Lo que nos cuestan los gerentes de las empresas públicas canarias
EL DIGITAL DE CANARIAS comenta -casi habría que decir que reproduce- un reportaje de CANARIAS SEMANAL preparado por Arturo Inglott un gerente de una empresa pública canaria cobra alrededor de los 70.000 euros anuales. Y que, en su conjunto, los emolumentos de la plana mayor del aparato público, tanto cargos del gobierno como de las empresas públicas suponen ocho millones de euros al año. Por cierto que esta vez EL DIGITAL DE CANARIAS omite citar al autor del trabajo en CANARIAS SEMANAL, inclusp al mismo medio lo nombra casi de pasada, cosas que me parecen de poca elegancia.
Hay que decir, además, que estas cifras que maneja Inglott no incluyen el otro alto dispendio que suponen los beneficios adicionales de estos altos cargos, los coches, los viajes, el lujo en los despachos, las facilidades de todo tipo, en un dispositivo montado con una fastuosidad exagerada.
Sin embargo cuando se habla de todo este dineral, el problema principal no es la suma en sí misma, sino la escasa rentabilidad de tanto dinero. La auténtica verguenza del asunto es que el gobierno y las empresas públicas no son más que un mecanismo de compensación de los partidos que llegan al poder -encima, ya se sabe que la cotumbre es que llegan los que pierden las elecciones- una compensación, digo, para pagar los servicios de sus miembros. El criterio que se sigue para designar esos altos cargos es la meritocracia, sí, pero no la referida a la capacidad de cada individuo o individua para cumplir una función pública eficazmente, sino para beneficiar los intereses del partido.
Si uno examina los nombres de las personas que ocupan esos puestos tan bien pagados y, sobre todo, si analiza los resultados, queda abrumado por la desesperación.
Y nos encontramos otra vez con el argumento tan manido de que a los cargos públicos hay que pagarles y tratarles muy bien, porque si no, no aceptarían dejar la empresa privada para prestar servicios en el aparato público. Es un arguemtno teçoricamente impecable, pero que no se sostiene en la práctica. En primer lugar, por esa escasa correspondencia entre remuneración y resultados; y en segundo, porque una buena proporción de las personas públicas no han estado en la empresa privada nunca y resulta muy difícil aceptar que pudieran ocupar puestos de primer, ni siquiera de segundo nivel, en una organización normal.