¿Senado, diputaciones, cabildos y otras instituciones para qué? - por Antonio Aguado, coherente veterano militante socialista *

El senado, donde existe, suele ser una cámara muy conservadora, tal y como se demuestra en nuestro país con la mayoría absoluta conseguida una vez más, por la reaccionaria derecha extrema del Partido Popular. Se da el caso extremo de su equivalente en el Reino Unido con la Cámara de los Lores, pero es una institución meramente simbólica y honorífica en gran medida hereditaria. 

Por todas las repercusiones políticas y mediáticas, donde se demuestra mucho su ultra conservadurismo es en Estados Unidos, y es que le posibilita influir en la formación del Tribunal Supremo, que suele ser igualmente ultra conservador y le sirve de parapeto a presidentes de esa ideología, como se ha venido demostrando con el más que indecente y golpista Donald Trump.

En nuestro caso, tiene la prerrogativa de una segunda lectura con relación a lo aprobado por el Congreso de los Diputados que, finalmente tiene la potestad de la aprobación definitiva de las leyes remitidas a la Cámara Alta. Sin embargo, en algunos casos tiene la posibilidad de obstaculizar como es en el tema de los PGE (Presupuestos Generales del Estado). 

También mediante la iniciativa del Gobierno, tiene la potestad de aprobar la suspensión de los estatutos de las comunidades autónomas, con arreglo al articulo 155 de la Constitución, tal y como ocurrió con el Procés cuando el Parlamento de Cataluña aprobó el 1 de octubre de 2017 el referéndum por su independencia. Esa resolución fue firmada el 10 de ese mismo mes. Por este motivo, fue suspendida la autonomía catalana entre el 27 de octubre del referido año y el 2 de junio de 2018. 

Hasta ese entonces, el Senado estaba bastante aletargado y pasaba prácticamente desapercibido. Desde que se produjeron las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 con su constitución y hasta ahora, se viene repitiendo como un mantra la misma promesa o cantinela: ”vamos a hacer del Senado una cámara territorial”. Pero el caso es que eso no ha ocurrido y para lo que sirve, es mejor que no ocurra. 

Su composición es de 265 miembros, 208 electos y 57 designados por los respectivos parlamentos autonómicos. Como en absoluto me identifico con la existencia de esta cámara, mi voto suele ser nulo, pero en el mismo al respecto, expreso mis principios y convicciones escribiendo en la papeleta de votación siempre el mismo texto: “cámara inútil, nido de enchufados que, nos cuesta mucho mantener y habría que disolver”. Sólo he votado al Senado en dos ocasiones, cuando se constituyo en las referidas primeras elecciones, debido al señuelo del mensaje sobre lo que pretendían hacer con el mismo y en las del pasado 23 de julio, pues nos estábamos jugando un modelo de país, en consecuencia, mi voto lo emití válidamente, para procurar cerrarle el paso al fascismo. 

Lo mismo ocurre con las diputaciones, que han sido muy cuestionadas por la mayoría de los partidos políticos, pero entre los que no estaba el PP, pues siempre las ha utilizado como uno de sus principales asideros en los que apoyarse, sobre todo para captar el apoyo conservador de las zonas rurales. Con la existencia de una por cada provincia, significa que entre todas tienen legión de cargos de confianza y de libre disposición como asesores etc.. Con el Estado de las autonomías y los ayuntamientos, se han quedado sin apenas competencias y estas podrían perfectamente ser asumidas por las dos referidas instituciones. 

En lo que respecta a nosotros con los cabildos insulares, es algo muy parecido a lo de las mencionadas diputaciones. Desde que se constituyeron han venido siendo el refugio de las oligarquías insulares que, para defender sus mezquinos intereses suelen dividirnos y enfrentarnos. En su momento al principio de la Transición desde posiciones ideológicas de izquierda, teníamos muy claro lo inútil y dañina que es esta institución y lo caro que nos cuesta mantenerla, con tantos cargos electos y otros muchos designados o más bien enchufados. Inexplicable que tenga competencias en servicios esenciales que deberían ser transferidos con todos sus recursos a los ayuntamientos como institución más cercana a la ciudadanía como son: los socio sanitarios, culturales, deportivos (para la practica libre y gratuita de los ciudadanos). Para una mayor efectividad y ahorro económico se tendría que mancomunar servicios municipales etc. Y otros servicios de diferente y/o mayor rango que pasen a ser asumidos por la Comunidad Autónoma. 

Tampoco se entiende la existencia del Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo con todos sus homólogos territoriales. España en relación con otros países de nuestro entorno como por ejemplo Alemania, tiene muchos más cargos públicos incluido el Gobierno del Estado con 23 miembros, comparado con el Ejecutivo Alemania que con una población mucha más extensa que la nuestra de 83,2 millones de habitantes, su gobierno está compuesto por 17 personas y empleados públicos tiene 2,3 millones el 10,63% del total de sus asalariados. Mientras que en España contamos con 3,2 millones, lo que significa el 15,7% del conjunto de los trabajadores. 

Dentro de los empleados públicos en nuestro entorno europeo, disponen del doble que nosotros (contamos con 1852) de inspectores de trabajo, eso les posibilita abarcar a 7.300 trabajadores y en nuestro caso les corresponde atender a 15.000 asalariados. Estos funcionarios aparte de la labor tan importante que realizan, por las sanciones que aplican de más de 232 millones de euros el pasado año, puede considerarse que se auto financian y en ese sentido, debería incrementarse su plantilla para llegar a la media europea. 

* Gracias a Antonio Aguado Suárez