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viernes, 29 de marzo de 2024 07:28h.

El Parlamento apoya la Ley de Podemos Canarias contra los abusos bancarios en hipotecas y las prácticas comerciales engañosas y agresivas

 

FRASE NOEMÍ

El Parlamento apoya la Ley de Podemos Canarias contra los abusos bancarios en hipotecas y las prácticas comerciales engañosas y agresivas

 

  • Noemí Santana afirma que “no se puede legislar pensando en las empresas del Ibex35, en las grandes cadenas hoteleras o en empresarios de la seguridad privada, y este es un proyecto con el que debemos demostrar que en este Parlamento estamos para resolver los problemas de la gente”.

 

  • Es la séptima proposición de ley que la formación morada presenta en la actual Legislatura.

 

  • El texto, que ha contado con la abstención de CC, establece la obligación de acudir a la mediación o arbitraje hipotecarios antes de que se inicie el procedimiento judicial para que el consumidor pueda conservar su vivienda habitual.

 

 

El Parlamento ha apoyado, con la única abstención del Grupo Nacionalista (CC-PNC), tomar en consideración la Proposición de Ley elaborada por Podemos Canarias para modificar el Estatuto de los Consumidores/as y Usuarios/as del año 2003 de cara a “reforzar y actualizar la protección de los derechos e intereses legítimos” de la ciudadanía canaria “debido a la aparición de nuevas prácticas comerciales” y con el fin de adaptar la normativa autonómica de hace 15 años a la legislación europea.

El texto, que ha sido defendido por la secretaria general y portavoz parlamentaria de la formación morada, Noemí Santana, incluye acabar con las cláusulas abusivas de los bancos y con la publicidad engañosa, haciendo especial hincapié en los productos dirigidos a menores.

“Muchas veces los poderes públicos y gobiernos han protegido a las grandes empresas  y han dejado en el olvido los abusos que se cometen con los clientes, que somos la mayoría de la población, y por eso queremos plantear que hay alternativa y que es posible proteger los intereses de las personas que consumen”, ha asegurado Santana.

Para ello, el texto que ahora inicia su tramitación para ser aprobado antes de que concluya 2018 plantea que cuando una persona que ha contratado una hipoteca para comprar su vivienda habitual no pueda hacer frente a los pagos, se establezca la obligación de acudir a la mediación o arbitraje antes de que se inicie el procedimiento judicial para intentar que el banco y el consumidor lleguen a acuerdos que permitan que éste pueda conservar la vivienda habitual.

“La actual Ley es del año 2003 y durante sus 15 años de vigencia los sucesivos gobiernos de Canarias no han sido capaces ni siquiera de aprobar el reglamento que la desarrolle”, ha incidido Santana.

Séptima Ley de la formación morada

Ésta es la séptima proposición de ley que la formación morada presenta en esta Legislatura y, como las anteriores, recoge las demandas que asociaciones y colectivos de consumidores han trasladado a la formación morada para actualizar la legislación en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias en el Archipiélago.

“Esta propuesta de modificación de ley no surge de antojos de economistas ni de programas electorales hechos en despachos, viene de la gente, es algo reclamado por la ciudadanía. Y creemos que para esto estamos todos los partidos en las instituciones: para atender las demandas de la gente”, ha defendido.

La líder de Podemos Canarias ha recordado que la Constitución establece en su artículo 51 que corresponde a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos y que en Canarias es el artículo 31.2 del Estatuto el que atribuye la competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y usuario.

 “No se puede legislar pensando en las empresas del Ibex35, en las grandes cadenas hoteleras o en empresarios de la seguridad privada, y este es un proyecto de Ley con el que debemos volver a demostrar que en este Parlamento estamos para resolver los problemas de la gente”, ha insistido Santana durante su intervención.

Servicios esenciales

Por lo que respecta a la luz o el agua, que son servicios esenciales y mínimos para tener una vivienda digna, el texto plantea que las empresas no pueden dejar de prestar el servicio cuando no se abona una factura o recibo porque se hace una reclamación.

La propuesta incluye una serie de procedimientos para facilitar darse de baja de servicios de telefonía móvil, luz o agua, que en la actualidad resultan más complejos y dificultosos que los que se exigen para contratarlos.

Además, en relación con determinados colectivos especialmente protegidos, se eliminan las barreras de acceso a la información, concretamente para personas con discapacidad física o psíquica o con dificultades para la comprensión lectora, fomentando “la utilización del sistema braille en los productos alimenticios”.

La modificación del vigente Estatuto de los Consumidores y Usuarios presentada por la formación morada incluye la necesidad de hacer transparente la información sobre la titularidad de los derechos de los créditos hipotecarios u ordinarios cedidos a un fondo de titulización, pues es frecuente que cuando no se puede pagar el préstamo o se ejecuta una hipoteca la personas afectadas se encuentren en una situación de indefensión al desconocer a quién deben el dinero.

“Cuando no se puede pagar el préstamo o se ejecuta una hipoteca la ciudadanía  se encuentra en muchas ocasiones con que la deuda la está reclamando el banco y a lo mejor ya no es el titular del préstamo”, ha recordado Santana.

Compras ‘on line’

Con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores que adquieren productos o contratan servicios a distancia, a través de internet o fuera de las tiendas donde normalmente se venden, el texto presentado por la formación morada  refuerza los requisitos de información que los consumidores han de recibir antes de proceder a la compra o contratación: descripción exacta del producto , a quién se lo está comprando, quién lo ha fabricado, el precio final (incluyendo los gastos de envío, muy habituales en Canarias) y formas de pago.

La proposición de ley aceptada por el arco parlamentario incide en la necesidad de que como las competencias en defensa de los consumidores no solo recaen en una sola consejería, y existen en la Comunidad Autónoma otros servicios de inspección destinados a defender los derechos de los consumidores y consumidoras,  se deben establecer mecanismos que acaben con la actual descoordinación y conflictos de competencias.

Además, la formación morada cree necesario crear equipos multidisciplinares que permitan garantizar la defensa de los derechos de usuarias y usuarios y hacer más eficientes y eficaces las labores inspectoras en todas la islas.

 

podemos canarias

 

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