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jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

Santiago Pérez (XTF): “La Laguna ha caducado su PGO para garantizar la seguridad jurídica, algo que debió haber hecho el ayuntamiento de Santa Cruz”

Dice Santiag en SAN BORONDÓN que "Al dar por caducado el PGO de La Laguna, el ayuntamiento gobernado por CC y PSOE ha evidenciado que el grupo de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, conformado por los mismos partidos, no estaba en lo cierto al asegurar que el consistorio no estaba capacitado para declarar la caducidad del PGO tal y como establecía el dictamen jurídico elaborado por el catedrático Tomás Ramón Fernández, máxima autoridad en derecho administrativo en España, al mismo tiempo que pone de manifiesto que en la capital tinerfeña se ha puesto en primer orden intereses económicos de particulares a costa de la seguridad jurídica."

Santiago Pérez (XTF): “La Laguna ha caducado su PGO para garantizar la seguridad jurídica, algo que debió haber hecho el ayuntamiento de Santa Cruz”

SB-Noticias.- Al dar por caducado el PGO de La Laguna, el ayuntamiento gobernado por CC y PSOE ha evidenciado que el grupo de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, conformado por los mismos partidos, no estaba en lo cierto al asegurar que el consistorio no estaba capacitado para declarar la caducidad del PGO tal y como establecía el dictamen jurídico elaborado por el catedrático Tomás Ramón Fernández, máxima autoridad en derecho administrativo en España, al mismo tiempo que pone de manifiesto que en la capital tinerfeña se ha puesto en primer orden intereses económicos de particulares a costa de la seguridad jurídica.

Santiago Pérez explicó en La Trapera de Radio San Borondón que ya en la comisión de Urbanismo se valoró positivamente caducar el PGO para seguir trabajando en él los próximos dos años, lo que fue ratificado en el pleno de esta semana entendiendo que se trata de una cuestión muy clara desde el punto de vista jurídico, porque las entidades locales, que son las que promueven la elaboración del planeamiento, inician su procedimiento, que tiene establecido por Ley un tiempo y unas prórrogas para concluirlo, pero una vez transcurrido ese tiempo, el Plan que se está elaborando y ese expediente ha caducado.

Por tanto, el ayuntamiento de La Laguna ha declarado la caducidad del procedimiento de elaboración de su PGO, iniciado hace menos de tres años, para reiniciar su elaboración de nuevo, además de que en virtud del principio de economía administrativa se incorporan al nuevo procedimiento todos aquellos trámites del anterior que sean aprovechables, creando por tanto un clima de seguridad jurídica.

Afirma que toda la ciudadanía de La Laguna y todos los que representan a esos ciudadanos tienen que estar interesados de que en este asunto se respete la máxima seguridad jurídica, dicho lo explica que su experiencia política le dice que cada vez que la legislación se enmaraña o que la seguridad jurídica se deteriora se producen abusos de poder y se beneficia a unos cuantos a costa del interés general.

El concejal de XTF explica que votó a favor de esta moción de caducar el PGO porque entiende que la seguridad jurídica hay que preservarla por encima de todo y que la discusión del documento se haga por las propuestas de ordenación que se pongan a partir de ahora sobre la mesa, algo que debió haber hecho igualmente el ayuntamiento de Santa Cruz en lugar de aprobar un Plan que arroja una grave inseguridad jurídica.

Pérez dijo que si tuviera que desempeñar el cargo de urbanismo dentro de un ayuntamiento y los técnicos de la corporación informan que el PGO no ha caducado, pero hay informes externos de gran valía y mucha consistencia jurídica que sostienen lo contrario, como responsable del ayuntamiento debe atenerse a los informes de los técnicos porque estos funcionarios están sujetos a velar por la legalidad, siendo un hecho muy grave informar a favor de saltarse la legislación a sabiendas, pero lo informes externos, por mucha solvencia y peso que tengan, no dejan de estar hechos por una persona sin otra responsabilidad que la de explicar su conocimiento y su criterio técnico, lo que ocurre es que Santa Cruz tiene un pasado en el que se rechazaban los informes municipales y se aceptaban los externos hechos a la carta para llevar a cabo las políticas que a Zerolo más le convenían, por lo que entiende que lo normal es que haya solo una línea de funcionamiento y esta tiene que estar marcada por los informes preceptivos, emitidos por los funcionarios, que tienen el deber especial de sometimiento a la legalidad.

Opina en este sentido, que en este caso el gobernante tiene que facilitar que los funcionarios informen con independencia y sin presiones, que es exactamente lo contrario de lo que ocurría en el ayuntamiento de Santa Cruz en los tiempos del zerolismo, que parece que no han terminado del todo.

Tras aclarar que guarda una relación de afecto con José Ángel Martín, concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Santiago Pérez dijo que el concejal socialista tendría que dar una explicación del por qué opina en público que el PGO de Santa Cruz está caducado y sin embargo vota a favor de su aprobación.

Dentro de las formas de dirigir los ayuntamientos que se ha establecido en la isla de Tenerife, que afecta a diversas instituciones gobernados por formaciones de todo “pelaje” político, se ha establecido el mecanismo de presionar a los técnicos, conseguir el informe que el gobernante quiere, aunque sea forzando mucho la legalidad, para colocar a posteriori al técnico como escudo, un signo distintivo del zerolismo y de muchos ayuntamientos a lo largo y ancho de la isla, con lo que degradan el trabajo de los funcionarios, su independencia y la garantía de los intereses generales

Santiago Pérez afirma que si en un clima como el habido durante tantos años en el ayuntamiento de Santa Cruz, Tomás Ramón Fernández elabora un dictamen muy consistente manifestando que el PGO está caducado, lo que puede hacer el gobernante es como mínimo tener la duda y ante ello, lo más razonable es tomar la decisión de aplazar la aprobación del PGO hasta que esté aclarada del todo, lo que ocurre es que ante las presiones externas y manifiestas para que el documento saliera ya, el grupo de Gobierno decidió tirar hacia adelante, generando una inseguridad jurídica muy grave, que puede acarrear consecuencias muy negativos por el ayuntamiento y la ciudad.

El dirigente de izquierdas pone de relieve que el informe de Tomás Ramón Fernández no fue encargado por grandes empresarios ni por políticos de peso institucional para que se legisle a la carta, sino que fue encargado por un movimiento social, sufragado gracias al esfuerzo de miles de ciudadanos, para defender la legalidad y para proteger los intereses generales, teniendo en cuenta de que además el autor del dictamen es una figura eminente en España que a su edad no va a estar “haciendo el canelo”, teniendo en cuenta además que el propio concejal de Urbanismo dijo públicamente que no tenía dudas de que el documento está caducado, razones suficientes como para haber decidido aplazar la aprobación para preservar la seguridad jurídica.

http://www.sanborondon.info/content/view/46116/1/