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viernes, 29 de marzo de 2024 08:39h.

Una muerte barata. Recordando al pobre Philip - por Antonio Aguado Suárez

Con el argumento de la crisis, estamos siendo sometidos a todo tipo de desprecios y vejaciones, muchas cometidas con la anuencia o complicidad de las mismas instituciones, que dicen representarnos, que sin asumir responsabilidades, se desentienden o “miran para otro lado”, cuando no dictando leyes como la reforma laboral, que ha dejado más indefensos y con menos derechos a los trabajadores, ante los empresarios.

Una muerte barata. Recordando al pobre Philip - por Antonio Aguado Suárez    

Con el argumento de la crisis, estamos siendo sometidos a todo tipo de desprecios y vejaciones, muchas cometidas, con la anuencia o complicidad de las mismas instituciones, que dicen representarnos, que sin asumir responsabilidades, se desentienden o “miran para otro lado”, cuando no dictando leyes como la reforma laboral, que ha dejado más indefensos y con menos derechos a los trabajadores, ante los empresarios.

Ésta gran crisis, producida desde y por el propio sistema, al que Sarkosy, hipócritamente dijo que había que cambiar, en realidad se está manifestando a favor del propio sistema y de quienes lo sustentan y en contra de los más humildes y desfavorecidos, hasta el extremo de incrementar ambos segmentos, ricos y pobres y agudizar sus injustas diferencias.

No existe sensibilidad ni voluntad política, para hacerle frente a problemas de suma gravedad como es el caso de los desahucios, que está creando mucha angustia a miles de familias y el drama ocasionado por suicidios cometidos por personas afectadas en el desalojo de sus viviendas. En estos casos, a los responsables de esas muertes por acción u omisión, le han salido gratuitas.

O no se dictan leyes para hacerle frente sin “paños calientes” y con todas las consecuencias, como podría ser la dación en pago de la vivienda, ante la imposibilidad de pagar su hipoteca, o se dictan otras, que deterioran servicios básicos y esenciales como la sanidad, que limita o condiciona (imposibilita a los inmigrantes) el acceso y uso de la misma, con todo el riesgo que conlleva, incluido como ya ha ocurrido la propia muerte. Pero no importa, éstos dirigentes políticos de la derecha, por mucho mal que hagan, como buenos católicos y para resarcirse, consideran suficiente hacerlo dándose  golpes de pecho.

La ley de tasas judiciales, que limita la justicia a los pobres y ya como colofón la reaccionaria Ley Wert, que nos retrotrae al infame nacional catolicismo, son otras de las que imponen y marcan arbitrariamente las diferencias entre ciudadanos.

La desesperación como consecuencia de la perdida de trabajo y sobre todo de la vivienda, debido a desahucio, está llevando a los afectados a situaciones extremas, hasta el punto de poner en peligro o quitarse la vida. Después de un corto periodo de tiempo, la noticia se olvida y los responsables de esos dramas siguen, como si no hubiera ocurrido nada, dando la impresión que las muertes han sido poco o nada costosas.

Recientemente se ha pronunciado el Tribunal Supremo, acerca de la muerte del menor Philip ocurrida en noviembre de 2004, mediante suicidio (asfixiándose con una bolsa, versión que sus padres cuestionan). La sentencia contempla condena de un año y medio a un vigilante que maltrató, humilló y amenazó al menor y de un año a otro vigilante y una cuidadora, por la indiferencia mostrada.  A los tres se les inhabilita por ocho años y al pago de las costas.

Al Gobierno de Canarias, como responsable de las instalaciones del Centro de Menores Nivaria, se le condena por su responsabilidad civil subsidiaria al pago de 60.000 euros a los padres de Philip, por el daño causado. ¡Que poco cuesta la vida de una persona!.

¿Qué delito había cometido el pobre Philip?. ¿Cómo a un chico con hiperactividad, se le interna en este tipo de instalaciones, con un régimen y funcionamiento cuasi carcelario?. En el año 2004, estábamos en “plena bonanza económica” y no existía la excusa de la crisis, para externalizar (privatizar), el servicio de vigilancia y custodia, sin embargo lo estaba y como se ha podido comprobar, no bien atendido y la profesionalidad brillando por su ausencia.

Lo cierto es que éste pobre chico ha fallecido trágicamente, en un centro que debía protegerle y asistirle para lograr una adecuada rehabilitación, pero la realidad es que estaba viviendo una autentica pesadilla, que le llevó como parece, a quitarse la vida.

Me imagino como tuvo que pasar sobre todo sus últimos días, viéndose impotente ante tanto mal trato, abusos y humillaciones que estaba padeciendo. No se trata de venganza, pero si justicia. La impartida por la Audiencia Provincial de Tenerife y ahora confirmada por el Tribunal Supremo, no parece suficiente para los hechos tan graves acaecidos.

Pero igualmente existen responsabilidades políticas, no en vano, estamos hablando de unas instalaciones públicas, adscritas a la Dirección General del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias y lo más probable es que los políticos responsables de aquel entonces, no fueron ni han sido hasta ahora, depurados y apartados de cualquier otra responsabilidad pública.

Éstos políticos que nos gobiernan con sus comportamientos y leyes, están llevando a la desesperación a muchas familias y personas, que no tienen o se atreven a darles (sin violencia), una respuesta adecuada y cuando un grupo más reivindicativo, les hace frente mediante el escrache, se quejan hasta el extremo de acusar de terroristas o fascistas a quienes lo protagonizan.

Saben que la Sociedad es paciente y resignada, para seguir cometiendo en su contra todo tipo de arbitrariedades e injusticias.  ¿Hasta cuando?.

Antonio Aguado Suárez