REF económico, eterno incumplimiento - por Román Rodríguez, diputado y presidente de Nueva Canarias *

El Régimen Económico y Fiscal (REF) económico ha vuelto a ser asunto de interés informativo en las últimas semanas. Por el proceso abierto por el Gobierno de Canarias que trata de elaborar un documento de actualización consensuado con organizaciones empresariales, sindicatos y universidades. Y, asimismo, por el rechazo del PP estatal y canario a incluirlo en la agenda próxima de las relaciones Canarias-Estado.

Tras la aprobación a finales del pasado diciembre del REF fiscal, desde Nueva Canarias señalamos que, aunque supuso un avance, especialmente al permitir que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se pueda invertir en la contratación directa de trabajadores y también por las sustanciales mejoras respecto a la Zona Especial Canaria (ZEC); este no debe ser mitificado. En el mejor de los escenarios, colaboraría en la generación de 4.000 o 5.000 empleos anuales. Positivo impacto pero muy insuficiente en un territorio con más de 340.000 desempleados.

Respecto al REF económico, Nueva Canarias comparte los contenidos de la resolución apoyada por unanimidad en el Parlamento canario en julio de 2012, relativa a la renovación del REF para el periodo 2014-2020, de forma que su aprobación se produzca en la presente legislatura estatal. Algo que parece descartar el Ejecutivo del PP cuando, sin su participación, será imposible su aprobación.

En la misma se insistía en que las medidas incluidas “están destinadas a compensar de forma directa los hándicaps estructurales del Archipiélago en el desarrollo de actividades económicas, garantizando que la lejanía e insularidad de Canarias, que le convierten en región ultraperiférica de la Unión Europea, sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes”.

Son medidas económicas que impactan en la vida de los habitantes de Canarias. Estamos refiriéndonos a las políticas de ayuda al transporte de mercancías y personas (el descuento por residencia). De las destinadas a la desalación de agua o las dirigidas a la producción de energía. Así como de las que tratan de impulsar las telecomunicaciones, tan relevantes para un territorio alejado e insular.

Pero también nos referimos al Plan de Empleo -en una comunidad con un 31% de desempleados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la de diciembre de 2014-, del acceso al crédito o de la internacionalización de nuestras empresas. O a la inversión estatal destinada a la renovación de las ciudades turísticas obsoletas.

Infraestructuras

También a las inversiones en infraestructuras que, como señala el artículo 96 de la Ley 20/1991 del REF, no pueden ser inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. El mejor ejemplo lo tenemos en el insuficiente y ahora incumplido convenio de carreteras.

Cuando se están debatiendo las modificaciones del REF económico, desde Nueva Canarias hemos señalado que el gran problema es el incumplimiento del mismo por los diferentes gobiernos españoles, fueran del PSOE o del PP. Aspiramos a su actualización pero ya nos gustaría que simplemente se cumpliera el actual articulado.

En ese sentido, hemos solicitado que el Parlamento canario inste al Gobierno de Canarias para que reclame del Ejecutivo estatal el cumplimiento de los aspectos económicos del REF contenidos en las leyes 20/1991 y 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Unas leyes que se encuentran plenamente vigentes. Otra cosa, desafortunadamente bien distinta, es que se estén incumpliendo sistemáticamente.

Por otra parte, hemos insistido en que la actualización de los aspectos económicos del REF en ningún caso deben estar supeditados ni condicionados ni vinculados por la imprescindible modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, cuya aplicación ha resultado tan perjudicial para nuestra Comunidad.

Es preciso blindar nuestro Régimen Económico y Fiscal cuando el Tribunal Constitucional ha señalado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene mayor rango y no se puede subordinar a las leyes del REF. Hay que blindarlo de manera que el Gobierno central no pueda actuar de manera caprichosa a la hora de desarrollar y presupuestar esas políticas económicas esenciales para superar los hándicaps de la lejanía y de la insularidad. Un blindaje jurídico que pasa, con toda seguridad, por su imprescindible inclusión en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

* Publicado con autorización del autor