La controvertida Noemí Santana y los servicios sociales en Canarias

Antonio Aguado, coherente veterano militante socialista *

Después del pacto de las flores (que terminaron marchitas), aproximadamente a los siete meses de tomar posesión de su cargo como consejera de Política Social, a Noemí Santana le hicieron una entrevista radiofónica que escuché en directo. Cuando el periodista le preguntó por qué en Canarias el expediente administrativo para poder acogerse las personas a la Ley de la Dependencia, tardaba una media de tres años, cuando en otras comunidades autónomas o nacionalidades, ese trámite lo solventaban y empezaban a prestar los servicios necesarios en seis o siete meses. Ella contestó que todo era porque al llegar a la Consejería se encontró con un programa informático que había costado un millón de euros, pero que era inapropiado e inservible.

Sin embargo, no manifestó y peor aún, no denunció ante la fiscalía esa como mínimo malversación de fondos públicos de los anteriores responsables de la Consejería. Estuvo toda la legislatura eludiendo sus responsabilidades, que siempre atribuía a sus antecesores. Ahora en esta legislatura por su “magnífica trayectoria”, su grupo político Unidas Podemos le ha premiado con un cargo de diputada en el Congreso del Estado.

Su vida política la empezó de la mano de Román Rodríguez de Nueva Canarias que, contó con ella en un cargo de libre disposición (enchufada), para que se pusiera en el Cabildo de Gran Canaria al frente del departamento Trenes de Gran Canaria (menudo despropósito e inútil pero muy costoso proyecto, en principio partiendo con un  presupuesto de 2.650 millones para un trayecto de poco más de 57 kilómetros al Sur de la isla). Cuando hay otras fórmulas muchos más eficaces y económicas. Además de versátiles, mediante las guaguas articuladas y ecológicas que pueden ser derivadas a cualquier punto de la isla donde se demande. 

Y en el caso de los servicios socios-sanitarios por ser esenciales y directos, deberían ser transferidos con todos los recursos, a la Administración más cercana a la ciudadanía, como son los ayuntamientos, conocedores de los problemas y necesidades de sus vecinos. Por supuesto, para que éstos no sufran desarraigo, los servicios que se les preste tendrían que ser en su entorno más inmediato. Es absurdo, que haya varias administraciones como la Comunidad Autónoma y los cabildos, con competencias en la materia.

En consecuencia, gran parte de los presupuestos se emplean en pagar la nómina de los empleados públicos de las referidas administraciones, sin que eso suponga mayor eficacia y agilidad. Todo lo contrario, pues el aparato burocrático-administrativo se suele multiplicar. A todo esto se añade, la externalización o conciertos de los servicios de las residencias públicas con empresas privadas. E incluso algunas regidas por monjas, con lo que eso significa del trato aleccionador que en muchos casos les suelen dar a sus pacientes, que por sus edades avanzadas y en gran medida padecimientos físicos son muy vulnerables ante estas profesionales religiosas.

* Gracias a Antonio Aguado Suárez