Desobediencia civil y democracia en Cataluña - por Erasmo Sánchez García *

Los acontecimientos de estos últimos días en Barcelona donde un millón de personas según la guardia urbana de Barcelona se ha manifestado en la Diada a favor del referéndum (350.000 según la subdelegación del gobierno), sugieren la siguiente reflexión. 

Los promotores del referéndum en Cataluña se han saltando la legalidad. Lo hemos escuchado hasta la saciedad estos días por representantes de todo signo político. Representantes políticos, tertulianos, politólogos, pseudo-periodistas, todos ellos denuncian la falta de legitimidad democrática de la convocatoria argumentando que ésta es ilegal. (Al fin y al cabo, un referéndum solo puede ser convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados -Artículo 92.2 de la Constitución Española). Ahora bien, ¿es correcto identificar legalidad y legitimidad democrática?.

Como regla general así es, sin lugar a dudas. La ley es expresión de la voluntad popular, es la voz del pueblo expresada a través de la voluntad de sus representantes, y por tanto, no aceptar los postulados de una ley equivale a no aceptar las reglas de la democracia. 

Pero, qué ocurre cuando la ley se opone frontalmente a aquello que la sociedad o una parte significativa de la misma considera como justo o correcto, entrando en conflicto con las convicciones éticas fundamentales, las más íntima, las más elementales. No cabe duda, a raíz de las multitudinarias manifestaciones, que una parte significativa de la sociedad catalana considera una injusticia no poder decidir sobre si seguir o no seguir dependiendo políticamente del estado español, y que el denominado derecho de autodeterminación, se asienta para ellos en este sustrato ético fundamental.

¿Se puede afirmar en este contexto que es antidemocrático convocar un referéndum por el simple hecho de ser contrario a la legalidad?. Sin entrar en valoraciones personales -pues mi opinión carece de relevancia-  he de decir que la filosofía del derecho no lo tiene tan claro. 

Para ello hay que acudir a la denominada doctrina de la “desobediencia civil”, formulada originalmente como el derecho de la “resistencia a la opresión”.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, lo recogía por primera vez en su artículo segundo: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

A diferencia de lo que ocurre en algunos países de nuestro entorno,  en nuestro ordenamiento jurídico apenas aparecen referencias a la desobediencia civil. 

Hugo Adam Bedau (profesor de filosofía de la Tufts University en Massachusetts), lo define así: “Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, sus actos son ilegales, públicos, no violentos y conscientes, realizados con la intención de frustrar leyes, programas, o decisiones del gobierno, apelando a principios éticos, con aceptación voluntaria de las sanciones y con fines innovadores”. (On Civil Disobedience; Journal of Philosophy).

Partiendo de este concepto, no cabe duda de que lo que estamos viendo en Cataluña estos días es la expresión más pura de desobediencia civil. Nadie puede negar que a los promotores de la convocatoria les resulta indiferente las consecuencias jurídicas de sus actos, siempre que se lleve a cabo el referéndum. No atienden a los requerimientos del gobierno que amenaza con suspender la autonomía en aplicación del ya archiconocido artículo 155 de la Constitución, ni a las amenazas de procesamiento por delitos de desobediencia. Al fin y al cabo, celebrar el referéndum, acto pacífico pero ilegal, es lo que en conciencia consideran justo.

Es precisamente la asunción sin complejos de las consecuencias lo que califica la desobediencia civil. El que desobedece, lo hace en conciencia, y por ello asume convencido las sanciones que se deriven de sus hechos. Martin Luther King opinaba al respecto “un individuo que viola la ley que su conciencia le dice que es injusta y voluntariamente acepta la pena quedándose en la cárcel, para despertar en la comunidad la conciencia de la injusticia, está expresando, en realidad, un enorme respeto por la ley. “Letter from Birmingham City Hall”.

Fijado el concepto cabe preguntarse ¿es contraria a la democracia la desobediencia civil?. Para responder a esta pregunta nada mejor que escuchar a las voces autorizadas en la materia:

El profesor Francisco Javier Lucas Martín (catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia) opina lo siguiente: “Parece evidente que si Derecho y ley no se identifican, cabe la posibilidad de que la desobediencia a la ley no suponga necesariamente desobediencia al Derecho, o incluso que desobedezcamos la ley para no desobedecer el Derecho”. (¿Por qué obedecer las leyes de la mayoría?, Ética y Política en las sociedades democráticas).

Otro catedrático de Filosofía del derecho, en este caso de la Universidad de Castilla la Mancha, el profesor Luis Prieto Sanchís, es más contundente: “La desobediencia puede merecer una sanción jurídica, pero en su conjunto puede considerarse leal con el sistema de legitimidad democrática”. (La objeción de conciencia como forma de desobediencia al derecho).

Para estos autores la desobediencia civil puede tener cabida en democracia, siempre y cuando se actúe en defensa de la libertad de conciencia. Esta libertad de conciencia es lo que justifica otra institución íntimamente ligada con la desobediencia civil, como es la objeción de conciencia. (Protegida de forma genérica dentro del derecho a la libertad ideológica del Artículo 16 de la Constitución y en concreto para la objeción al servicio militar en el 30.2 del mismo texto).

No es mi intención con estas lineas defender la convocatoria, ni a sus promotores. Tampoco fomentar la anarquía, ni un llamamiento a la insumisión. Sin embargo, la conclusión es clara, afirmar categóricamente que la convocatoria al referéndum es antidemocrática por el hecho de ser ilegal, y máxime después del apoyo social mostrado en las manifestaciones de la Diada, me parece cuando menos falta de rigor, y requiere de un análisis más sosegado que se alejen de las opiniones simplistas a las que estamos tan acostumbrados.

* En La casa de mi tía por gentileza de Erasmo Sánchez García