 

El 41% de las viviendas restante de este listado, añaden, podrían terminar en el parque público, aunque siempre a través de una “recompra de un patrimonio que ya es público”. 

Las palabras de Sánchez, dicen, “no son coherentes con las propias intervenciones anunciadas, ni con la misión societaria de la Sareb”, que era y sigue siendo hasta que se derogue el Real Decreto 1/2022, la venta de todo el patrimonio de la entidad antes de 2029. 

El 59% del listado de viviendas, en el mejor de los casos estas viviendas entrarían en “una bolsa temporal de alquileres a partir de las viviendas y terrenos menos rentables para el sector inmobiliario”

Todo esto lleva a concluir que el anuncio de Sánchez “no supone la ampliación, ni siquiera potencial, del parque público de vivienda en 50.000 unidades”. Lejos de este supuesto, contraponen, la medida puede significar “un nuevo precedente de subvención pública del parque de vivienda adquirido por el sistema financiero desde la crisis, y en concreto de aquel que no cumple todavía los requisitos de rentabilidad esperada por los inversores”.

Para este colectivo de familias afectadas, resulta llamativo que el anuncio llegue apenas dos meses después de que Sareb anunciara la venta de Árqura Homes, “su cartera de vivienda y suelo de mayor calidad”, con hasta 8.900 viviendas que “claramente quedarán separadas del parque incluido en el listado que ha hecho suyo el Consejo de Ministros”.

Desgranando las 50.000 viviendas

Del total de viviendas que se movilizarían para alquiler social asequibles, unas 15.000 no existen, sino que se construirían sobre suelos cedidos por la Sareb con una fórmula público-privada. No se trata por tanto, explican desde Plan Sareb, de un aumento del parque público ni de vivienda enteramente pública sino de “una cesión de suelos y financiación pública para construcción y explotación privada” por 75 años.  

El listado de viviendas “disponibles” también incluye 14.000 que ya están habitadas, muchas de ellas con alquileres sociales. No son, por lo tanto “nuevas viviendas movilizadas” ni formarán parte del parque público, sentencian. “Se trata, con toda rotundidad, de una bolsa de potenciales o actuales alquileres repletos de cláusulas abusivas, incluida la cláusula de enajenación del inmueble (venta con finalización anticipada del contrato), diseñadas para subir el alquiler desde el primer año de contrato, y gestionada por empresas privadas encargadas del llamado acompañamiento social”, señalan.

La venta de 20.000 viviendas a las comunidades y entidades locales supondría “un nuevo repago de un parque inmobiliario ya sostenido en su día con una deuda de 40.000 millones de euros”

Otras 20.000 viviendas dependen de la venta o cesión temporal en usufructo a las Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades sin fines de lucro, el único apartado del listado que puede contar como aumento del parque público, un 41% del total del listado asumido por el consejo de ministros, frente a un 59% “dedicado a iniciativa público-privada”. En el caso de que comunidades o entidades locales terminen comprando estas viviendas, “estas operaciones supondrán un nuevo repago de un parque inmobiliario ya avalado en su día con una deuda de 40.000 millones de euros, de los cuales 35.000 millones aún están pendientes de ser aportados por el Estado”.