PANAMÁ: El patio trasero de EEUU - por Joaquín Rábago
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Creo que nuestros medios no prestan toda la atención que deberían a la que el poeta, ensayista y gran patriota cubano José Martí llamó “Nuestra América”.
Se olvidan, por ejemplo, de Cuba, sometida desde 1962 a un atroz embargo por EEUU, pero se acuerdan de Venezuela cada vez que hay allí elecciones, para denunciar al Gobierno de Maduro y proclamar ganador a un líder opositor del que luego ya nadie se acuerda.
Se denuncia también la “dictadura familiar” de los Ortega en Nicaragua, pero apenas se habla de lo que sucede, por ejemplo, en Panamá, a lo que voy a referirme en este artículo.
¿Cuántos españoles se han enterado, por ejemplo, de la persecución que lleva a cabo el gobierno panameño contra los sindicatos del país, en especial el de la construcción y similares, conocido por las siglas de Suntracs?.
Y cuyo secretario general, Saúl Méndez, viajó a Bolivia tras pedir asilo político en la embajada de ese país en Panamá y desde allí hizo un llamamiento a sus compatriotas contra “la dictadura y la persecución política” del Gobierno de José Raúl Mulino.
Varios miembros de Suntracs, como Jaime Caballero o Genaro López están en la cárcel mientras que Erasmo Cerrud ha pedido también a su vez asilo político en la embajada nicaragüense.
El Gobierno pro estadounidense de Mulino trata de aplastar a los sindicatos del país con ayuda de la fiscalía, la policía y una justicia que deja también allí mucho que desear.
Suntracs tiene allí fama de ser uno de los órganos más combativos del movimiento sindical panameño, y el ministerio del Trabajo ha iniciado un proceso legal para su disolución.
En los últimos años, Suntracs consiguió firmar varios convenios colectivos y participó además en las masivas manifestaciones contra la ley para la privatización parcial del sistema de seguridad social.
Es además una de las organizaciones panameñas más críticas con la que califica de “venta de la soberanía nacional” a Estados Unidos, de la que es un ejemplo el memorándum de entendimiento firmado con Washington y que ha permitido a EEUU renovar su presencia militar en el canal.
La ministra panameña de Trabajo, Jackeline Muñoz, solicitó a la justicia la disolución formal del sindicato tras acusarlo de haberse apartado de sus objetivos iniciales para dedicarse al chantaje político.
Lejos de presentar pruebas concretas, la ministra adujo un informe según el cual la dirección del sindicato tenía carácter mafioso y recurría a la violencia.
El sindicato rechazó, por totalmente falso, lo allí afirmado y declaró su intención de luchar por todos los medios, jurídicos, políticos y en la calle contra tan grave como falsa imputación.
Pero la represión del Estado panameño no se dirige sólo contra Suntracs, sino también contra la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).
Ésta presentó una carta abierta al fiscal general, Luis Gómez Rudy, en la que acusa al Estado panameño de criminalizar las protestas, reprimir a las comunidades indígenas y perseguir de forma selectiva a sindicalistas y activistas.
También la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, ha denunciado reiteradamente al país centroamericano por su violación sistemática de los derechos sindicales. Esas cosas y otras aún peores pasan en Panamá y muchos países de “nuestra América”.