¿Tortura a las cifras o tortura a las personas? Reflexiones sobre la ley de dependencia - por Javier Bermúdez, psicopedagogo y militante de Izquierda Unida en Tenerife

Vienen elecciones, y se nota que vienen. No hay más que ver la cantidad de campañas institucionales a todos los niveles –municipal, autonómico y estatal– que, con dinero público, venden los “logros” conseguidos y, como dice Alberto Garzón, torturan las cifras para que digan lo que los partidos de turno quieren que digan. Algunas de estas campañas son meros ejercicios de propaganda, pero otras, cuando se analiza la verdadera realidad que hay detrás de los datos, duelen y demuestran el enorme cinismo y catadura moral de los que nos han gobernado estos último cuatro años.

Me refiero en concreto a la publicidad del Gobierno del PP, a través del IMSERSO, sobre los “éxitos” en su gestión del sistema de dependencia, al que, dicen, han hecho viable y sostenible. Según ellos, las listas de espera han sido reducidas, ha aumentado la atención de nuevas personas dependientes y se ha producido una disminución de la deuda. Vamos a analizar si lo que dicen es verdad, y el verdadero significado de “viable” y “sostenible” para el Partido Popular.

En septiembre de 2014, el Sistema de Atención a la Dependencia atendía a 727.505 personas, lo que supone un descenso en el número de personas atendidas de 24.529 en 2014, siendo 9.274 menos en el global de la legislatura de Rajoy. Entonces, si hay menos personas atendidas, ¿cómo es posible que haya una bajada en la lista de espera? En realidad esa lista de espera, que a día de hoy la constituyen 167.869 personas, ha disminuido en 22.000, esto es cierto, pero no porque estas personas estén recibiendo alguna atención o recurso, sino porque han fallecido o han sido excluidas temporalmente del sistema por dependencia moderada o de grado 1. ¿Se imaginan que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas empezaran a descender por fallecimientos de los no operados y que esa bajada se publicitara como un logro? Pues es así, este gobierno vende como un éxito el fallecimiento de miles de personas, y la exclusión de otras tantas que tenían en esta ley un pilar para lograr la promoción de su autonomía, aunque evidentemente no lo digan así.

Además de este hecho surrealista, está la cuestión de la “viabilidad” y la “sostenibilidad” económica. Pues bien, la cacareada reducción de la deuda también es cierta, pero lo ha sido a costa del sufrimiento de muchas personas. No solo se ha recortado cada año de legislatura, congelando el presupuesto en 2015 a pesar de que para este año está prevista la incorporación de 500.000 de personas al sistema, sino que se han reducido las aportaciones económicas a los cuidados en el entorno familiar y se han eliminado las cotizaciones que el Estado hacía por estas cuidadoras. No olvidemos que esta ley era de justicia para las personas con discapacidad, pero también para muchas mujeres que han dedicado su vida al cuidado de personas con dependencia y que llegan a la vejez sin haber cotizado y sin derecho a una pensión contributiva. Ahora, el 91% de las mujeres cuidadoras que cotizaban en este sistema ha dejado de hacerlo y, además, se han aplicado copagos –decretados en 2012– que van a hacer que un parte importante del coste de la atención recaiga en las personas receptoras de un recurso que, en teoría, es un derecho subjetivo, y, por tanto, de obligado cumplimiento. Es decir, donde el gobierno dice “sostenibilidad” y “viabilidad” lo que hay son recortes, precariedad y sufrimiento.

Esta realidad impacta tanto que uno puede pensar que son exageraciones y que no puede haber gobernantes que quieran tanto mal para sus gobernados. Pero, para apartar rápido esta idea de la cabeza, no hay más que ver lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, donde gobierna el PP. Allí, el copago en dependencia fue recurrido a la justicia por asociaciones de discapacidad y se consiguió eliminarlo. Ante esto, la Consejería de “Bienestar Social” hizo la siguiente trampa a sus ciudadanos: ya que no te puedo cobrar un copago me invento una tasa, para que tengas que pagar igual pero con un recargo del 20% y un embargo de tu cuenta si te retrasas. No, no es ninguna exageración decir que estos gobernantes tienen una baja catadura moral y viven en sus burbujas lejos de los problemas de la gente, y que no hay que esperar ningún tipo de empatía por su parte.

Como dije al principio, los datos se pueden torturar para que digan lo que uno quiera que digan. En este caso, esa tortura recae no solo sobre cifras, sino sobre personas. Esto es lo que ha hecho el Gobierno central y también el Gobierno autónomo –en Canarias son 4.000 las personas que murieron en lista de espera, y 3.800 sin ni siquiera ser valoradas–.

La ciudadanía no se merece esto; las personas con discapacidad, las familias, los profesionales, no nos merecemos esto. La esperanza es que después de las elecciones acabemos con esta situación. Que finalice la tortura.