A Podemos sí le han hecho “lawfare”

José Antonio Gómez

DIARIO 16

La separación en piezas de las denuncias presentadas no hizo sino alimentar aún más la leyenda negra hacia los dirigentes de Podemos a los que se les acusó de corruptos, de cobrar sobresueldos, de trabajar con dinero negro, de ser una correa de transmisión del chavismo bolivariano en España, de contratar como asesoras a las cuidadoras de sus hijos

El “lawfare” no es exclusivo del independentismo catalán. También Podemos ha sufrido persecución judicial en causas que, al final, han tenido que ser archivadas porque no se han encontrado pruebas consistentes como para poder juzgar a sus dirigentes: nada de financiación irregular ni lucro personal.

Ni el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cuya investigación fue calificada de “prospectiva” por sus superiores de la sala de Lo Penal, ni el juez número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, han encontrado indicio alguno para sentar en el banquillo de los acusados no sólo a los fundadores, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, sus dos principales objetivos, sino también al propio partido en un intento de responsabilizar a la organización al más puro estilo Gürtel que acabó condenando al PP.

En este caso, por mucho empeño que se ha puesto, no ha sido posible. Y la formación morada ha decidido querellarse contra los magistrados a los que acusa de “lawfare”. Y es que las actuaciones judiciales llevadas a cabo están llenas de irregularidades. No sólo por parte de los jueces sino también de la policía. Hay informes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, cuyo trabajo empieza a estar cuestionado, que caen por su propio peso.

García Castellón abrió diligencias en torno a dos asuntos: el “Caso Dina” y la financiación irregular a través de supuestos pagos del gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo del juez era la cúpula de la formación morada y más concretamente su líder, Pablo Iglesias, quien pasó, en una de las causas, de perjudicado a investigado.

Para ello, el magistrado se basó en documentación de la llamada “policía patriótica”, la policía política del Partido Popular dependiente del ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, y en las declaraciones del exmilitar venezolano Hugo Carvajal “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Carvajal creyó que testificando sobre unas supuestas relaciones de Podemos con el gobierno bolivariano esquivaría la extradición. Un testimonio interesado a todas luces.

Otra de las declaraciones que el juez tuvo en cuenta fueron las del abogado de Podemos, despedido, José Manuel Calvente, quien manifestó la existencia de una supuesta Caja B en el partido con la que se financiaron las obras de la sede central. Calvente no aportó pruebas. Dijo que sustentaba su versión “en comentarios de despachos”.

García Castellón, según sus superiores, “invadió derechos fundamentales” de los nueve dirigentes imputados. A los abogados no les dejó examinar el sumario. Ni siquiera sabían de qué se acusaba a sus defendidos. Al final se enteraron de que los delitos imputados eran revelación de secretos y delitos informáticos en el “Caso Dina”  que se basaba en el  contenido de los mensajes de un móvil de la colaboradora en el cual figuraban conversaciones con Iglesias. A pesar de las insistencias del magistrado, la Sala le corrigió tantas irregularidades que, al final, decidió el archivo de las causas por no encontrar pruebas suficientes para seguir adelante. Ahora, Podemos ha presentado una querella contra el juez en la que le acusan de prevaricación.

El caso Neurona lo instruyó el juez número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, a raíz de la denuncia presentada por el  citado abogado, José Manuel Calvente. El sumario se dividió en varias piezas separadas. Las investigaciones se centraron en supuestas adjudicaciones de contratos y obras en administraciones públicas por valor de cientos de millones de euros y la financiación con dinero negro de las campañas del partido. Calvente, despedido por un presunto acoso sexual a una compañera, se apoyó en los conocimientos obtenidos por su condición de miembro del equipo jurídico, pero nunca aportó documentación ni pruebas. Se basaba en los comentarios de sus compañeros que nunca fueron a declarar ante el juzgado “por temor a represalias”. Al final acabó por reconocer que muchas de sus acusaciones estaban basadas en rumorologías.

A pesar de la existencia del testimonio de una exsenadora del partido en las que aseguraba que se había trasvasado dinero de una caja B a una asociación, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la denuncia por no existir pruebas. Tampoco había delito en la reforma de la sede central en Madrid, y los contratos con la empresa portuguesa ADB eran simples trabajos de consultoría y no de “una presunta red global de corrupción” como se quiso dar a entender. La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la policía, UDEF, tampoco contribuyó a esclarecer las operaciones investigadas asegurando, en sus informes, que las denuncias tenían consistencia, aunque nunca llegaron a demostrarla por lo que acabaron por ser rechazados por el juez. Juan Carlos Monedero, fundador del partido, fue acusado por la UDEF de cobrar de Neurona, una consultora mejicana a la que Podemos encargó algunos informes. Incluso en las diligencias se investigaron a las famosas cuidadoras de la exministra Irene Montero. Las asesoras que se dedicaban a cuidar a sus hijos en lugar de hacer el trabajo para el que habían sido contratadas.

La última pieza separada de todas en las que Escalonilla dividió el sumario, la de Neurona, ha sido la última en cerrarse. Se quería saber si en esos informes encargados a la consultora mexicana se abonó un sobreprecio. Ningún perito se quiso hacer cargo de la evaluación de esos contratos. Al final, un experto contable, Aleix Sanmartín, concluyó que esos servicios se habían pagado, incluso, por debajo de las tarifas de mercado. A Escalonilla no le quedó mas remedio que cerrar el sumario y archivar la causa.

Pero el mal ya se había hecho. La campaña de la derecha mediática por este asunto, propagada por la acusación particular de la ultraderecha de Vox, hizo mucho daño a la formación justo en el momento en el que entró a formar parte del gobierno. Además, la separación en piezas de las denuncias presentadas no hizo sino alimentar aún más a leyenda negra hacia los dirigentes de Podemos a los que se les acusó de corruptos, de cobrar sobresueldos, de trabajar con dinero negro, de ser una correa de transmisión del chavismo bolivariano en España, de contratar como asesoras a las cuidadoras de sus hijos… En fin, toda esa conocida campaña de desprestigio que tanto daño hizo al gobierno progresista.

De ahí que estas causas sean calificadas como persecución judicial por parte de Podemos. De un “lawfare” cuyas responsabilidades, esas sí, van a acabar en el ámbito judicial. Porque una cosa es la investigación de posibles delitos con arreglo a la ley, y otra bien diferente es tomar decisiones a sabiendas de que son ilegales. Eso llama prevaricación y está tipificada en el Código Penal.

* Gracias a José Antonio Gómez y a DIARIO 16

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