Pensando en Santa Cruz (III) La falta de vivienda o el fracaso de la política - por Eloy Cuadra

lacasademitia.opennemas.com 18 de mayo de 2019 (08:50 h.)

Pensando en Santa Cruz (III) La falta de vivienda o el fracaso de la política - por Eloy Cuadra, guardia civil, escritor, activista social y candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el partido Por un Mundo más Justo (M+J)

Tercera entrega de mi programa base para las Elecciones Locales en Santa Cruz de Tenerife. La vivienda, y su carestía, un tema recurrente en mis años de activismo social, drama generalizado con múltiples consecuencias para la sociedad y paradigma claro del fracaso de la política en nuestros días. Bastará con poner en común algunas realidades (no se construye vivienda pública desde hace años; aumento del precio de la vivienda, disparado si hablamos de alquiler; sin control ni regulación en el alquiler vacacional; Visocan empresa pública de vivienda: ejemplo de mala gestión y falta de humanidad; no se da uso al amplio patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento; ausencia de medidas fiscales de bonificación o gravamen para las en torno a 15.000 viviendas vacías que hay en el municipio; sin oficina pública intermedidadora en los desahucios; ayudas al alquiler insuficientes; paro elevado, paro juvenil aún más alto, tasas de pobreza entre las más altas de España, Prestación Canaria de Inserción casi inexistente; los sueldos más bajos del país; la Sanidad Pública más deficiente y saturada) y tendremos las resultantes. Y digo en plural, las resultantes, porque las consecuencias de este cúmulo de despropósitos son muchas.

Para empezar no hay relevo generacional, así de simple, la mitad de los jóvenes de Santa Cruz no trabajan, muchos ni estudian ni trabajan y los que trabajan lo hacen en su mayoría por sueldos precarios. ¿Cómo pretenden sus señorías que se emancipen y formen una familia con los precios actuales de la vivienda de alquiler? Luego vienen los estudios demográficos y nos sorprendemos cuando leemos que Canarias tiene el índice de natalidad más bajo del país -suerte que vienen inmigrantes si no aún sería peor-, y todavía tenemos que aguantar los incendiarios llamamientos anti-inmigración del señor Díaz-Guerra (PP), de los VOX y otros por el estilo. Entiéndanlo: nos estamos suicidando como comunidad si no somos capaces de invertir esta tendencia, y no lo lograremos si seguimos privando a los jóvenes del derecho básico fundamental que es la vivienda.

En cuanto a la salud, si la gente no tiene para pagar una casa o si todo lo que tiene lo dedica a pagar una casa, no hay para mucho más, así, en muchas familias no se come bien ni se come lo suficiente, ni hay para pagar recibos de suministros básicos, tampoco hay para tratamientos médicos privados, de modo que muchas han de contentarse con la Sanidad Pública canaria colapsada y eternizante. Y así tenemos las tasas más altas de obesidad infantil, de obesidad femenina, de muertes por diabetes y otras tantas parecidas, muchas en mayor o menor medida vinculadas a la precariedad y la falta de vivienda. Y la gente acaba muriendo a mitad de la vida, como sucede en la barriada que Visocan tiene en Geneto (La Laguna), 150 y pico familias malviviendo la mayoría sin recursos en continua amenaza de desahucio, 28 muertes en los últimos años, me cuentan, dos de ellos portada del Diario de Avisos de hace unos días, para mayor dolor de sus familias.

Y los niños… ¿acaso no sufren ya lo suficientecon una infancia llena de privaciones por la precariedad de sus progenitores, cuando en torno al 40% de los niños canarios viven en riesgo de pobreza y exclusión social? Porque sabemos lo que les pasa a muchos cuando sus padres se quedan sin casa: expediente en Menores y posibilidad de que los niños sean institucionalizados en un Centro separados de su familias. Esto es así aunque desde muchas administraciones lo nieguen y la propia Ley lo condicione, hay ayuntamientos que retiran niños a sus padres por problemas económicos. Ante esta realidad, nos encontramos con muchas madres que malviven con sus hijos donde pueden (en una casa ocupada, en una habitación prestada) y no se les ocurre ir a los Servicios Sociales por miedo a que se los quiten.

Son estos tres ejemplos, tres grupos humanos que ponen de manifiesto las consecuencias dramáticas que tiene la carestía de vivienda en nuestras ciudades, una problemática a la que no es ajena Santa Cruz de Tenerife. Con todo, no basta con apuntar las consecuencias, múltiples, y proponer soluciones, no. No está completa la labor de un concejal que se precie si no apunta a los culpables de este despropósito. Y los culpables no son otros que los gobiernos, todos, desde los más cercanos hasta los más lejanos. La falta de vivienda es el fracaso de los políticos, incapaces, cobardes, inoperantes ante la avaricia sin límites de nuestro capitalista modo de convivencia, y en muchas ocasiones cómplices activos, desregulando y facilitando operaciones privatizadoras a gran escala que dejan en manos de fondos buitre y otros inversores sin escrúpulos un derecho básico recogido en nuestra Constitución (artículo 47). La gente debe saber que el problema de la vivienda no deviene por accidente o por culpa del cambio climático, hay unos agentes activos sin cuya participación no habría sido posible, y son ellos, nuestros representantes públicos.

Así las cosas, el trabajo de la corporación municipal en el ámbito de la vivienda debería ser un aspecto central en el Ayuntamiento de Santa Cruz de cara a la próxima legislatura, para el grupo de gobierno y para cualquier concejal, a lo que sobra decir que si obtuviera el acta, por mi parte así sería. En cuanto a desarrollar posibles vías de acción, considero muy importante escuchar y apoyar a los que más han trabajado esta problemática y más han estado con las personas, que no pueden ser otros más que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, con medidas tan necesarias como la dación en pago retroactiva.

En cualquier caso, si queremos trabajar por el derecho a la vivienda en Santa Cruz de Tenerife, ese trabajo deberá pasar por estas DIEZ PROPUESTAS:

I.- La puesta en marcha de un servicio municipal de asesoramiento y defensa jurídica de afectados por desahucios de vivienda en propiedad o en alquiler, siempre que se cumplan determinadas condiciones de gravedad y falta de recursos. En este sentido, no puede ser que colectivos sociales como la PAH corran solos con el coste humano y económico que conlleva un proceso jurídico de desahucio, al ritmo al que se suceden los desahucios en la ciudad.
II.- La habilitación de soluciones habitacionales para familias desahuciadas de su vivienda habitual, ya sean en propiedad o en alquiler. En este línea, aparte de las medidas ya conocidas de pisos tutelados, centros para madres y ayudas de alquiler, proponemos explorar la vía de los hoteles, creando una red de hoteles solidarios que cedan habitaciones de emergencia durante algunos días para familias desahuciadas, a cambio de otro tipo de beneficios o bonificaciones (esto ya se ha puesto en práctica con éxito en otros municipios de España).
III.- Aumentar el presupuesto municipal destinado a ayudas al alquiler hasta un nivel adecuado a la demanda real de vivienda que sufre el municipio.
IV.- Aumentar el presupuesto municipal destinado a vivienda, al objeto de poner en uso habitacional buena parte del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento (en torno a 600 inmuebles), pensando, también en la habilitación de pisos tutelados que sustituyan progresivamente al Albergue Municipal.
V.- Regular el mercado del alquiler vacacional en lo que a competencias municipales se refiere, e instar a otras Administraciones a que hagan lo mismo en el ámbito de sus respectivas competencias, al objeto de bajar los precios de la vivienda en alquiler y hacer afluir más viviendas al mercado convencional, y también con vistas a que se regule una actividad que genera ingresos y como tal debe estar sometida a gravamen. En este sentido, fundamental una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con vistas a dar más seguridad a los arrendatarios y favorecer el retorno de vivienda del alquiler vacacional al de larga duración con precios asequibles.
VI.- Desarrollo de un planeamiento urbano para la ciudad que contemple y de solución al grave problema de la vivienda, a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife, todavía sin aprobar, en lugar de facilitar los pelotazos urbanísticos tan dados en otras épocas.
VII.- Llegar a acuerdos con otros municipios (bien con la habilitación de soluciones habitacionales, bien mediante aportaciones presupuestarias) para que sean solidarios con la masiva afluencia de personas sin hogar a Santa Cruz de Tenerife por hallarse aquí el Albergue Municipal, único en toda la isla.
VIII.- Habilitar medidas fiscales (bonificación y gravamen) y de otro tipo tendentes a poner en alquiler buena parte de las muchas miles de viviendas vacías que hay en el municipio.
IX.- Instar al Gobierno de Canarias a que cambie el modelo de gestión de la empresa pública Visocan, para que deje de funcionar casi como un fondo buitre y lo haga con criterios de servicio público e interés general en favor de la función social de la vivienda, y en su defecto, de no ser posible este necesario cambio en la gestión, exigir su disolución.
X.- Instar a la creación de una entidad pública de ámbito preferentemente supramunicipal (pudiendo estar participada por distintas administraciones) enfocada en el alquiler de vivienda, al estilo de lo que ya hay en otras CCAA (Alokabide en País Vasco). A través de esta sociedad se podría movilizar vivienda vacía para ser puesta en alquiler con las garantías de seguridad y las múltiples herramientas con las que cuenta la Administración Pública en detrimento del sector privado. También se gestionarían y habilitarían ayudas directas al alquiler para jóvenes y otros grupos necesitados de apoyo, avanzando en otras soluciones y propuestas encaminadas todas a hacer de la vivienda una función social, como así recoge la Constitución Española.