Título: Espectros jurásicos

           Subtítulo 1: Normas, ideología y acción                 Subtítulo 2: La propaganda represiva en             vísperas de la marcha del “Nunca Más”

Emilio Cafassi

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La amplitud del arco material y simbólico sobre el que el actual gobierno argentino despliega su ofensiva, carece de antecedentes en los cuarenta años de vigencia del orden constitucional, al punto de amenazar tal continuidad. En poco menos de la mitad de este período han ejercido el poder gobiernos indisimuladamente derechistas. La década de Carlos Menem, su sucesión con el inconcluso gobierno de Fernando De la Rúa, los breves interinatos posteriores que desembocaron en el acuerdo parlamentario de ejercicio del también provisorio Eduardo Duhalde y, por último, el de Mauricio Macri. Todos ellos, aún hostiles al ejercicio de la memoria histórica y, bueno es recordarlo, con sangre en sus manos, se vieron obligados a reconocer y hasta exaltar discursivamente las normas de respeto a las libertades cívicas y derechos de opinión, asociación y reunión. En estas vísperas de un nuevo aniversario del golpe que instaura el Terrorismo de Estado, el 24 de este mes (24M), con la habitual movilización por el “Nunca Más” y de exigencia de verdad y justicia, el escenario se presenta temible ya que la previsible provocación se acompaña de repercusiones prácticas. Las declaraciones de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, defensora de genocidas, no solo pretenden deslegitimar el movimiento de derechos humanos sino promover la liberación de los detenidos por su participación en crímenes de lesa humanidad. La consecución proviene de la sensible porosidad de jueces que conceden prisiones domiciliarias aduciendo razones paradojalmente humanitarias a los criminales. Otro tanto sucede con la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich, quien no solo ha pergeñado restricciones formales de las libertades, ejerciendo además una permanente propaganda provocativa, sino que además dirige y alienta la ejecución de formas represivas salvajemente cruentas, descontroladas, injustificables e inconstitucionales, además de promover el protagonismo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. El influjo se despliega tanto en el plano normativo, propagandístico y fáctico. En consecuencia, lo que los grupos autodenominados libertarios llaman “batalla cultural”, no se desarrolla solo en la cultura sino en todos los campos de batalla, incluyendo finalmente el literalmente físico. Vuelvo a preguntarme en voz alta por la relevancia de la teoría de Von Clausewitz en esta etapa.

Esta ministra refleja en su actitudes y alineamientos, varias regresiones en las correlaciones de fuerzas, inclusive al interior de la alianza política dominante que explica parte de la ferocidad de la ofensiva gubernamental y sus simpatías con el Terrorismo de Estado. Habiendo sido también ministra de seguridad del gobierno de Macri, posteriormente presidenta del partido, promovida en la interna partidaria por el ex presidente para la candidatura presidencial y habiendo competido con el presidente Milei -con infaltable intercambio de insultos- expresa hoy el polo más duro de la disputa hegemónica del bloque dominante, en tensión con su propio promotor. El detalle no es menor, porque el acuerdo electoral de ballotaje entre Milei y Macri pretendía aportar una dosis de moderación a los desbordes del primero, sin disimular algunos deseos participativos u orientativos del segundo, logrando precisamente lo contrario: radicalizó a su delfín contra sí. Si ya la propia alianza permitía avizorar un futuro catastrófico, los cambios en su interior lo hacen inconmensurable. Nunca los espectros de la dictadura recorrieron tantos campos.

En el nivel normativo excedería el espacio tratar la totalidad de la resolución 943/23 de su ministerio, llamada “protocolo de mantenimiento del orden público” que, por caso, en lo afirmativo, permite en su art. 2 que las fuerzas de seguridad pueden intervenir en la protestas en la vía pública, “sin que medie orden judicial” o que en su art. 6, deberán ser identificados los “autores, cómplices o instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan…”. Complementaria e inadvertidamente más grave aún, es la derogación de la resolución 210/11 del mismo ministerio en su art. 13, que precisamente formalizaba, entre otras cosas, el derecho a la protesta. Esta disposición de “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas” surge precisamente en el contexto del crimen durante una manifestación del militante Mariano Ferreyra y tres recordados homicidios en la represión de la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Es resultante inmediato de la creación del Ministerio de Seguridad asumido por la primera ministra Nilda Garré, al separarse del de justicia, centrándose en la actuación policial en protestas, con el propósito de uniformar los criterios de intervención de las diversas fuerzas represivas más allá de la desigualdad de cumplimiento en las distintas provincias. La intención fue lograr un control político de las fuerzas de seguridad y sobre todo del uso de la fuerza, mediante pautas de conducta que definan qué se debe y qué no se debe ni puede hacer en los operativos de seguridad en manifestaciones públicas. De hecho, desde el 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner los integrantes de cuerpos antidisturbios estaban desarmados, por simple orden del ejecutivo. Pero la resolución aludida prohibía que en casos de protestas sociales las fuerzas de seguridad utilizaran armas de fuego, balas de goma y lanzagases, autorizando solo los cascos, escudos, bastones y gas pimienta, siempre supervisados por un civil. Ahora derogada, representó una experiencia fundamental del Estado para la protección del ejercicio del derecho a la protesta social, estableciendo responsabilidades y obligaciones de los efectivos policiales y el modo en el que deben ser cumplidos para el efectivo ejercicio de este derecho. En el caso de la resolución del 2011 la vigencia del derecho constitucional a la protesta queda garantizado mediante limitaciones y control del accionar policial, mientras que con su actual derogación por una simple resolución de alcance incomparable con la constitución, se limita absurda e inaceptablemente tal derecho.

Si nos detenemos en aspectos propagandísticos o ideológicos, los ejemplos superan toda capacidad de asombro. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue instruida de la necesidad de garantizar “respeto”, “seriedad” y sobre todo “orden”, razón por la que se le prohibió a sus integrantes la exhibición de tatuajes y las tinturas de cabello de colores llamativos. Solo las mujeres podrán usar aros y esmaltes de uñas, pero únicamente de colores suaves. No así una corbata. Los hombres no podrán usar barba, aunque se les autoriza prolijos y ceñidos bigotes. Quedó suprimido el uniforme binario (disposición 183/24). No tardará en extenderse a la totalidad de las fuerzas represivas. Su candidato a vicepresidente y actual ministro de defensa ya había aplicado proporcionales exigencias jurásicas para la “seriedad” a las Fuerzas Armadas. El involucramiento no es solo discursivo. La ministra interviene en un video[1] de entramiento de perros adiestrados para la represión, simulando un ser una manifestante, aunque protegida por un traje contra mordeduras utilizado por los entrenadores. Muchos trabajadores deben someterse al uso de uniformes en sus actividades y en varios casos por razones de seguridad e higiene, pero la intervención sobre el propio cuerpo y apariencia es un acto de la más repugnante raigambre intolerante y dictatorial. En más de una ocasión, la ministra me recuerda a la versión femenina del genial personaje creado por Roberto Fontanarrosa, “Boogie el aceitoso”, profesional de la violencia y mercenario al servicio del mejor postor.

La consecuencia práctica se vio esta semana en las dos represiones ejercidas contra los movimientos piqueteros en los puentes de ingreso a la capital. También en protestas por despidos y recortes en la institución del cine nacional. Ya no importó garantizar la circulación vehicular como excusa porque la magnitud de los movilizados fue enorme, sino simplemente impedir la expresión y circulación de los participantes mediante gases, chorros de carros hidrantes, palos, golpes de escudos y detenciones, cerrando de este modo la secuencia de tres pasos que intento fundamentar aquí: normativo, ideológico y fáctico.

Todo hace prever que la movilización del domingo 24M será aún más masiva que lo habitual al sumarse algunos gremios de la CGT, históricamente indiferentes a las luchas cívicas, previsiblemente encabezados por burocracias acomodadas y parasitarias. Personalmente esperaba que, aunque más no fuera por el borgeano efecto de la unión por el espanto, se pudieran superar las viejas divisiones al interior de la organización y resultara un acto unitario. No será el caso. Por un lado, unos más ligados a los partidos de izquierda garantizaron asistencia junto a la demanda de que fueran leídos 2 documentos, ya que querían exigir a la CGT un paro inmediato, mientras los otros, más próximos a los organismos históricos como Madres, Abuelas y el kirchnerismo, intentaban consensuar un texto común a todos, algo aparentemente inaceptable para los primeros en su intransigencia antiburocrática. Los primeros, al momento de entregar este artículo a edición, debaten aún si convergen en la misma marcha o realizan otra en distinto horario, diferenciándose. Me trajo a la memoria cuando Voltaire en un contexto de dogmatismos teológicos califica el derecho a la intolerancia como absurdo y bárbaro.

“Peor que el de los tigres que se desgarran para comer, mientras nosotros nos hemos exterminado por unos párrafos”.

* Gracias a Emilio Cafassi

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