Aunque no haya sentencia, el auto del juez Ruz deslegitima al partido llamado popular - por Chema Tante
Rajoy está obligado a dimitir, como su ya ex ministra Mato, a disolver cámaras y convocar elecciones. Su gobierno es ilegítimo. Y lo mismo cabe decir de otros gobiernos sobre quienes, por sus excesivamente altos gastos, caben grandes sospechas de financiamiento irregular. (Por usar un calificativo discreto). Esto implica tanto al Pp, como al PsoE, como a CiU o a la Coalición nada canaria
Aunque no haya sentencia, el auto de Ruz deslegitima al partido llamado popular - por Chema Tante
Rajoy está obligado a dimitir, como su ya ex ministra Mato, a disolver cámaras y convocar elecciones. Su gobierno es ilegítimo. Y lo mismo cabe decir de otros gobiernos sobre quienes, por sus excesivamente altos gastos, caben grandes sospechas de financiamiento irregular. (Por usar un calificativo discreto). Esto implica tanto al Pp, como al PsoE, como a CiU o a la Coalición nada canaria
El juez Ruz lo dice claro, por escrito. "Además de la ministra Mato, el Partido [llamado] Popular se beneficiaron de los fondos delictivos de la trama Gürtel" Rajoy debe saber que en política, los temas no se dilucidan como en la justicia. En política basta con los indicios, cuando son fundados e insistentes, como los que frevela el juez Ruz. En política no juegan los subterfugios que las garantías permiten en el ámbito de los tribunales. En política no se necesitan pruebas ni se puede recurrir a triquiñuelas. Es que, además de estos dictámenes judiciales
Las evidencias son abrumadoras. El partido llamado popular recibió ingentes fondos del delito de la Gürtel. Todo el mundo sabe que recibió muchos más, pero, para el caso, basta con esto de los amigos Correa y el Bigotes. El partido llamado popular sabía que era corrupto ese dinero con el que pagaba esbirros, compraba voluntades, acondicionaba sedes, pagaba comunicaciones y financiaba sus fastuosas, estimulantes y mentirosas campañas electorales.
De esa manera ha llegado al poder, en el estado, en las nacionalidades y regiones, en los ayuntamientos, diputaciones y cabildos- De una manera pagada, no democrática. Por tanto estos gobiernos han sido y son ilegítimos. Pero, además, esos gobiernos han nombrado tribunales que dictan sentencias a sus conveniencias. Y aquellas campañas han llevado a los parlamentos, cabildos, diputaciones y ayuntamientos a gente que producen normas y leyes a su antojo.
Por tanto, la desobediencia a las decisiones gubernamentales a leyes y sentencias malintencionadas es lícita.
Este monumental desbarajuste solamente puede arreglarse con la disolución de cámaras y la convocatoria de elecciones constituyentes. Una elecciones en todas las instancias, del estado español, hacia abajo.
Lo lógico, lo natural, lo democrático es que las inminentes elecciones locales, en mayo, lo sean en todos los niveles. Y que sea lo que la gente quiera.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417003121_995645.html