Ciudadanos cumple como oposición en Arucas - por Nicolás Guerra Aguiar *

    El grupo político Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arucas acaba de presentar varios recursos ante el Juzgado de lo Contencioso (infonortedigital). Reclama un dictamen sobre cinco puestos de asesores; delegación de competencias; dedicaciones exclusivas y retribuciones de algunos concejales. Por lo que deduzco no denuncia irregularidades, aunque sí desea saber hasta qué punto ciertas actuaciones responden a la legalidad vigente. Según el portavoz, se habían presentado previamente tres recursos de reposición que fueron “desestimados por los propios miembros del equipo de Gobierno”.

   Por aquello de la prudencia he dejado pasar días antes de entrar en el tema, a fin de cuentas hay dos partes interesadas. Pero como el Gobierno municipal aruquense no ha salido al paso de lo publicado, yo sí muestro interés en cuanto que como ciudadano me afecta todo lo relacionado con la administración de la cosa pública. Más cuando se trata de un municipio de mi Isla y de la zona Norte pues, a fin de cuentas, sentimentalmente uno es no solo de donde nació y se crió, sino también de geografías ajenas a nascencias y crianzas, como es el caso de Arucas y su costa.    

   Vayan por delante tres básicos y elementales principios en todo Estado de derecho: uno, la presunción de inocencia y, por tanto, la rigurosa consideración de que el ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aunque en este caso se trata del triunvirato (PSOE, NC, CC) que gobierna aquel municipio. En segundo lugar, la permanencia de una máxima elemental: In dubio, pro reo (‘Ante la duda, a favor del reo’).  Añado un tercer componente también fundamental para toda sociedad democrática: la oposición en órganos de representación popular cumple la noble y obligatoria tarea de fiscalizar las actuaciones del poder y, en momentos, hacer pública denuncia de hipotéticos, supuestos o sospechosos no cumplimientos. Más en este caso cuando, según Ciudadanos, "no es de recibo que el alcalde no resuelva los asuntos"; y que, además, "no atienda a razones cuando se le explica que lo que pretende aprobar o ha aprobado no atiende a la legalidad". Y si se estimaran los recursos, "los concejales […] y los asesores que se nombren van a tener que devolver todo el dinero que han percibido hasta el momento de la resolución judicial".

   En resumen: todo se desarrolla por los cauces apropiados. La oposición (en este caso Ciudadanos) reclama ante el juzgado un dictamen (‘Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo’) en torno al supuesto comportamiento del Gobierno municipal y que, mantiene, es de insegura legalidad. Como tal oposición solicita al alcalde la obligatoria información que este ha de darle razonadamente, la cual doy por sentado que se llevó a cabo en cuanto que los recursos de reposición fueron “desestimados”.  Pero los razonamientos –esperé por ellos varios días- no convencieron a Ciudadanos y, por tanto, da el paso siguiente: requerir la opinión del juzgado.

   Por lo pronto, he de suponer que la argumentación de la parte reclamante tiene consistencia legal y jurídica. De lo contrario se expone a la desestimación, al rapapolvo por la autoridad judicial o al más desolador de los silencios ante la ciudadanía aruquense. En los pueblos todo se sabe. Y en horas 24 pueden distribuirse miles de fotocopias de la sentencia denegatoria (como mal menor) si esta fuera la decisión del juez. Y de ahí a la defenestración política no hay más que un paso… o un prudente cese tras civilizadas disculpas por incontinencias verbales. Y digo bien: no por reclamar información -a la que tienen todo el derecho-, sino por precipitarse con la pregonada sospecha de que quizás, acaso, tal vez “todo el dinero percibido” deberán devolverlo quienes de él se beneficiaron hipotéticamente (con lo cual se sembró la duda sobre personas). 

  Porque no se trata de comportamientos novatos en esto de la cosa pública, ni de inexperiencias o naturales meteduras de pata que se corrigen desde el campo de actuación al paso de los meses. No, es algo más serio: supuestamente se duda de ciertos comportamientos administrativos realizados por quienes reciben del pueblo la confianza para su gobierno. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias que afectan, además, a la ética política, a las buenas usanzas del poder, a la prudencia en su ejercicio frente a comportamientos dictatoriales y amiguistas que van más allá de los naturales desempeños municipales.

   Por otra parte, en etapas anteriores se abusó sobremanera de asesorías y de asesores. Incluso hoy de ciertos procedimientos para su selección. Aquellos suelen ser personas vinculadas directamente al partido en el poder o, en otros casos, a consanguineidades; incluso se reservan para personas en listas electorales pero no elegidas en las urnas. Y aunque bien es cierto que los altos cargos necesitan asesoramiento, no he llegado a entender por qué no lo reciben de funcionarios altamente cualificados y, además, serios, ajenos a compadreos. Que los hay, y que actuarían con rigor profesional.

   Debo sospechar también –mientras no se demuestre lo contrario- que la selección de supuestos asesores por el Gobierno municipal de Arucas responde (o responderá) a criterios de efectividad, competencia, capacidad y alta cualificación. Pero, a la vez, también me planteo que si los tales asesores –para todos los estamentos oficiales- realmente son necesarios e imprescindibles. O lo que es lo mismo: ¿su contratación redundará en altos beneficios para la comunidad? Porque, si así fuera, lo entendería siempre que sea justa y necesaria. Pero tengo una duda, estimado lector: conozco a asesores de políticos a quienes los propios “asesorables” no consultan porque dudan de su capacidad.

   Por tanto, estoy muy interesado en conocer el dictamen del Juzgado de lo Contencioso. Dará argumentos para confirmar la correcta actuación o, acaso, la recrimine. Pero lo importante es que Ciudadanos de Arucas ejerce como oposición. Cumplió, aunque le faltó prudencia.

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar