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viernes, 29 de marzo de 2024 07:52h.

La consulta es un aval democrático - por Nicolás Guerra Aguiar

El Gobierno español, con las pasajeras leyes actuales en la mano, no acepta las consultas sobre la independencia de Cataluña ni en torno a las prospecciones petrolíferas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. En Canarias, la concesión a Repsol –también legal- le permitiría a la compañía privada (que no estatal) obtener beneficios económicos en caso de que haya bolsas de petróleo, réditos que distribuiría entre sus accionistas. La situación, aquí, se ha tensado.

La consulta es un aval democrático - por Nicolás Guerra Aguiar *

El Gobierno español, con las pasajeras leyes actuales en la mano, no acepta las consultas sobre la independencia de Cataluña ni en torno a las prospecciones petrolíferas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. En Canarias, la concesión a Repsol –también legal- le permitiría a la compañía privada (que no estatal) obtener beneficios económicos en caso de que haya bolsas de petróleo, réditos que distribuiría entre sus accionistas. La situación, aquí, se ha tensado. Por una parte, el Gobierno español recibe apoyo de altas instituciones como el Consejo de Estado: este alega que la consulta sobrepasa las competencias autonómicas. Por otra, un Estado democrático no puede obviar legítimas reclamaciones de instituciones y sectores populares.

   Y como los contrarios al planteamiento gubernamental expresan que no se trata de usurpar constitucionales competencias exclusivas del Gobierno, echan mano a la exquisita riqueza del español (“Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas”, escribió Juan Ramón Jiménez) para nominar con la palabra exacta aquello que pretenden: que las instituciones los atiendan.  Y así, se manejan voces como plebiscito, consulta, opinión…, a la búsqueda de un hueco o recoveco en las rígidas normas que emanan desde arriba, siempre legales, esgrimen; aunque, como casi en todo, con el juicio se puede llegar a entendimientos.

   Por tal precisión lingüística, canarios y catalanes no usaron la palabra referéndum en cuanto que este implica un procedimiento jurídico exclusivo del Gobierno español. Por eso sopesaron en los inicios la voz plebiscito, derivada del latín plebs-is, ‘los plebeyos’. Su significado se refiere a “consulta”, aunque también con él se aprueba o rechaza una propuesta. De ahí que consulta fuera el vocablo más apropiado pues traduce ‘pedir parecer’, o lo que es lo mismo, no impone el sentir del resultado. 

Los desenlaces han sido contrarios a los planteamientos de ambas comunidades: dos Consejos de ministros presentaron ante el Tribunal Constitucional las respectivas impugnaciones tras conocer el dictamen (‘opinión que se emite sobre algo’. Por tanto, no es palabra de ley) del Consejo de Estado. Pero este es un simple órgano consultivo (nos cuesta casi once millones de euros al año) cuyas opiniones no resultan vinculantes. De él forman parte, con carácter vitalicio, los expresidentes del Gobierno, quienes además reciben 70.000 euros anuales, desfachatez absoluta (el señor Aznar renunció). Otros miembros son nombrados o seleccionados entre altísimos cargos… Como rareza, un grupito de letrados accede por oposición.

   No entraré en detalles sobre el tema de Cataluña. Por tanto, me limitaré a la cuestión canaria planteada por nuestro Gobierno con el apoyo de instituciones insulares, organizaciones y sectores sociales que si no son toda la población, sí  llevan a la calle el sentir de miles y miles de paisanos. (Los organizadores reclaman las imágenes que tomó el helicóptero de la Guardia Civil para demostrar, dicen, que la última manifestación celebrada en Las Palmas acogió a 70.000 personas).

   En conclusión: el Consejo de Estado aprueba el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra lo que este denominó “forma de referéndum” y que desde instituciones canarias se llamó “consulta popular”. Además, opina que la pregunta (“¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”) invade competencias estatales y, acaso, puede confundir: “Los términos […] son oscuros y capciosos”.

   Hasta aquí, por tanto, una visión global de aspectos legales, jurídicos e, incluso, constitucionales. El Gobierno central –que gobierna legítimamente- considera que la consulta canaria excede los límites de las competencias que el correspondiente del señor Rivero tiene y, como reacción, recurre ante el Tribunal Constitucional; lo cual implica la inmediata suspensión de todo el proceso. Y el Gobierno de Canarias, para no incurrir en desacato, interrumpe el procedimiento.

   Bien. Pero la cuestión no está solo en la legalidad o no de tal consulta popular o “aparente referéndum”. Lo que aquí también se dilucida es el derecho (o no) de un pueblo a expresar libremente a través de votaciones secretas y limpias su opinión (no decisoria, como la del Consejo de Estado) sobre temas que atañen a la propia sociedad. Temas que tanto en Canarias como en Cataluña han dejado de ser puramente especulativos y de discusiones entre partidos o minoritarias minorías para impactar en las sensibilidades ciudadanas, concienciadas ante cuestiones muy concretas y que les afectan muy directamente, aunque los planteamientos en ambas comunidades no son coincidentes en los contenidos. Lo que yo planteo, insisto, es si el muy incompleto sistema democrático en España se ha quedado peligrosamente anquilosado o, al contrario, desde el Gobierno (uno u otro, da igual) se fortalece a través de las consultas, derecho inviolable de un pueblo que quiere opinar con todas las legalidades ante concretas situaciones.

   Pongamos como ejemplo a la RAE. ¿Qué es la novísima 23.ª edición del llamado DRAE -el DLE- sino la puesta al día, la renovación, la constatación de que la lengua cambia, se transforma, evoluciona, abandona voces ya arcaicas y acepta otras nuevas como las del lenguaje informático? O lo que es lo mismo, tiene en cuenta a la sociedad hispanohablante, única propietaria del español. Por la misma razón –salvando las particularidades-, el sistema de gobierno debe adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas aspiraciones ciudadanas, a las cada vez más cercanas cuestiones que el pueblo hace suyas, a fin de cuentas también es el único propietario de su destino (no “en lo universal”, claro).  Hoy la formación cultural y las sensibilidades políticas nada tienen que ver con las de 1978.  

   Tengo la impresión de que el señor Rajoy teme la votación en Canarias. Supongo que manejará estudios, encuestas secretas, trabajos de calle, o a la peor es una cuestión de autoridad, tan cara al señor Rajoy. Pero en un Estado democrático, de pureza democrática, un Gobierno debe ser rigurosamente respetuoso con las reclamaciones populares (que no es un referéndum, insisto), sobre todo cuando se le pide desde la calle. Y eso, en vísperas, exige inteligentes planteamientos.