No es la gripe, ni la COVID, lo que pone en peligro la sanidad pública, es la ley y la corrupción

Carlos Martínez, secretario general del Partido Socialista PSLF, expresidente de Attac España, politólogo *

La destrucción de sanidad pública y su conversión en negocio privado es un objetivo político de primer orden emanado desde ideologías neoliberales y derechistas al que todos los gobiernos europeos y la propia Unión Europea contribuyen. La privatización de los servicios públicos y del sector público es ley en la Unión Europea, anteriormente llamada Mercado Común Europeo y cuya regla de oro es favorecer el mercado y no a los pueblos de Europa.

En el caso del estado español la vigente Ley General de Sanidad 14/1986 ya lleva en su seno artículos como el 90 y 91, que incitan y promueven la privatización, extremados en reformas posteriores al primer texto legal o ley LLuch. Tenemos de hecho una ley posterior, del periodo Aznar, la ley 15/1997 de 25 de Abril, con un solo artículo pero con el objetivo claro de posibilitar que las autonomías privaticen y/o externalicen servicios. Por tanto la privatización, la dejación de funciones y el abandono público tienen una maraña legal que los hacen posibles.

Es pues necesario exigir del gobierno la derogación de los artículos de la ley general de Sanidad 14/1986 y la ley 15/97 al objeto de exigir a las comunidades autónomas que se tomen en serio su labor y dejen de cometer crímenes de forma constante y contra cientos de miles o millones de ciudadanas y ciudadanos. El problema no es regular las mascarillas o bajas voluntarias, es derogar y/o cambiar la ley y proteger de una vez a millones de personas de las clases populares víctimas de la corrupción y el latrocinio de contratos privados y privatizaciones. Si las autonomías nos pueden matar, es porque es legal.

Puestos a tener una bronca más con las derechas, se tiene con fundamento y para ello se nacionaliza de una vez la sanidad pública. Quien quiera médico particular, que se lo pague.

La realidad es que todos los partidos del arco parlamentario, todos insisto, son cómplices de esta situación, unos por acción y otros por omisión.

Margaret Tatcher, escribo una vez más, es la inventora de la situación que vivimos y el PP descarada y consecuentemente lo ejecuta. Veamos, se abandona poco a poco los servicios públicos de salud, con un deterioro lento pero constante y durante varios años, cerrando quirófanos, mal pagando médicos y al resto del personal sanitario, se contratan las limpiezas a servicios externos con malos convenios y peores condiciones, se externalizan analíticas, se desatiende y vacía de contenido la atención primaria… Se deteriora el sistema y a la vez se potencian campañas publicitarias de seguros privados baratos y se transfiere de formas diferentes dinero y atención médica a empresas privadas. Poco a poco la llamada clase media, ese sector poblacional inventado por sociólogos anglosajones, pero que tiene marcada a fuego la estupidez y el borreguísimo colaboracionista de millones de personas trabajadoras que se creen ser algo más, es convencido fácilmente al efecto de hacerse un seguro privado, pues es necesario, importante y selecto. Se potencia y crea una sanidad de dos condiciones, la de los pobres y la de los privados y negocio es redondo para las multinacionales del sector.

Aquí en el reino de España el trumpismo no monta cruzadas contra la sanidad pública como en los EEUU diciendo que es algo socialista, no aquí desde las administraciones se privatiza y destruye poco a poco y de paso surgen grandes y pingues negocios privados.

Lo peor es que en el ajo están también personas que usurpan la palabra socialista o ser de izquierda, pero que hacen políticas de derechas, que están compradas y/o corrompidas material e ideológicamente o populistas “progresistas” vinculados a las grandes multinacionales farmacéuticas.

Por eso afirmo que todo es mentira, nos mienten los globalistas españoles. Mientras que no sean derogados artículos de la ley general de sanidad y la ley 15/97, así como que se refuerce y de verdad el Sistema Nacional de Salud y se analice exhaustivamente cual ha sido la gestión sanitaria de las Comunidades Autónomas nada es verdad. Por cierto la fiscalía general del estado, la justicia, si es que eso existe para las y los trabajadores, debiera investigar que está ocurriendo en esa gran estructura de corrupción, negocios oscuros, mentiras y robos descarados que es la gestión sanitaria en el reino de España. 

Mientras con una atención primaria ya desmontada y un personal justamente harto, los virus, toda clase de virus avanzan y amontonan a las clases populares en las urgencias y los pasillos de los hospitales públicos.

Necesitamos acabar ya, con tanta corrupción y tanto crimen. El debate no son mascarillas sí o no, tampoco es más personal, por supuesto hace falta mucho más y mejor pagado: el debate es derogar o no derogar las leyes que permiten destruir la sanidad pública y convertirla en un negocio.

 * Gracias a Carlos Martínez