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Lo mataron por negro y por pobre

Canarias, 2025

Antonella Aliotti 

Feminista Radical y Antirracista 

Defensora de la Casa Común

 Activista de DDHH y Sociales 

El sábado 17 de mayo de 2025, cinco policías nacionales dispararon y mataron a un joven negro de 18 años en el Aeropuerto de Gran Canaria. Lo ejecutaron. No hay otra palabra. A quemarropa. A balazos. A plomo. Le dispararon cinco veces. Su cuerpo cayó, se convirtió en otro cadáver anónimo del racismo institucional.

La versión policial —una navaja, un intento de atraco— fue repetida sin cuestionamiento por los grandes medios. Pero la calle, la gente, la memoria popular no se traga ya esa narrativa. Porque Canarias se está convirtiendo en un laboratorio brutal de lo que es la frontera sur de Europa: una mezcla de racismo, aporofobia y represión sistemática.

No fue un caso aislado. Fue un patrón.

Los datos lo muestran. En 2023, según el Ministerio del Interior, los delitos de odio en Canarias crecieron un 25%. La mayoría por motivos raciales o étnicos. En 2024, al menos tres denuncias por abusos policiales a menores migrantes no acompañados fueron archivadas sin investigar. En Las Palmas, dos agentes fueron condenados por agredir con insultos racistas a jóvenes negros en enero de ese mismo año. Nada de esto abre telediarios.

Mientras tanto, en los barrios más empobrecidos de Tenerife y Gran Canaria, crece la aporofobia: ese odio clasista que convierte la pobreza en delito. Si eres pobre, ya molestas. Si además eres negro, ya eres un peligro. Si eres mujer, aún peor: la invisibilización, la sobreexplotación, los abusos sexuales en los centros de menores, todo eso se multiplica. Porque el sistema patriarcal, colonial y capitalista no perdona.

¿Quién era ese joven?

Era un chaval de Gambia. Un país con un 70% de jóvenes desempleados. Con una dictadura hasta hace nada. Con represión, con pobreza extrema. Cruzó un continente. Sobrevivió al mar. Llegó con la esperanza de una vida mejor. No fue recibido con asilo, ni con techo, ni con acompañamiento. Fue dejado a la intemperie institucional. Como tantos. Como miles.

En Canarias hay ahora más de 4.000 menores migrantes no acompañados. Muchos viven en condiciones precarias, durmiendo en colchonetas en centros sin personal cualificado, sin intérpretes, sin afecto. Y sí, algunos acaban teniendo conductas autodestructivas o desesperadas. Pero cuando un chaval blanco de 18 años tiene un brote, se le contiene. Cuando es negro y pobre, se le mata.

La calle respondió.

El 22 de mayo, cientos de personas salieron a manifestarse en Las Palmas bajo un grito común: Esto no es un hecho aislado, es violencia estructural. En la pancarta principal se leía: “Nos están matando. Nos defenderemos.” Feministas, colectivos antirracistas, vecinas de los barrios, madres migrantes, juventud sin futuro: todas juntas.

Porque esto no va solo de “exceso policial”. Va de un sistema que criminaliza la pobreza, que racializa el miedo, que convierte la frontera en trampa mortal. Un sistema que se sostiene sobre los cuerpos sacrificados de quienes nunca fueron invitados a tener derechos.

No fue un loco. No fue un incidente. Fue un asesinato social.

Y no lo olvidaremos.