Dignificación de las Fuerzas de Seguridad - por Nicolás Guerra Aguiar *

Allí donde haya seres humanos hay corruptelas. De cuando en cuando las instituciones son noticias destacadas de periódicos e informativos a causa, precisamente, de comportamientos contrarios a la ley... pero hipotéticos hasta la sentencia judicial. Valga como ejemplo el titular de una portada (Diario16, octubre 2018): “El juez que destapa la corrupción de la Justicia en España denuncia una agresión” por parte del abogado de un fiscal a quien llevó a los tribunales por supuestas irregularidades.

  A veces las corrupciones se identifican con el propio sistema político; otras, están vinculadas a personas con poder legitimado en las urnas o cercanas a partidos. En el primer caso los denunciantes son encarcelados (eche un vistazo, estimado lector, a las denuncias de Amnistía Internacional). En el segundo cabe la posibilidad de que algunos sospechosos sean condenados. No todos, por supuesto.

  Pero en España hemos visto a cuñados, exalcaldes, exministros, banqueros, presidentes de empresarios y otros delincuentes de cuello y corbata entrar en prisión tras investigaciones de la Policía y la Guardia Civil. Fueron indagaciones tan minuciosas, coherentes, documentadas y escrupulosamente legales que famosos despachos de abogados no pudieron rebatirlas...

  Lo cual, dicho sea de paso, tiene su aspecto positivo en la formación judicial ciudadana. No enriquecen nuestros bolsillos, pero sí el corpus lingüístico: soborno, cohecho, prevaricación, vulneración dolosa, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, revelación de secretos, blanqueo de dinero, falsedad documental, desaparición de pruebas, financiación ilegal, fraude fiscal, espionaje, tramas para delinquir… son palabras y locuciones ya familiares.

 Que algún Gobierno use el poderosísimo entramado de las Fuerzas de Seguridad del Estado para sus intereses de partido (desprestigio del contrincante) o personales (ilícitos enriquecimientos) es algo rigurosamente ajeno no solo a la ética profesional mayoritaria de hombres y mujeres pertenecientes a la segunda institución sino, además, contrario a la tranquilidad de los ciudadanos. Estos son, constitucionalmente, miembros (artículo 1) de “un estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

  Vaya por delante algo irrefutable: las cloacas de minoritarios sectores policiales españoles han desprendido este año tanta masa fétida -siempre dentro de lo hipotético- como durante los inmediatos anteriores, no caracterizados precisamente por incitantes aromas, fragancias, perfumes, efluvios, esencias.

  Mas, ¿quién bajó a putrefactos desagües para, con la dignidad profesional en la mano, investigar qué y quiénes eran sospechosos de la descomposición ética? La respuesta es clara: las mismas Fuerzas de Seguridad al servicio del Estado de derecho. Por tanto, no hay sospechosa descomposición policial... pero sí personas dentro de la estructura cuyos comportamientos profesionales son, al menos, supuestos delictivos.

  Así pues, la potencial creación de la “policía política” por el Gobierno anterior no es abuso de poder, voluntad antojadiza o desvergüenza, es mucho más: se convierte en elemento altamente explosivo como las bombas atómicas lanzadas sobre Hirosima y Nagasaki. Si ambas ciudades japonesas fueron radicalmente destruidas, la esencia democrática de nuestro país habría volado por los aires si Policía y Guardia Civil no hubieran actuado con diligencia, rectitud ética, inteligencia y desapasionamientos ideológicos para echar por tierra falsos y amañados informes de colegas que se habían puesto -suposición- al servicio de sucios intereses del Gobierno pepero. Cumplida su función, el “imperio de la ley” (art. 117) está ahora en manos del poder judicial, segunda parte.

  Día a día vamos sabiendo más del aparente entramado gracias también a otra institución llamada “prensa libre, prensa digna y tanto más digna cuanto más libertad tiene” (Nicolás Salmerón y Alonso, dimitido presidente de la I República Española). Así, el periódico La Vanguardia (7.4.2019) publica una crónica bajo el titular “La Policía atribuyó al régimen de Chávez la fundación de Podemos” y subtitulada “Interior utilizó a la UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal] en el intento fallido de judicializar la investigación”.

  Y por si el venezolano señor Maduro no era argumento suficiente para sus fines, añade el periódico que las “investigaciones” también vinculan a Podemos con Hizbulá (formación con brazo armado), las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la caída del imperio romano y el narcotráfico. (¡Menudos angelitos de Dios el señor Iglesias y correligionarios, tan seriecitos que parecían, rojos comunistas!) Sus orígenes se pierden en la memoria del tiempo pasado: acaso nacieron con los ejércitos rebeldes de Lucifer cuando se levantaron contra el poder de Dios. Por tal razón J.P Sartre, maleante marxista, lo adelantó: “El infierno no existe, pero lo crearán los podemitas”. ¡Bien lo sabía el bolchevique franchute! ¡Deberían prohibirles cantar saetas en la procesión del Silencio!

  No hay Estado perfecto. Homo homini lupus est (‘El hombres es el lobo del hombre’ o ‘para el hombre’-)  es locución latina puesta de moda por un filósofo. Lo cual nos permite mantener una sospecha: algunos gobiernos arribados al poder a través de las urnas no creen en el sistema democrático o, al menos en apariencia, intentan extirpar el normal desenvolvimiento de la misma voluntad popular como fue el revolucionario inicio de Podemos, revolucionario pero no necesariamente violento como ha demostrado. La guerra sucia contra Podemos -sospéchase- comenzó desde su acceso al Parlamento Europeo tras la decisión tomada por cuatro millones de votantes. Y cundió el pánico cuando el señor Iglesias dimitió como eurodiputado para entrar en la política española. Pero todas las denuncias e investigaciones contra Podemos -todas todas- han sido judicialmente rechazadas.

  La aparente creación de la “policía patriótica”, pues, vino a ser como la recuperación de la Brigada politicosocial franquista para utilizar a policías, dinero y estructuras de poder contra Podemos e, incluso, contra el señor Bárcenas, víctima también de  una “trama policial diseñada para sustraer al extesorero documentación sensible del Partido Popular” (OKDiario, abril 2019).

  En definitiva: la degeneración profesional de minoritarios sectores policiales o guardiaciviles no oscurece el servicio que ambos órganos hacen a la estructura democrática de nuestro sistema político. Sin ellos no habría impactantes -y a la vez relajantes- portadas de periódicos. Por su dignificación debe llevarse hasta el final la investigación interna.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar