Por la recuperación de la Sanidad Pública - por Arturo Borges Álamo

Arturo Borges Álamo 20 de abril de 2022 (09:34 h.)

Por la recuperación de la Sanidad Pública - por Arturo Borges Álamo, médico y secretario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

20 de abril de 2022 Arturo Borges Álamo 0 Comments

Mientras el Gobierno de coalición PSOE-UP profundiza en su política neoliberal, la respuesta para la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública deja mucho que desear, en cuanto a unidad, y por tanto también en cuanto a eficacia para cambiar las cosas.

Desde hace más de tres décadas se ha favorecido, desde el Ministerio de Sanidad que marca la pauta y desde las Consejerías Autonómicas que aplican las competencias, todo un conjunto de políticas a favor de los sectores con intereses lucrativos en el terreno sanitario, como mutuas patronales, compañías de seguros privados, corporaciones médicas, patronal de las clínicas privadas además de la industria farmacéutica y la de tecnologías sanitarias.

Con la aparición de la pandemia, el nivel de desmantelamiento sanitario alcanzó su máxima expresión de impotencia a pesar de lo cual la necesaria mejora no se ha producido y continuamos arrastrando múltiples deficiencias de todo tipo que han venido motivando de sobra muchas movilizaciones profesionales y ciudadanas. Sin embargo, cabe resaltar la dispersión de las mismas e incluso las divisiones existentes, las contraprogramaciones….que expresan la falta de la necesaria unidad para “golpear juntas” entre las diversas plataformas, coordinadoras, federaciones, asociaciones…. y con ello conseguir la máxima eficacia para cambiar el actual estado de cosas.

En estos momentos, si la guerra de Ucrania y su manipulación por la OTAN no lo impide, dada la desviación de sustanciosos fondos económicos al presupuesto militar, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España puede” puede suponer la aplicación de unos 72.000 millones de euros en los próximos tres años, mediante los llamados PERTE o proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, con lo que se fomentará hasta el infinito la privatización de la salud mediante las “colaboraciones público-privadas”.

Además, se deben encender todas las alarmas ante el Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Sanidad “para la mejora de la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud” incorporando literalmente los preceptos de la Ley 15/97, en cuanto al papel de las empresas privadas, así como otros añadidos sobre los llamados consorcios sanitarios (colaboración pública-privada), a la Ley General de Sanidad de 1986 (ley básica de sanidad).

Sería particularmente lamentable que dándose una más que suficiente coincidencia en análisis y objetivos sobre los temas señalados, se siguiese dando la situación de división que señalábamos más arriba. Porque se coincide por los distintos colectivos y plataformas en rechazar las políticas de privatizaciones y recortes y en la necesidad de incrementar el nivel de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Sanitario Público.

Se coincide en la necesaria derogación de la Ley 15/97, para blindar la provisión y gestión pública de los centros sanitarios financiados públicamente, que ahora el Ministerio de Sanidad copia textualmente su contenido en el Anteproyecto de Ley para la mejora de la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

También se puede coincidir en la necesidad de acabar con la existencia del modelo de aseguramiento paralelo y mayoritariamente privatizado que suponen las Mutualidades de funcionarios, que rompe la equidad, y que puede realizarse progresivamente mediante la incorporación al SNS de todas las personas que ingresen en la función pública, quedando el resto en el modelo actual a extinguir.

Otro punto de acuerdo puede ser la disminución paulatina de los copagos actuales, hasta su total desaparición, para evitar que se perpetúe un mecanismo de financiación que penaliza a las personas más enfermas y/o con menos recursos económicos.

Y qué decir respecto a propiciar una industria farmacéutica pública, dado el carácter estratégico para disponer de capacidad de respuesta en caso de emergencia y en casos de desabastecimientos. Una empresa pública que haga investigación básica y aplicada y comercialice el producto, orientada a dar respuesta a los problemas y demandas de salud de la población.

También, por supuesto, se coincide en la necesidad de garantizar la universalidad de la atención sanitaria a aquellas personas que no tienen regularizada su situación en el Estado español, eliminando trabas administrativas de difícil cumplimiento.

Otro objetivo importante para la unidad en la acción puede pasar por incluir en la Cartera de Servicios del SNS la Interrupción Voluntaria del Embarazo (la mayoría se realiza en centros privados) y el derecho a la Eutanasia (no aplicado por algunas Comunidades Autónomas con gobiernos de derechas).

Todo lo cual nos debe llevar sin distinción de siglas, organizaciones o enfoques a la movilización unitaria para exigir la retirada del citado Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Sanidad y la apertura de un proceso de negociación con las organizaciones sociales, políticas y profesionales que representan a la movilización ciudadana, para adoptar medidas de mejora del Sistema de Salud que se basen en los problemas y necesidades señaladas de la población, reforzando efectivamente la Sanidad Pública.

¿Será posible lograr esa unidad de acción con la que derrotar las políticas sanitarias neoliberales que aquí apuntamos?

¿De verdad seremos capaces de unirnos por la recuperación de la Sanidad Pública?

En cuanto a la Sanidad y la Salud en Canarias, no podemos obviar que en el año 2010, mediante una amplia movilización unitaria en nuestras islas, se presentó una ILP en el Parlamento de Canarias, respaldada por casi 25.000 firmas, que recogía una serie de reivindicaciones que siguen estando pendientes de abordaje y aun a pesar de que el trámite parlamentario fue de admisión inicial, por unanimidad, luego se la dejó arrumbada con el triste récord de ser la propuesta legislativa más antigua en situación de trámite.

¿Seremos capaces en Canarias de unirnos para exigir que dicha ILP sea útil al pueblo canario?