La Constitución y las leyes, al parecer, indican que debe votarse en el Parlamento del estado español la Ley Orgánica que confirma la abdicación del Jefe del Estado "a título de rey", que diría Franco. Pero a quien vote en contra o se abstenga en esta votación, se le advierte de que está adoptando una actitud contra la misma Constitución que establece la votación. Esto no se puede entender más que contemplando las muchas contradicción que se derivan de un sistema que "llaman democracia y no lo es".

Son las incosistencias democráticas de esta Constitución las que han generado el vendaval de maliterpretaciones que nos angustia ahora. Porque una y otra vez se nos llama al respeto a las formas y a una Constitución que cuestionamos. La votación de la Ley Orgánica de la abdicación se ha convertido en una votación sobre la misma conveniencia de una reforma profunda -o mejor, la búsqueda de una nueva- de la Constitución.

Y este martes 11 de junio, una amplia mayoría, un 90% de los y las supuestos representantes de los pueblos que nos debatimos en el estado español, van a aprobar la Ley, lo que se entiende como un respaldo a la Constición del 78 y a la forma monárquica de ese estado. Pero lo que ocurre es que entre los pueblos que nos debatimos en el estado español, existe una gran cantidad de gente que estamos en contra, tanto de la propia Constitución, como de la misma monarquía. Desde luego, esa cantidad de gente somos más -mucho más- que el  10% de diputadas y diputadas que votarán en contra o se abstendrán en el Congreso. No podemos saber cuántas personas somos, porque en ese ejercicio sublime de la democracia, se nos niega el derecho a que se convoque una consulta que aclare sin dudas las distintas proporciones. Pero las movilizaciones ciudadanas y las encuestas indican que cerca de dos quintas partes de las poblaciones de este estado demandamos un proceso constituyente. Es decir, que, siempre elucubrando, a falta de un referéndum que aclare las cosas, cerca de un cuarenta por ciento de la gente está representada, formalmente, por un diez por ciento de parlamentarios y parlñamentarias. O, dicho de manera más ácida, nueve de cada diez votos en el Congreso estarán avalados solamente por seis de cada diez personas. Por eso decimos con tanta razón, que no nos representan, que no.

Nos dicen que no se puede estar cuestionando a cada generación una Constitución, que ya fue votada ad aeternum en el 78 del siglo pasado. Una afirmación cruelmente falaz, porque ignora aspectos fundamentales de la cuestión. La votación del 78 se produjo en circunstancias excepcionales, que viciaban la expresión de la libre voluntad de una gente que acababa de sufir el tormento de cuarenta años de feroz dictadura. Y, sobre todo, el consenso del 78 era un pacto. Se aceptaron una serie de formalidades -monarquía, bandera, himno- a cambio de una serie de garantías políticas, libertades ciudadanas y derechos sociales. 

Y el consenso ha sido violado por la otra parte. Las garantías políticas han sido truncadas, como demuestra que amplias capas de población se queda sin voz, sin representación parlamentaria: las libertades ciudadanas son arrolladas a cada momento, en un sistema que favorece al poderoso, persigue al débil y masacra al díscolo. Y, de los derechos sociales... mejor ni hablamos, porque se pone uno a llorar. Basta con examinar los titulares de prensa, día a día.

Nos impusieron una monarquía que se aceptó, porque se dijo que se trataba de una "monarquía parlamentaria". Pero lo que se ha sufrido en realidad es una monarquía sátrapa, cuya cabeza, inviolable, puede conducirse de la manera que quiera, sin ninguna reprensión, saliendo del paso, como mucho, cuando el escándalo se hace estremecedor, con aquello de "me he equivocado, no volverá a ocurrir". Una monarquía que, decían, renunciaba a una corte, pero que ha propiciado la existencia de una maraña de conspiraciones y complacencias, cuya cúspide la ocupan el duque y la duquesa de Lugo, pero de cuyas proporciones no podemos enterarnos, aunque lo sospechamos. con bastante razón. 

Una monarquía de la que la persona que ha ocupado la Jefatura del Estado, según nos dicen, ha hecho muchas cosa buenas. Y es posible. Pero lo que no se puede negar que las acciones positivas -si las hubiera- nunca pueden justificar ni hacer buenas las negativas. 

Y un sistema político que se apoya en unas leyes electorales absurdas y en la complacencia con el incumplimiento de las normas, cuando no directamente con el delito, para aceptar que partidos que obtienen mayorías relativas de votos, merced a campañas financiadas con dinero oscuro, detenten mayorías absolutas y actúen de facto como una dictadura sin restricciones.

Por eso pedimos, no la república por la república, sino la república como plasmación de las garantías, libertades y derechos que nunca hemos disfrutado a plenitud, pero que nos recortan lo poco que ha habido y, encima nos insultan diciéndo, con mentira, que sí están en vigor.

Ni es democracia, ni nos representan.

Chema Tante