PRENSA CANARIA DEL 27-1-18

 

Hoy, la publicación de la sentencia sobre el caso Stratus, la información del Consejo General del Poder Judicial que sitúa a Canarias en el primer lugar del Estado en cuánto a corrupción en el tercer trimestre del pasado año, producen vergüenza, tanto por los hechos como por la lentitud de la Justicia y sus extrañas sentencias.

¿CORRUPCIÓN?

 

La Provincia: “La justicia inhabilita a la alcaldesa de Yaiza por la licencia a una bodega”. 

Canarias 7: “El dueño de Stratus, absuelto”.

El Día: “Canarias, comunidad con más acusados por corrupción en 2017”. “El TSJC inhabilita a la alcaldesa de Yaiza por el caso Stratus”.

Diario de Avisos: “Canarias, la región con más acusados por corrupción el pasado trimestre”.

 

Ayer se dio a conocer la sentencia  del  TSJC sobre el caso Stratus, contra la que cabe recurso de casación. Se condena a la actual alcaldesa  y parlamentaria de NC, Gladys Acuña,  por otorgamiento de licencia de apertura a la bodega Stratus en La Geria, municipio de Yaiza, en Lanzarote a 14 de inhabilitación para ejercer cargo municipal por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por omisión. También a una multa de 10.800 € .

Siendo alcaldesa por el PIL, en 2008, otorgó licencia de apertura. Ahora lo es por  Unidos por Yaiza, partido que fundó tras su salida del PIL.

Son condenados también todos los miembros de la Junta de Gobierno municipal que acordaron  en diciembre de 2008 la licencia de apertura, por un delito contra la ordenación del territorio, a 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público municipal.

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que otorgó licencia de construcción fue absuelto de delito contra la ordenación territorial, pero condenado por prevaricación a 7 años de inhabilitación

El Secretario municipal, Vicente Jesús Bartolomé Fuentes, inhabilitado anteriormente, suma ahora 14 años de inhabilitación por cooperación en prevaricación y por delito contra la ordenación del territorio.

El propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, beneficiario de las licencias de construcción y apertura de negocio, quedó absuelto.

El presidente del Tribunal, Antonio Doreste, en su voto particular manifiesta que habría absuelto a todos los condenados.

Nuestro comentario: Los casos de corrupción, uno tras otro, se alargan años y años desde que comienza su tramitación. Las penas impuestas son sorprendentes por lo ligeras. La particularidad de este caso está en que el beneficiario de resoluciones ilegales quede absuelto. Es algo así como si la “generosidad” de los condenados no tuviese contrapartida alguna y actuasen a espaldas del empresario que, supuestamente no debía saber que allí no se podía construir. Para mayor estupefacción, puede ocurrir que si se les aplicase la Ley del Suelo, vigente desde octubre pasado, la pena sería menor o quedarían absueltos, alegando el interés económico del proyecto.

 

Los datos de un informe del Consejo General del Poder Judicial ponen de relieve que en el tercer trimestre de 2017 Canarias fue la comunidad con más acusados de corrupción, 24 de 99. Por casos, 5 de 20.

Los delitos son: prevaricación administrativa, malversación y prevaricación urbanística.

 

¡GAS!

 

La Provincia: “El secretario del PSOE capitalino cuestiona la autorización al aire propanado”. Los socialista en el Cabildo se suman al rechazo de Morales al proyecto de Redexis”.

Canarias 7: “Catorce recursos se suman a la batalla judicial contra el gas”.

Frente a la posición del alcalde, Augusto Hidalgo, que no ve inconveniente en instalar  el gas en la ciudad, el nuevo secretario de la agrupación socialista de Las Palmas expresó su decisión de consultar a sus militantes.

Por otra parte, Antonio Morales, presidente del Cabildo y opositor al proyecto, recibe el apoyo del grupo socialista del Cabildo contra la instalación del gas.

Mientras, el resto de empresas interesadas, Gasificadora, DISA y Gas Natural han presentado recursos en la Sala de lo Contencioso del TSJC: 3 en S/C de Tfe contra el concurso; 14 en Las Palmas contra el decreto de convocatoria aprobado por el gobierno en 2015, y contra las normas municipales que lo desarrollan en Telde, San Bartolomé y La Palmas.

Nuestro comentario: Es un alivio que veremos cuánto dura, la actitud del nuevo secretario del PSC en Las Palmas, José Miguel Pérez. También la firme oposición de Antonio Morales. Pero La decisión final depende de que fuerza social  tenga la oposición a los proyectos gasísticos.

 

SANIDAD

 

La Provincia: “Sanidad adjudica 272 plazas de Atención Primaria y cierra la OPE”.

 

Los candidatos seleccionados tienen un plazo de 20 días para presentar documentación y se prevé que puedan ocupar  las plazas que se les asignen a finales de febrero. Con este procedimiento concluye la oposición convocada en  ¡2007!

Según declaraciones del secretario general del Sindicato Médico, Levy Cabrera, ya se puede empezar a trabajar en la nueva convocatoria. Lamenta que la Consejería dilate tanto los procesos y no convoque plazas en tiempo y forma.

Por otra parte, la incorporación de los médicos no supone un aumento de plantillas, sino la recolocación de efectivos, y la posible sustitución de algunos por incorporación de personas  procedentes de otras comunidades.

La situación de saturación de las Urgencias ha dado lugar a reuniones de médicos de los dos hospitales de Gran Canaria para estudiar posibles movilizaciones. Uno de sus objetivos es aumentar los puestos de trabajo estables y el descenso de la temporalidad. Quieren la estabilidad de los que lleven trabajando más de tres años y que se cierre el compromiso de la carrera profesional.

 

CONCERTACIÓN SOCIAL

 

El Día: “Los sindicatos proponen invertir la PCI en renta social garantizada”.

Uno de los compromisos del sexto Acuerdo de Concertación Social es tratar en mesa de trabajo que se constituye en el plazo de un mes es la modificación de la PCI.

Los sindicatos firmantes, UGT y CCOO quieren que se le dé a la prestación carácter indefinido para atender a personas sin trabajo ni recursos, que se incremente su cuantía y la posibilidad de complementar rentas con trabajo a tiempo parcial.